Entre las tantas bravuconadas que se le han escuchado en el último tiempo a numerosos referentes “libertarios” se destaca lo que ellos llaman el “plan platita”, que a su criterio constituye el motivo fundamental para explicar la notable remontada que entre las PASO y la primera vuelta tuvo la propuesta electoral de “Unión por la Patria”.
En esa mirada subyace un desprecio de clase manifiesto y también la consideración elitista de que los sectores populares solo votan con –y por– el bolsillo, y no siguiendo una lectura política determinada, que por ejemplo implica ponderar en toda su dimensión la naturaleza anti-popular, excluyente, anti-derechos, negacionista y, en suma, anti-democrática de los planteos “libertarios” en materia económica, política, social, cultural, ambiental, etc.
Esa recurrente alusión al “plan platita” ha sido oportunamente levantada y difundida ad nauseaum por casi todo el espectro mediático y se ha fortalecido como caracterización a partir de la toma por asalto que hicieron de la “Libertad Avanza” los sectores más recalcitrantes de “Juntos por el Cambio” tras la debacle electoral de este espacio (con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza). De manera previsible, en esos señalamientos nada se dice respecto del “plan platita” que implementó el gobierno de Cambiemos tras perder “por goleada” las PASO en 2019.
Como suele suceder con los diagnósticos de los sectores conservadores, en especial en Argentina, se trata de un discurso que resulta muy potente a la hora de incidir sobre el humor social, pese a que parte de una mirada por demás sesgada de los procesos socioeconómicos y, en ese marco, esconde intereses de clase bien concretos que son importantes de considerar.
En ese sentido, lo primero que hay que tener en cuenta es que las medidas más recientes que tomó el gobierno del “Frente de Todos” (devolución del IVA, suba del piso del impuesto a las ganancias, suma fija para trabajadores formales y refuerzo para los informales, etc.) solo fueron un paliativo para morigerar los efectos regresivos de la devaluación de agosto de 2023 y, más ampliamente, del ajuste sobre los salarios y los ingresos que ha tenido lugar en los últimos largos años.
Al respecto, según una estimación realizada por el “Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía” (MATE), entre 2015 y el presente los asalariados les transfirieron a los capitalistas un monto equivalente a algo más de 240 mil millones de dólares[1]. En ese período la economía argentina estuvo sumida en un proceso de virtual estancamiento, con lo cual semejante traslación de ingresos debería ser considerada una expropiación lisa y llana, similar en su perfil a lo que aconteció en la “década perdida” de 1980 (que en rigor fue un decenio signado por una regresividad pronunciada).
La mencionada compensación parcial a los trabajadores y otros perceptores de ingresos fijos es presentada por los “libertarios” y sus portavoces como la variable principal para explicar los resultados electorales de la primera vuelta. Y también para insistir, una vez más, que es lo que agrava el desequilibrio fiscal que se financia con emisión monetaria, lo que a su vez azuza –y explica– la dinámica inflacionaria[2].
Se trata de una lógica argumental engañosa, que se funda en afirmaciones tan habituales como poco demostradas científicamente. Por el contrario, si se hiciera un estudio serio y riguroso de la situación fiscal en la Argentina se comprobaría que cuando hubo déficit fiscal (casi siempre en los últimos 50 años, salvo en un primer tramo del ciclo de gobiernos kirchneristas), el mismo se explicó en parte considerable por las abultadas transferencias de recursos que el Estado nacional ha canalizado a diversas fracciones de la clase dominante en el marco de una estructura impositiva sumamente regresiva.
