No pareciera discutible la percepción de que estamos en un momento de incertidumbre que emerge producto de cambios acumulativos. La crisis del Estado de Bienestar trajo nuevas formas de ejercicio de la política que materializaron en los nuevos movimientos sociales, el avance de los derechos, una conciencia más generalizada sobre los riesgos sociales que acarrea el capitalismo en desarrollo. Paralelamente, este medio siglo registra un fuerte crecimiento de la derecha política, de la concentración económica y de la riqueza paralelos a la pobreza y las migraciones, a la vez que los daños ambientales de una economía basada en la desposesión y el extractivismo interrogan sobre la continuidad de la especie.
La serie de acontecimientos que la sociedad jujeña está viviendo no son ni mucho menos ajenos a estas tendencias globales. Su significado primero encuentra sus raíces más profundas en una colonización que ha cedido sólo parcialmente su poder de dominación violenta sobre personas, comunidades y recursos. La continuidad neocolonial que se observa, tiene que ver con la persistencia de un intercambio desigual y con una marcada sujeción económica y política a organismos financieros y corporaciones económicas y políticas.
Cabe señalar que la grave situación que queremos abordar se desarrolla en un marco de crecimiento de las exportaciones del litio y de la cada vez más asidua presencia de intereses y capitales ligados a su extracción y exportación. En efecto, la exportación de litio en Argentina ha experimentado un inusitado crecimiento del 65% en el último año, siendo la demanda externa la que domina por completo el destino del mineral extraído en la Puna argentina. Tres países asiáticos, Japón, China y Corea del Sur, adquieren casi el 80% del litio, -el 11% es destinado a los EUA-, países los tres primeros que hacen de este mineral un componente clave para las tecnologías limpias y la industria minera[1].
Es en tal contexto que el gobierno de Jujuy centra su política en una arcaica perspectiva en materia de derechos, algo que como sabemos se expresó en la eventualidad en una injusta política salarial hacia el personal docente que no satisface sus derechos reproductivos y en la irregular reforma parcial de la constitución provincial que contradice abiertamente los derechos de las comunidades originarias sobre sus tierras.
Las respuestas de la población jujeña no se hicieron esperar. Éstas resultaron de un proceso de articulación que permitió contar con la firme adhesión de trabajadores del estado, pueblos originarios y población, que recibe el apoyo y acompañamiento de numerosas organizaciones nacionales y extranjeras que actúan en el campo de los derechos humanos. El colectivo así conformado caracteriza el accionar estatal por su nepotismo y autoritarismo. Mientras que se niega a otorgar salarios dignos a los docentes, ha designado en el gobierno a 25 familiares[2], a la vez que rechazó abrir una instancia de consulta con las comunidades originarias en el proceso de reforma de la constitución, acompañando tales retrocesos con una cruda represión de las protestas, signo si los hay de su impronta política.
Centrándonos en el avasallamiento a las comunidades ancestrales cabe recordar, que “El Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce que los Pueblos Indígenas son preexistentes al Estado nacional, establece la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras, regula la entrega de otras “aptas y suficientes para el desarrollo humano”, y asegura su participación en la gestión de sus recursos naturales. Derechos de avanzada, impulsados por las propias Comunidades, pero que el Poder Judicial aún no aplica como se debe y el Poder Ejecutivo desoye.” (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA)
Como todos sabemos estas decisiones del estado provincial han llevado a un proceso de pacíficas pero masivas y continuas protestas que comenzaron con la llegada del Tercer Malón de la Paz a la Ciudad de Jujuy a mediados de junio pasado y cuyos fines inmediatos son bien sintetizados con la consigna “arriba los salarios, abajo la reforma”, claridad ésta que es propia de causas justas. Llevaron también a una represión abierta por parte del gobierno provincial, que desconoció sistemáticamente el derecho a petición, causando serios daños a la integridad de las personas. Tal accionar, ha pasado por la acción violenta sobre los manifestantes, el apresamiento y encausamiento de decenas de personas, entre ellas de asesores y defensores legales de los afectados. Pero este ejercicio de supremacismo ha conducido así mismo a presionar financieramente a intendencias por su posición favorable a las protestas, como a violar la autonomía universitaria en el marco de acusaciones sobre la participación de su personal en las manifestaciones[3]. Ha transcurrido y transcurre así mismo por la constante proliferación de amenazas.
