El asedio a la democracia

Carlos La Serna |

La sociedad argentina resiente en este tiempo los negativos influjos del acelerado crecimiento de una tendencia política de rasgos (des)democratizantes. Ello no se reduce sin embargo a nuestro país, a tal punto que Latinoamérica no puede ser entendida sin considerar la dura disputa entre perspectivas y prácticas que tienen a la democracia como el núcleo significativo de un parte aguas entre imaginarios políticos incluyentes y excluyentes.

El conflicto que genera tal confrontación hegemoniza la vida política argentina. Los años de democracia recuperada muestran en efecto un sistema de coaliciones y partidos que, mediando prácticas a las que luego aludiremos, se han alternado en el gobierno. De este modo, versiones de un histórico ideario democrático incluyente son expresadas por el radicalismo alfonsinista y el kirchnerismo, en un entorno dado por el ejercicio político alternativo propio de los nuevos movimientos sociales. Por otro lado, la democracia excluyente o seudo-democracia ha tenido en Menem, en De la Rúa y en Juntos por el Cambio (JxC) a regímenes que han encarnado programas de corte neoliberal-conservador, el último de los cuales es parte de un ambiente de derechas radicalizadas. Diversos partidos de izquierda constituyen así mismo opciones a esta confrontación dominante, fortaleciendo esa condición básica de la democracia que representa el pluralismo.

Si quisiéramos sólo dibujar el perfil político de las fuerzas mayoritarias en disputa, lo que podríamos denominar sus imaginarios, puede apelarse a oposiciones como las que siguen: estado vs mercado, soberanía vs sujeción, democracia vs seudo-democracia, redistribución vs concentración de la riqueza, reconocimiento vs negación de las diversidades, rechazo de la dictadura cívico militar vs negación de su signo político, etc., par este último que pone de relieve la perdurabilidad de posturas autoritarias en la sociedad argentina.

En relación con ello, digamos que el pacto que se presume sustenta estos 40 años de democracia, habría consistido centralmente en acuerdos en torno al rechazo a la violencia de todo tipo y origen y en la revalorización de la democracia como instancia de organización política plural, de tratamiento del conflicto, de relacionamiento político. No obstante, dicho pacto comienza a ponerse en tela de juicio bajo el mismo primer gobierno democrático, algo que se agudiza con el conflictivo transcurrir de éstos cuarenta años de democracia.

En los hechos, la desestabilizante oposición al reformismo democrático de la primavera alfonsinista[1] -que entre los hechos más significativos derivara en asonadas militares, en el boicot a la asistencia de los organismos internacionales, en una orquestada hiperinflación-, expresa la temprana decisión de los poderes fácticos dirigida a la interposición de límites a la expansión de la renaciente democracia. Siguiendo con los hechos, recordemos que tras la crisis del primer gobierno democrático, la ortodoxia neoliberal se desplegaría a sus anchas, en una ofensiva práctica y discursiva que apuntaría a los pilares de la democracia incluyente.

Esto es, el accionar neoliberal de los 90 desacredita el conjunto de políticas que materializan derechos fundamentales tales el pleno al empleo, el acceso con tendencia universalista a los servicios de educación, salud y retiro, la gratuidad de la enseñanza universitaria y otras protecciones que con base en una política económica con base en recursos endógenos forman parte de una estrategia de desarrollo inclusivo con centro en el Estado. Tal desacreditación que hace hincapié en la ineficiencia del Estado y en la superioridad del mercado como asignador de recursos, es seguida como sabemos por el popularmente denominado desguace del Estado, mediante un programa de privatizaciones, eliminación de instrumentos regulativos y apertura indiscriminada del mercado. La mercantilización así generada conduce a una acelerada concentración de la economía y de los ingresos, al tiempo que el desempleo, la precarización laboral y una extendida pobreza, terminan por reconfigurar negativamente las posiciones socio-económicas de trabajadores y estratos medios.