Algunos mecanismos mediante los cuales el poder económico ha internalizado fondos estatales (o sea, del conjunto de la sociedad) fueron los siguientes:
- los abultadísimos pagos de la deuda pública, tanto externa como interna;
- las fuertes y variadas subvenciones a actividades en extremo rentables controladas por capitales altamente transnacionalizados (productores de petróleo y gas, mega emprendimientos mineros);
- la concesión de subsidios y/o de tipos de cambio diferenciales para firmas que integran el núcleo de la actividad exportadora, así como la reducción o la eliminación de retenciones;
- el “sacrificio fiscal” implícito en numerosos instrumentos de intervención: franquicias impositivas, arancelarias y aduaneras en diferentes regímenes de promoción a la inversión, “devaluaciones fiscales” a través de una reducción importante de la carga impositiva que grava a las corporaciones líderes y a los sectores más ricos de la sociedad, etc.;
- la estatización, la licuación o la condonación de deudas multimillonarias a grandes empresas y conglomerados económicos (pasivos que, por lo general, han constituido formas simuladas de remitir ganancias al exterior y eludir al fisco, o se han asociado a severos incumplimientos contractuales por parte del sector privado más concentrado, avalados por el Estado);
- la privatización de cajas estatales, como ocurrió con la reforma previsional del decenio de 1990 que en los hechos transfirió esos recursos a los bancos y otras entidades financieras;
- los sobreprecios reconocidos a proveedores de distintas reparticiones gubernamentales y contratistas de la obra pública;
- las asociaciones público-privadas en las que la norma ha sido que el Estado realice las inversiones de mayor riesgo y los privados usufructúen los resultados de estas;
- el otorgamiento de subsidios a la demanda de ciertos bienes en rubros que, en paralelo, son activamente promovidos y protegidos (automotriz, electrónica de consumo, etc.).
Existe vasta evidencia acumulada de que semejante captación de excedentes por parte del poder económico ha movido muy poco el amperímetro en materia de inversiones y de ampliación y diversificación de la capacidad productiva del país. Más bien, los recursos apropiados por distintos estamentos de la clase dominante han alimentado la fuga de divisas (mayormente a guaridas fiscales y merced a los fondos provistos por el sector público con su endeudamiento externo) y/o se han “reciclado” en el plano interno hacia la esfera financiera a partir del aprovechamiento de los diferentes “festivales de deuda pública” que tuvieron lugar.
De allí que pueda afirmarse que la cuestión fiscal en nuestro país da cuenta de un proceso de captura del Estado por parte de los sectores dominantes cuya génesis histórica se remonta a la última dictadura militar. Esa captura se expresa en el hecho de que los mismos intereses concentrados que explican buena parte del déficit fiscal, por lo general aparecen del otro lado del mostrador proveyendo de recursos al Estado para afrontar los desequilibrios, consumando así una ganancia financiera extraordinaria que se suma a los cuantiosos fondos internalizados por las diferentes vías apuntadas[3].
La Argentina transita momentos decisivos. Frente al modelo retrógrado y de retroceso en tantos sentidos que propone la alianza ultra-conservadora que sostiene a Javier Milei, se erige un planteo alternativo por parte de una nueva versión del peronismo. Este último tiene una clara impronta de confrontación con su antagonista, pero en su interior contiene muchos ejes en disputa.
Por ejemplo, si ante un eventual triunfo en las elecciones de noviembre, el gobierno conducido por Sergio Massa afianzaría lo sucedido hasta ahora (ajuste con compensaciones puntuales y acotadas) o avanzaría en sentar las bases de un modelo que priorice de una buena vez, y con carácter estructural, la redistribución del ingreso (y que esta no sea una promesa a futuro luego de un ciclo largo de crecimiento traccionado sobre todo por exportaciones). Por otro lado, si se mantendrían las numerosas transferencias de recursos públicos a la clase dominante –con la consecuente profundización de la captura del Estado– o si esta vez sí se redefinirá la lógica y los alcances de la intervención estatal en función de las necesidades de las mayorías populares.
Como lúcidamente plantea el saber popular, siempre es bueno avanzar “paso a paso”, sin perder de vista cuáles son las disputas tácticas en lo inmediato y las estratégicas a mediano y largo plazo que hay que dar si se quiere establecer en nuestro país un modelo inclusivo que empiece a desandar el largo ciclo regresivo y expropiatorio iniciado en 1976.
[1] Véase https://mateconomia.com.ar/infomate/2023/octubre-2023/ (consultado el 6/11/2023).
[3] Para un tratamiento de esta problemática se remite a Schorr, M.: “Democracia, economía y captura del Estado en Argentina”, en Nueva Sociedad, N° 308, noviembre-diciembre 2023.
Fotografía: Diario Perfil