Lo que domina pues el conflicto es la presencia de una voz que en aras de un orden asfixiante, sobrepone la coerción a toda otra modalidad de relación política. Este desembozado apartamiento de las normas básicas del Estado de Derecho por parte de Morales, se inscribe lógicamente en alguna estrategia política. La hipótesis que al respecto se ha generalizado es la que lo caracteriza como una aceleración hacia lo que representaría la prefiguración del programa político que la derecha en sus diversas versiones, pretende imponer en nuestro país. Pero este supuesto se habría vuelto una evidencia cuando los medios publicaron la abigarrada fotografía en la que las principales cabezas de la alianza Juntos por el Cambio salieran en defensa de la constitución sancionada y del accionar represivo desatado por Morales. Se borraron así de un soplo las presuntas diferencias entre derecha democrática y derecha extrema, todos sin excepción concurrieron a proteger este “cambio” que se lanza desde un territorio caracterizado por una diversidad étnico-cultural que las políticas locales ignoran, por su vulnerabilidad socio-económica, por la fragilidad de su sistema democrático, pero también, por ser parte muy relevante de un territorio de disputa en torno a la explotación del litio.
La significación del Tercer Malón de la Paz
Morales, es no sólo gobernador de Jujuy, es presidente de la UCR y uno de los pre candidatos a Vicepresidente de Juntos por el Cambio, jerarquizadas posiciones éstas que difícilmente pueden ser arriesgadas sin que su envalentonada actuación no esté sostenida por poderosos intereses. Ello comienza a materializarse al crear la reforma constitucional de 1994 un status legal francamente favorable a estas operaciones, cual es la transferencia a las provincias de la propiedad del suelo y subsuelo y de los derechos de su explotación.
No obstante, el avance de la minería a cielo abierto que se inicia en Argentina en la década de los 90, encontró a principios del Siglo fuertes resistencias populares. Éstas tienen en el “No a la mina” el caso señero que permite observar un proceso de construcción social del riesgo socio-ambiental que generaría la concreción del proyecto de extracción de oro con cianuro de la transnacional El Desquite, ubicado en cercanías de la ciudad de Esquel y del Parque Nacional Los Alerces, Chubut. Esta exitosa experiencia[4] ciudadana, luego de un proceso que recayó en la justicia provincial y nacional, obligó a la transnacional a desistir de sus propósitos, a la vez que Chubut declaró por ley la prohibición de la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera[5].
Pero su consecuencia quizás más relevante fue la extensión de esta modalidad de resistencia a la gran mayoría de las explotaciones mineras a cielo abierto[6], logrando detener su avance, cuando no eliminarlo. El No a la mina, logró así expresar el sentir de una ciudadanía ligada a una política de vida respetuosa de la naturaleza, perspectiva que se comparte con las comunidades originarias que habitan los territorios de los proyectos cuestionados.
Es en este itinerario en el que entendemos se inscribe la resistencia de los pueblos originarios a las políticas de Morales, un itinerario que de hecho cuestiona la globalización neo-liberal en tanto expresión contemporánea de un neo-colonialismo persistente. La modalidad de acción de estos colectivos es horizontal y autónoma respecto a los intereses dominantes (empresarios, partidarios, estatales), autonomía que no niega el diálogo, en tanto no se nieguen los valores y aspiraciones del movimiento. El horizonte de esta resistencia en Jujuy tiene como núcleo ético la ancestral relación armónica con la tierra (la Pachamama) considerada su deidad máxima, fuente de todo buen vivir. De allí su histórica exigencia -propia de todas las comunidades originarias-, de reconocimiento del derecho a la propiedad de la tierra, y su reivindicación de un usufructo que se sustenta en saberes y prácticas ancestrales. Es esta cosmovisión simbólica y material la que viene a articularse con las luchas contemporáneas alrededor no sólo de la denominada cuestión ambiental, sino también de aquellas ligadas a la reivindicación de derechos, como es el caso de la mancomunidad que se construye en el caso que nos ocupa.
¿Hacia otra restauración neo-liberal conservadora?
En el campo político en el que nos concentraremos en adelante, el programa del gobernador Morales representa la proyección hacia un régimen que ignora y contradice las aspiraciones sociales. El rechazo de las demandas laborales de los docentes, la ausencia total de consulta a los pueblos originarios en la elaboración de la reforma constitucional y su alianza con las elites locales y nacionales, conducen a no desechar el supuesto según el cual se estaría haciendo de Jujuy una suerte de laboratorio que permita a las fuerzas de derecha evaluar la capacidad de las oposiciones para resistir una modalidad de gobierno coercitivo, al tiempo que evaluar la capacidad de un tal régimen estatal para manejar la agudización del conflicto que presupone.
El Estado que se busca instituir es aquel a que da lugar el establecimiento de una extrema radicalidad política que es representada por el conservadurismo, cuyo proyecto ha sido y será desplazar por sometimiento a las poblaciones originarias y a las franjas sociales más vulnerables. Tal supuesto remite por cierto a la forma y a las políticas de Estado correspondiente al período de la dominación oligárquica que se despliega en Argentina a partir de la década de los 80 del Siglo XIX, un Estado administrativo que correspondió, esto es, que requería de una sociedad sujeta a reglamentos y disciplinas[7], una sociedad que se ve impelida a asumir toda práctica diversa como contravención punible al orden impuesto.
