Como no escapará a nadie, asistimos a una crucial y decisiva disputa entre perspectivas contradictorias en torno al control de resortes básicos de lo que podríamos llamar el orden social y las condiciones de existencia de amplias franjas sociales. Es en este marco que las instituciones y derechos políticos, económicos y sociales son materia principal de un debate que remite al Estado en tanto instancia del sistema político que dispone de recursos materiales y simbólicos -de poderes- que lo dotan de potencialidad para actuar sobre tales cuestiones.
Pero, ¿de qué hablamos cuando referimos a los poderes del Estado? Aludimos básicamente a dos formas del poder estatal. El poder institucional que es distintivo del Estado, y de un poder que es adquirido. La primera forma deviene de las facultades y recursos que le han sido atribuidos en tanto instancia central de un ordenamiento político-legal que tiende a garantizar un Estado Constitucional de Derecho. Pero junto a tales poderes, sin duda requisito ineludible de cualquier régimen democrático, el Estado en tanto gobierno requiere disponer de poderes que no le vienen “dados”, que requieren ser construidos, que no le son propios y de los que sólo participa (Jessop). Aludimos con ello al poder que resulta de arreglos públicos y transparentes entre fuerzas políticas, económicas, culturales, afines al ideario que reivindica la fuerza que acceda o busque acceder al gobierno. Es esta suma de poderes -dados y construidos-, la que habilitarán al Estado a regular y/o transformar -progresiva o regresivamente-, las relaciones consolidadas de poder que configuran una sociedad.
Cabe a partir de ello considerar que los arreglos antes referidos constituyen a las fuerzas políticas en pugna. Sin embargo, tal configuración es altamente cambiante, lo cual tiene que ver con ciertas tendencias (la derechización en ciernes por ejemplo), pero también frente a acontecimientos decisivos como el representado por el proceso electoral que vive nuestra sociedad, el cual ha desatado cambios drásticos en tales arreglos, particularmente en los que sostenían a fuerzas opositoras, esto es a Juntos por el Cambio (JxC) y a La libertad avanza (LLA).
Como es de dominio público, el tránsito entre las denominadas PASO y la primera vuelta condujo con sus cambiantes resultados a una brusca cooptación de LLA por parte del PRO, lo cual modificó en un primer momento el programa de LLA, a la que se le impuso el equipo económico del PRO y se le exigió morigerar la violencia de sus discursos y propuestas[1], estrategia que habría generado serios costos políticos[2] que podrían llevar a una recomposición de la derecha en nuestra sociedad[3].
Tal acontecimiento político, que lejos de un golpe de comando habría sido premeditado[4], afirma al PRO y a LLA no sin conflicto en su indisoluble apego al marco de alianzas que el macrismo lideró a través de JxC, mediante un discurso que apela a la pasión odiante que anida en amplias franjas sociales. Cabe aquí interpretar que tal pasión se originaría en un ciclo de políticas que entre 2015 y el 2019 priorizaron los objetivos del gran capital, ciclo que encuentra cierta continuidad a partir del inicio de negociaciones con el FMI (enero de 2020), como en hacer del consenso con sectores económicos una orientación que margina la respuesta a las necesidades y aspiraciones sociales.
El Estado a evitar
La sucesión de políticas arriba mencionadas crea un espacio vacío que es ocupado por la derecha bajo una estrategia destinada a captar la ola de frustración, a la que se da sentido a partir de lo que pueden considerarse tres fundamentalismos: el político que desconoce y busca eliminar toda posición que tome distancia de sus postulados autoritarias; el económico que lleva al paroxismo una racionalidad de mercado que no ha conducido sino a sistemáticos retrocesos; el cultural que al estilo supremacista reniega de toda subjetividad e identidad alternativa al mandato conservador.
En este marco, el sustrato pro-mercado del nuevo arreglo, se concentró en garantizar al PRO el manejo de los espacios críticos de un futuro gobierno. El Estado aparece en estos obscuros manejos, como algo necesario a la transformación regresiva que se buscara garantizar. La reedición de un gobierno inscripto en cualquiera sea la melange que resulte de los inestables conciliábulos entre Macri y Milei, no puede dejar de asociarse a la construcción de un Estado ligado a los capitales extranjeros y conglomerados locales -agropecuarios, mineros, financieros e industriales[5]– en dirección a profundizar la primarización-extractivista y la dependencia de nuestra economía. En tal dirección se inscribe el cierre del Banco Central encaminado al logro de una dolarización que asociada a la devaluación de nuestro peso resultaría devastadora para la economía familiar y de las PyMes generadoras de un 60% del empleo. Son también parte de este paquete de anunciadas políticas, la eliminación de la coparticipación federal, la del Ministerio de Ciencia y Técnica y del CONICET, a cuyos investigadores ya Cavallo -el mejor economista de la historia según Milei- había enviado “a lavar los platos”.
En el campo de los derechos sociales, tal Estado impulsará desde la venta libre de órganos humanos, a la conversión de los titulares de derechos educativos en clientes dotados de vouchers, a la privatización de los servicios de salud, a la eliminación de los planes sociales, del INCAA, etc. Pero la reforma de los derechos laborales y jubilatorios, constituye un regresivo objetivo que está en el centro de esa estrategia capitalista que constituye el neoliberalismo, que ve en estos derechos, no la garantía de un bienestar básico, sino un intervencionismo del estado que dificulta la racional asignación de recursos por el mercado, digamos, que pone obstáculos a las súper-ganancias empresarias.
