Agosto fue un mes intenso en la Argentina. A la crisis económica persistente cuyo rasgo más evidente es el alto nivel de inflación y la falta de divisas, se sumó la realización de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que dejó un resultado sorpresivo para la mayoría: el buen desempeño de un espacio que concentra su discurso en temas económicos. Esta combinación hizo que “la cuestión económica” dominara los debates y las conversaciones.
Sin embargo, estas discusiones han rondado por un par de temas recurrentes y se han mantenido en un registro bastante superficial. En lo que sigue, sumamos tres apuntes desde la perspectiva de la economía feminista, para tratar de ampliar y profundizar este debate.
El primer apunte refiere a la manera en que se “discute” sobre la inflación, planteada como problemática en dos aspectos: i) deteriora el poder adquisitivo de los hogares y por ende aumenta la incidencia de la pobreza por ingresos, e ii) impide cualquier previsibilidad en la toma de decisiones económicas. Poco se dice de las implicancias de la inflación en términos de profundización de las desigualdades, y de quién y cómo se sostiene la vida en estos contextos de deterioro del poder adquisitivo de los ingresos.
La desigualdad es uno de los focos centrales de la perspectiva de la economía feminista, preocupada no solamente por las brechas de desigualdad de género, sino por su intersección con las desigualdades socioeconómicas, étnico-raciales, generacionales. La evidencia demuestra que en nuestro país no solamente se está profundizando la pobreza sino también la desigualdad en sus diferentes expresiones. El índice de Gini (1) del ingreso per cápita familiar, que se había ubicado en 0,413 a fines del 2021, creció en el primer trimestre de 2023 a 0,446, un nivel equivalente al tiempo pre-pandémico según información del INDEC. A su vez, y mostrando las interseccionalidades distributivas, la brecha de género (2) en los ingresos totales promedios en el mismo período se ubicó en 27,9%, mientras que la brecha en los ingresos promedios de varones y mujeres ocupadxs en empleos informales se elevó a 35,8% (3).
Es decir, la inflación nos pega a todxs pero no de la misma manera. Más aún, mientras los hogares que sólo cuentan con ingresos laborales o transferencias de programas sociales para sobrevivir ven deteriorarse sus ingresos sin parar, los sectores concentrados y aquellos que perciben rentas financieras, encuentran en el contexto inflacionario una coyuntura sumamente lucrativa.
Esta pérdida de poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos, y de las mujeres en particular, redunda en dos circunstancias destacadas desde la perspectiva de la economía feminista. Una es la intensificación del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de las mujeres. Cuando los hogares no pueden adquirir los bienes y servicios que necesitan, estos se sustituyen por producción doméstica. Cuando el costo de la energía u otros servicios esenciales (como el transporte) se encarece, los hogares apelan a estrategias que muchas veces involucran mayor tiempo. Cuando los ingresos no alcanzan, se despliegan múltiples actividades y en muchos casos son las mujeres las que amplían sus jornadas de trabajo remunerado (además del no remunerado) con un sinfín de actividades de sobrevivencia.
Por otro lado, la suba de precios y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos domésticos amplían los procesos de endeudamiento de los hogares, en especial de las mujeres. Estudios recientes dan cuenta de este proceso de endeudamiento (con familiares, con billeteras virtuales, con prestamistas del barrio) y de su sesgo de género (4). En definitiva, la inflación es un fenómeno macroeconómico que tiene implicancias concretas diferenciales y cuyas consecuencias se alojan con más fuerza en ciertos cuerpos, lo cual refuerza la desigualdad en diferentes planos.
El segundo apunte refiere a un consenso extendido entre las diferentes fuerzas políticas respecto de la necesidad de ajuste fiscal para abordar el problema inflacionario. Sin entrar en la discusión sobre cuánto explica de la inflación el desequilibrio fiscal, y qué tan efectivo puede resultar el ajuste como mecanismo antinflacionario, se puede establecer un par de alertas sobre cómo se da esta discusión.
Que se hable de ajuste en lugar de austeridad o disciplina/consolidación fiscal, tal como se plantea esta agenda internacionalmente, ya revela el sesgo a pensar que es sólo vía la reducción del gasto público que se pueden ordenar las cuentas fiscales. Esto es problemático en al menos dos sentidos.
En primer lugar, y sin desconocer que puede haber exceso de gasto público que deviene de ineficiencia, usos político-partidarios y corrupción, lo cierto es que el nivel del gasto público en Argentina es razonable para su nivel de desarrollo (por ejemplo, similar al gasto público en Brasil). En segundo lugar, hay que considerar que la composición del gasto público está concentrada en el gasto público social (que representa el 70% del gasto público total) y en tres finalidades específicas: previsión social, educación y salud (entre las tres concentran el 76% del gasto público social).
Por tanto, ajustar en Argentina es reducir el poder adquisitivo de las jubilaciones y más ampliamente el acceso a los beneficios previsionales, es reducir los salarios de quienes trabajan en las escuelas y en los servicios de salud (justamente, población trabajadora feminizada) y deteriorar (aún más) la calidad de estos servicios.