La posterior conformación del neoliberalismo como partido político, resulta así mismo consustancial con el recrudecimiento de una forma “amigo-enemigo” de relacionamiento político, que supone el desconocimiento del adversario como parte legítima de la comunidad política. Para tal  posicionamiento, el conflicto propio de la disputa política no admite sino una resolución antagónica que niega la posición del otro y de este modo su procesamiento adversarial.

La fabricación del lawfare

Tal modalidad de ejercicio de la política se agudiza en los más recientes años de la democracia recuperada, mediante un proceso que articula a partidos políticos, sectores claves de la justicia, medios de comunicación hegemónicos y ciertos sectores concentrados de la economía, operación ésta que da forma al denominado lawfare, fenómeno que puede ser entendido como un dispositivo de poder (Foucault) orientado a la manipulación de la ley y del aparato judicial en función a la coerción y persecución del considerado “enemigo” político. La apelación intensiva a tal dispositivo es correlativa a la imposición de un programa cuyos objetivos abonan la histórica pretensión de poderes globales y locales dirigida a lograr la sujeción política, económica y cultural de la sociedad argentina a sus intereses y designios.

El lawfare se configura al interior del Estado en el período 2015/2019, mediante “arreglos” organizacionales que instrumentalizan el sistema judicial mediante el control de sus principales resortes. Sin ser exhaustivos todo comienza a un mes de asumir el gobierno de JxC, con la designación por decreto -luego regularizada-, de los vocales de la corte suprema Rozenkratz y Rossati, cuyos antecedentes no mienten respecto a su marcada cercanía con los poderes fácticos. A ello se agrega la conformación de una dirección de la Agencia Federal de Inteligencia apta para llevar adelante tareas de espionaje ilegal, como también el desplazamiento de la entonces titular de la Procuración de Justicia de la Nación, quien renuncia acosada por deleznables presiones y amenazas. Ya bajo el actual gobierno, se produce el “copamiento” anticonstitucional del Consejo de la Magistratura, que deviene presidido por el presidente de la corte, consagrando una situación juez y parte que da por tierra con las cruciales funciones de este organismo en el funcionamiento del sistema judicial[2].

Entre otros, estos movimientos han permitido la instalación de circuitos de tramitación judicial -de juzgados, fiscalías, cámaras, cámaras de casación, suprema corte-, cuyas coordinadas actuaciones viabilizan diversas prácticas, tales el armado de causas promovidas por los medios dominantes y “documentadas” por la inteligencia irregular, el favorecimiento de intereses políticos y económicos, la absolución de procesados ligados a tales poderes, el congelamiento de causas, en fin, la denegación sistemática de justicia. El poder acrecentado de la corte suprema la ha llevado asimismo a la intromisión en los poderes ejecutivo y legislativo, en franca violación a sus facultades jurisdiccionales.

Cabe apuntar adicionalmente que este dispositivo de poder ha adquirido una potencialidad que puede ser valorada por su continuidad más allá del período de gobierno (2015/2019) en que se lo perfeccionara, actuando al presente sin disimulo alguno como ariete de la estrategia de obstrucción y desestabilización del gobierno en ejercicio urdida por la oposición neoliberal.

Lo señalado permite  observar que esta ingeniería de excepción sistemática a la ley, se realiza en el proceso mismo de disputa con el kirchnerismo -en tanto expresión predominante del imaginario democrático incluyente-, disputa que tiene como hito remarcable el impagable acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, con el silencio de partidos, estamentos judiciales y órganos de gobierno, viola toda normativa nacional en la materia, como también la del mismo organismo. Pero tal confrontación encuentra sus puntos de sutura en la proscripción política de Cristina Fernández producto de un fallo más que objetado[3]/[4], como también en el tratamiento judicial dado al atentado que la Vice Presidenta sufriera, cuya bifurcación en dos causas impide su investigación exhaustiva[5].