Pero lo que resulta de una gravedad mayúscula, es el desprecio de LLA por la democracia política que comienza por consideran los 40 años de experiencia democrática como un desierto, esto es sin valor alguno[6], continúa con el destrato a quienes tacha de enemigos políticos a los que ha tratado de ratas, cucarachas, excrementos, finaliza (?) con la reivindicación de la dictadura militar. Para no abundar en algo que es políticamente obsceno, cabe insistir que el objetivo central de su programa consiste en la eliminación del kirchnerismo, expresión que ha constituido el mayor obstáculo al retroceso neoliberal.
El Estado a construir
En la perspectiva de UxP, el Estado puede ser imaginado a partir de un discurso y una acción que bajo el proceso electoral afirmó la necesaria intervención del Estado. Ello se ha concretado en un campo intocable, tal el sistema tributario, beneficiando a las franjas sociales más perjudicadas, mediante reformas que apuntan así mismo a un fortalecimiento del mercado interno. Se ha expresado así mismo en los créditos para jubilados a tasas convenientes, en la continuidad de los programas de jubilación anticipada, en otro intento por hacer realidad la inclusión laboral de los beneficiarios de planes sociales, en la regulación de precios de los servicios de transporte y de los combustibles a contramano de las exigencias y boicots empresarios.
Es claro que la disputa electoral que UxP encamina tiene como imperativo (re)encontrar legitimidad para la nueva coalición a partir de una propuesta cuyo sentido está en el alcance socialmente amplio de sus programas y políticas. Ello, que se ha visto anticipado por la posibilidad de una ejecución inmediata de propuestas, resulta sin duda clave en el actual contexto de desigualdad y pobreza. Actuar (hablar y hacer) en relación a esta franja de población es sin duda comenzar a reivindicar aspiraciones y pasiones propias de la coalición. Junto a ello, dicha práctica recorre una senda que se contrapone al estrafalario y negativo discurso de la oposición, una senda que busca contrarrestar el odio que engendran las relaciones amigo-enemigo, mediante la consideración del otro como miembro legítimo de la comunidad política, algo que se pretende sostener mediante la convocatoria a una unidad nacional construida “con los que se compartan valores”[7]. Se trata así mismo de poner en valor las identidades popular-democráticas denostadas por el discurso opositor, apostando a la defensa del trabajo y de las Pymes, a la relevante trayectoria de las políticas científicas y culturales, a una explotación soberana de los recursos estratégicos, a la reivindicación del multilateralismo que incrementa la autonomía nacional.
Hablar de un Estado basado en la reconstrucción de la legitimidad popular, exige así mismo reconocer decididamente toda diversidad étnica y cultural, toda diferencia política que se inscriba en la democracia, toda distancia y marginalidad económica, toda población perjudicada por la apropiación extractivista de recursos naturales. La inscripción de la política estatal en las más amplias demandas y aspiraciones de transformación social permitirá responder al avance de un desencanto social que la derecha ha logrado atribuir a la democracia, a las instituciones económicas básicas, a la cultura popular así despreciada y menospreciada.
Como sabemos el neoliberalismo se ha revestido de un entramado de poderes -partidarios, mediáticos, económicos, judiciales, globales-, que pareciera verse limitado por el fundamentalismo de sus propuestas. Frente a esta poderosa minoría, el marco de alianzas del campo democrático-popular, remite como es propio de su historia a un muy amplio y diverso espectro de actores. Aludimos con ello a poderes de distinto peso y posiciones diferenciadas, tales y principalmente a los partidos aliados y no aliados pero comprometidos con la democracia, a sectores sindicales, a una multiplicidad de organizaciones colectivas, a los/las trabajadores/as de la educación, de la cultura, de la salud, al empresariado Pyme, a la economía solidaria, a productores agropecuarios no concentrados, incluso a cierta banca e industria privada.
De ello, de la convocatoria a esta multiplicidad de fuerzas bajo una perspectiva inclusiva, surgirá quizás-probablemente una correlación de poder que habilite a la construcción de un Estado que pueda contrarrestar el fundamentalismo opositor. El espurio arreglo de una derecha que puede considerarse extrema nos enfrenta a un tal riesgo de (des)democratización, que no deja lugar a compromisos dudosos, tampoco a la indiferencia de la neutralidad.
[1] Sin embargo, subsecuentes confirmaciones de sus políticas por parte de LLA, parecieran decir que nada está dicho en este campo.
[2] Tales el apartamiento de la UCR y de la CC que proclaman su neutralidad y/o impugnación del voto frente al balotaje, pero también del Partido Socialista que convención mediante decide apoyar al candidato de Unión por la Patria.
[3] La UCR alberga una tendencia a reconstituirse hacia lo que podría entenderse como cierto reencuentro con la democracia.
[4] El cual habría sido no un golpe de comando sino una vía prevista y cuidadosamente trabajada por el líder del PRO, consistente en marginar a su línea más conciliadora y torpedear luego la campaña de la candidata propia, algo que tuvo entre sus condimentos un constante coqueteo mutuo con el candidato de LLA.
[5] Referimos particularmente al sector productor de bienes transables o, entre otros casos, al conglomerado industrial de bienes de consumo.
[6] Sarmiento consideraba a la Patagonia como un desierto, como un espacio vacío de las inteligencias productivas occidentales.
[7] Precisión debida a Axel Kicillof.
Fotografía: Ámbito Financiero