Pero además, pensar que las cuentas fiscales sólo pueden ordenarse por el lado de los gastos es negar la posibilidad de dar una disputa política fundamental: la redistribución por el lado del financiamiento de ese gasto. Con el mantra falaz de “impuestos que asfixian” se evita dar algunas discusiones fundamentales: i) cómo modificamos el perfil regresivo de la estructura tributaria, que haciendo pesar los impuestos de manera relativa en mayor medida en quienes menor capacidad contributiva tienen, profundiza las desigualdades económicas y de género; ii) cómo mejoramos la tributación sobre los ingresos personales, de manera que recaiga en menor medida sobre los ingresos del trabajo y por el contario se incremente sobre las ganancias de las empresas y sobre todo sobre las rentas financieras (muchas de las cuales hoy no tributan nada); iii) cómo gravamos más efectivamente la riqueza personal, que en nuestro país se explica fundamentalmente por un mecanismo tan poco meritorio como la herencia; iv) cómo abordamos con verdadera voluntad política el problema de los flujos financieros ilícitos, derivados de la evasión y la elusión en materia tributaria y de actividades ilícitas, pero también de operaciones lícitas de las empresas que con mecanismos espurios y contabilidad creativa dejan de pagar lo que les corresponde (5).
El tercer apunte refiere a la miopía de la discusión económica que, concentrada en el corto plazo, va estrechando las posibilidades de encarar una verdadera planificación de una estrategia de desarrollo transformadora, que cree un horizonte duradero de mejoramiento de las condiciones de vida de la población, que resulte a la vez compatible con el sostenimiento del planeta. La avanzada negacionista del cambio climático que se advierte en la actual discusión electoral tal vez opaque el hecho que también existe un consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias que pone el crecimiento económico como medida del progreso, y el extractivismo como la estrategia para hacerlo posible.
Desde el andamiaje de la economía feminista venimos proponiendo poner en el centro de las aspiraciones económicas a la sostenibilidad de la vida. Esto que puede sonar a una aspiración abstracta y utópica, tiene en realidad derivas concretas. Si el objetivo es sostener la vida, la estrategia de desarrollo no puede estar basada en actividades que la amenazan o la agreden directamente. Si así fuere, en lugar de celebrar la inauguración de un gasoducto que transporta gas producido con técnicas cuestionadas globalmente por sus impactos ambientales, lo que estaríamos discutiendo es cómo avanzar efectivamente en la transición energética, superando de la mejor manera posible las contradicciones que genera.
Si el objetivo es sostener la vida, en lugar de seguir eximiendo del pago de impuestos a la renta financiera, la gravaríamos y utilizaríamos esos recursos para, por ejemplo, expandir la infraestructura de servicios de cuidado, que permita disminuir la carga del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de las mujeres, en especial, de las más pobres. O por ejemplo, se dejaría de subsidiar tributariamente a las industrias extractivas, y en cambio se podrían utilizar esos recursos para financiar el desarrollo de energías alternativas.
Si la noción de mérito (tan cara a las narrativas dominantes) estuviera asociado a mejorar la vida, y no a premiar a aquel que consigue el mayor lucro, el ingreso de las cuidadoras domiciliarias, de las maestras, de los recolectores de residuos o de quienes producen alimentos sin agrotóxicos, debiera ser mucho más alto que el del CEO de una institución financiera o el gerente de una empresa petrolera.
Avanzar hacia la sostenibilidad de la vida es un camino no exento de contradicciones. Más aún si lo planteamos en el marco de las actuales estructuras económicas, tanto a nivel nacional como global. Pero cambiar el eje de la discusión, pensar en atender las urgencias del corto plazo ponderando su funcionalidad para el largo plazo y disputar el resurgimiento del individualismo como motor de la organización social, es una actitud imprescindible para quienes pensamos que el futuro se construye sin gritos ni cancelaciones, con acuerdos eco-sociales, con Estado eficiente y comunidad activa, con un nosotres diverso, con paciencia, perseverancia y estrategias creativas.
1) El índice de Gini es una medida sintética de la distribución del ingreso. Oscila entre 0 (perfecta igualdad) y 1 (total desigualdad, una persona concentra todo el ingreso). Por lo tanto cuando mayor el índice, peor es la distribución del ingreso.
2) Este indicador mide la diferencia entre los ingresos promedio de las mujeres y los ingresos promedio de los varones. Indica que los ingresos de las mujeres son en promedio dicho porcentaje menor que el de los varones.
3) https://ecofeminita.com/1er-trimestre-2023-resumen/?v=5b61a1b298a0
4) Cepal y Ministerio de Economía (2023) Primer informe sobre endeudamientos, géneros y cuidados en Argentina.
5) Sobre varios de estos aspectos se sugiere ver el manual de “Mitos impuestos”, que con lenguaje accesible y análisis profundos revela muchas de las falacias de la discusión actual: https://www.revistaanfibia.com/especial/mitos-impuestos/
Corina Rodríguez Enríquez es Investigadora CONICET/CIEPP/DAWN