Todo ello es seguido en coherente secuencia, por el reciente fallo sobre los índices de coparticipación dictado a favor de la CABA, así como por la suspensión precautoria del proceso electoral en las provincias de Tucumán y San Juan, disposición ésta que al tiempo que desconoce las facultades legales de los estados provinciales en materia electoral, anticiparía la posible acción de la corte frente a una eventual candidatura de CFK.  En fin, se cierra así el círculo de arbitrariedades que conduce a la renuncia de la Vice presidenta a cualquier postulación y así a su efectiva proscripción política a manos del lawfare.

La desnuda exhibición de este ejercicio judicial políticamente direccionado, que entendemos inscripto en el lawfare, conducen a una ya inocultable hipertrofia del Estado y de la Democracia. Ello ha sido tipificado por la Vicepresidenta como la emergencia de un Estado Paralelo, lo cual remite a una actuación que se escinde de sus formas y procedimientos institucionales a la vez que actúa a contramano de las orientaciones del gobierno en ejercicio. Ello no ocurre sin embargo por fuera del Estado, sino a su mismo interior, lo cual como hemos entendido es capturado en sus espacios nodales, manipulando sus roles, normativas y procedimientos, operación que conduce a desposeer a la democracia y al Estado de sus improntas y potencialidades incluyentes algo paralelo al favorecimiento de intereses particularistas, sean éstos locales y/o globales.

La defensa de la democracia

El cuadro de situación esbozado debe ser situado en nuestra Región, en la cual la reemergencia de democracias incluyentes que alientan estrategias de unidad y soberanía para Latinoamérica, vuelve claro que el neoliberalismo está lejos de poder extender y menos aún estabilizar su programa de dominación a pesar de sus inmensos poderes y renovadas estrategias.

En tal contexto, se vuelve necesario interrogarse en torno a las capacidades y recursos que ineludiblemente deben ser activados en la perspectiva de cualquier proyecto democratizador que busque modificar las correlaciones de fuerza dominantes en nuestra sociedad. Conviene señalar al respecto la relevancia que adquiere la institucionalidad democrático-representativa cuando se pone en acto, cuando por caso se echa mano a contrapesos institucionales que el lawfare no ha logrado invalidar. Referimos al proceso de juicio político a la corte que lleva a cabo la respectiva comisión de diputados, cuyos avances en la elaboración de la prueba han generado debates y testimonios, como también una acción colectiva, que contribuyen a develar la significación del lawfare.

Cabe suponer no obstante, que el imaginario democrático incluyente, si se quiere tal, exigirá junto a dicha institucionalidad, una sólida articulación de partidos, colectivos, sindicatos, movimientos sociales cuya participación no deje de lado la larga tarea de sostener demandas postergadas y aspiraciones sociales alternativas. Será esta quizás, la vía para hacer de la política ese espacio imaginativo y transformador que a la corta o a la larga contesta todo poder arbitrario.

Córdoba, 17 de mayo de 2023

[1] Aludimos con ello a las frustradas iniciativas de reforma de los sistemas de salud y educación, al perdidoso proyecto de ley democratización sindical, a la moratoria unilateral de la deuda externa, al juzgamiento de las Juntas de la dictadura cívico militar, proyectos todos de corte anti corporativo e incluyente.

[2] El Consejo de la Magistratura interviene en la designación, supervisión y remoción de los jueces nacionales y federales, siendo además el organismo encargado de administrar el Poder Judicial.

[3] Véase José Luís Rodriguez Zapatero, Baltasar Garzón, Gisele Ricobom y otros (2023): “Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina” (Buenos Aires: Grupo Puebla, Clajud, Celag.org, Elag)

[4] Causa apelada en la que se dictamina su prisión por el lapso de seis años y su inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos.

[5] Con tal estrategia se intentaría desligar del atentado a la agrupación de extrema derecha Revolución Federal que estaría relacionada funcional y financieramente a miembros de la oposición. De esta manera, la causa encapsularía las culpabilidades en fanáticos supuestamente desligado de toda vinculación política.

Fotografía: Edgardo Gómez (Tiempo Argentino).