Lo que creemos ver es asimismo, una acción política que se caracteriza por una racionalidad puramente instrumental, desprovista de toda consideración ética, una estrategia que apela a la táctica de la prueba y el error pero que no cede en sus propósitos, que se sostiene en los poderes del Estado (políticos, económicos, judiciales, policiales), en las fuerzas políticas de derecha, como también en los mas que poderosos intereses externos que merodean en la región. Sin duda, alimentan este programa, distintas experiencias cuyo carácter anti democrático no recibieron aún las respuestas que hubieran permitido poner límites a tales retrocesos.[8]/[9]
En los sentidos anteriores, el proceso que analizamos se inscribe en la disputa global por la democracia. El oficialismo provincial asociado a fuerzas políticas sólo nominalmente opositoras[10], lleva adelante un programa sistemático de (des)democratización, esto es, un programa destinado a incrementar el poder de un Estado pro corporativo en torno a las personas, a sus bienes y derechos. Lo que se pretende es dar forma legal al autoritarismo, reducir los derechos constitutivos de la ciudadanía, recortar derechos y libertades, incrementar correlativamente prohibiciones y sanciones, apropiarse de bienes propicios al desarrollo capitalista. Bajo tales propósitos, la sociedad queda presa del predominio excluyente de un pensamiento único, uniforme y rutinario que cancela la genuina política democrática, entendida como el espacio creativo, pluralista y adversarial de procesamiento de las cuestiones sociales.
La condición de una forma de sociedad con capacidad para resistir y así reducir, suprimir quizás, las asimetrías de poder agudizadas con el avance de este neoliberalismo de raíces conservadoras, reside en la vigencia de esa política democrática que permite poner en acto el inalienable derecho a ser parte de un proyecto societal. Entendemos que es éste centralmente el sentido transformador de las luchas del pueblo jujeño por mayores salarios y ninguna reforma.
Córdoba, 1° de agosto de 2023, día de la Pachamama y de la llegada del Tercer Malón de la Paz a la Ciudad de Buenos Aires.
[1] Véase: https://www.escenariomundial.com/2023/07/30/a-que-paises-se-le-vende-el-litio-argentino/
[2] Práctica irregular ética y legalmente que permitió a Jujuy liderar el ranking de asalariados políticos vinculados a un gobernador en todo el país. El dato se desprende de un relevamiento hecho por Ruido, premiada red nacional de comunicadores, (…) que confirmó lo que en Jujuy era ya un secreto a voces desde por lo menos 2018, cuando la redacción provincial de La Izquierda Diario había publicado una lista de veinticinco familiares de Morales reportados como funcionarios del Estado. Pág. 12 del 25/06/2023.
[3] Al ingresar sin orden judicial a la universidad de Jujuy en plena sesión de su Consejo Superior. Morales pidió luego disculpas y prometió investigar.
[4] Que implicó a buena parte de los vecinos constituidos en un colectivo que logró que el Municipio realizara en 2003 una consulta popular que con el 82% de los votos se pronunció en contra de la megaminería y el uso de cianuro, lo que llevaría a que el Concejo Deliberante declare a Esquel municipio no tóxico y ambientalmente sustentable.
[5] La mencionada ley también ordenaba la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso. A pesar de la elaboración de un proyecto, ello no ocurrió producto de importantes movilizaciones ciudadanas.
[6] Este modalidad de actuación frente al avance de las empresas mineras en su gran mayoría extranjeras, se extendió al conjunto de las provincias ricas en minerales (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Chubut y Río Negro).
[7] Tipo de Estado que en la categorización de Foucault corresponde a la forma disciplinaria de la gubernamentalidad capitalista.
[8] Referimos a su dura disputa con la agrupación Tupac Amarú, que deriva en el encarcelamiento y maltrato de su líder Milagros Sala.
[9] Referimos a Jujuy, pero también y entre otros ejemplos, a la hasta ahora frustrada causa del atentado a la Vice-Presidente, como a la causa no abierta por mala administración y fraude correspondiente al acuerdo con el FMI que sujeta a nuestro país a sus instrucciones y controles, atentando contra cualquier programa de desarrollo genuinamente inclusivo.
[10] Es el caso del peronismo local que aportó 11 votos cuando se aprobó la reforma de la Constitución provincial ha sido intervenido por su órgano nacional. Entre las consideraciones se señala: “No quedan dudas que las autoridades del Partido Justicialista Distrito Jujuy comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrina que fundan el pensamiento justicialista y contradicen el espíritu y la letra de nuestra Constitución Nacional”.