Hace unos pocos días, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto a diferentes organismos vinculados a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en relación con los crímenes del terrorismo de Estado presentaron un proyecto de ley que buscan frenar la circulación de discursos negacionistas sobre la última dictadura y otros crímenes de lesa humanidad.
El proyecto exige la formación en derechos humanos para todos los funcionarios y trabajadores del Estado Nacional, modifica el Código Penal para incluir sanciones a aquellos que públicamente expresen discursos negacionistas y propone modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para impedir la difusión de contenidos negacionistas. El texto dispone, además, sanciones disciplinarias para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o el Servicio Penitenciario que, en ejercicio de sus funciones, lleven adelante este tipo de discursos.
No es casual que la presentación de este proyecto se realice en el marco de la campaña presidencial en la Argentina, de cara al ballotage del 19/11/2023. Si algo caracterizó el debate de esta contienda electoral fue la posición de una de las fuerzas políticas en disputa –La Libertada Avanza- que levantó las banderas reivindicatorias del accionar de las FFAA durante la última dictadura militar. Específicamente, el domingo 1° de octubre de este año, en el debate presidencial organizado por la Cámara Nacional Electoral, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo durante el bloque temático de «Derechos Humanos y convivencia democrática», que había «una visión tuerta de la historia» y que «no fueron 30.000 los desaparecidos, sino 8.753». Agregó que lo sucedido durante los años ´70 debe entenderse en el marco de «una guerra».
Se trata de una línea argumental que no es novedosa en los sectores de la derecha política de la Argentina. Ese fue y es el argumento central con el cual se han defendido las FFAA para hacer frente a los juicios de delitos de lesa humanidad: “Señores, si esto no ha sido una guerra, una guerra revolucionaria, no convencional, atípica pero real, cruel, verdadera, que venga Dios y lo diga”, fueron las palabras del Doctor Prats Cardona, abogado defensor de Emilio Massera en el Juicio a las Juntas Militares en el año 1985.[1]
El negacionismo fue sostenido casi desde el inicio por la dictadura militar. El ocultamiento del terrorismo de estado fue parte de una estratagema que incluía la defensa de que se vivía un “estado de excepción”, la urgencia de aplicar medidas extremas y el fundamento de que se estaba en una “una guerra” a la que calificaban de “sucia” porque se combatía un enemigo “subversivo”, Tan temible como monstruoso al que no le cabía ni ley, ni piedad, ni humanidad. Por ello, en Argentina, el negacionismo se refiere a esos discursos que procuran rebatir la existencia y ejecución de un plan represivo sistemático. Y frente a las evidencias de secuestros, torturas, asesinatos en Centros Clandestinos, desapariciones forzadas, apropiaciones de niñas y niños, no fueron más que los resultados lamentables de “excesos” y “errores”.
Ahora bien, cada una de estas expresiones que relativizan o banalizan lo ocurrido, nos traslada inmediatamente al pasado reciente. O en su defecto, el pasado vuelve con severa insistencia y dispara una serie de interrogantes: ¿Por qué vuelven los años 70? Y sobre todo ¿cómo vuelven? ¿Cómo explicar esta obstinada presencia, se preguntaba el historiador francés Bruno Groppo, en referencia a las memorias sobre las dictaduras en Argentina, Chile y Uruguay?[2] ¿Cómo se activan esos años en la memoria colectiva marcados por la utopía revolucionaria, la lucha armada y el terrorismo de Estado? ¿Por qué se reproducen con renovada fuerza los discursos negacionistas que ponen en tela de juicio el número de los desparecidos y transforma a los perpetradores en víctimas de la violencia política? ¿Qué contextos habilitan su circulación?
Desandar estas preguntas nos obliga a pensar críticamente el pasado, desde un presente que muestra un escenario político complejo, paradójico y perplejo. Contribuir al debate sobre la memoria y contra el olvido es una forma de seguir disputando en la esfera pública los efectos y las consecuencias de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos llevadas adelante por la dictadura militar.
Explicar esta tragedia, lo que sucedió en esos años, se transformó en un compromiso político y ético, no sólo para evitar el olvido o la naturalización de lo sucedido, o la invisibilización de determinados procesos, sino también porque resulta una tarea imperiosa explicar y argumentar una trama histórica distinta a la de los discursos negacionistas que disputen e interpreten desde otras tramas históricos lo sucedido. Esta tarea exige desandar las huellas de un proceso que debe poner blanco sobre negro algunas verdades, afirmaciones y contradicciones en las relecturas sobre los años ´70. Sólo para enumerar algunas de ellas:
- El terrorismo de Estado no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino que, durante los años previos, se fueron sedimentando dispositivos represivos que legitimaron el espiral de la violencia política y la implantación de la dictadura militar. Durante el período del tercer gobierno peronista existieron prácticas estatales represivas que pusieron en marcha un complejo andamiaje institucional y no institucional, legal e ilegal, para reprimir, perseguir, prohibir o eliminar a los sectores disidentes, disruptivos y opositores al gobierno. En esta dirección, se definieron líneas de acción que se caracterizaron por la sanción de leyes, decretos y normas que restringieron y prohibieron una amplia gama de actividades consideradas subversivas, como así también se habilitó el accionar de las fuerzas de seguridad y paraestatales para instrumentar la lucha contrainsurgente.
- Existe un enorme problema para historizar y discutir el papel de las organizaciones guerrilleras en la Argentina y su opción por la lucha armada. A fines de los años cincuenta se construyó una causa revolucionaria que legitimó el uso de la violencia. Cualquiera fuese su modalidad (“de masa”, “de vanguardia”, clandestina), el ideal revolucionario fue la clave del período. Ciertamente, la experiencia de las organizaciones y movimientos revolucionarios y populares que en las décadas de 1950, 1960 y 1970 apelaron a la violencia como medio de transformación histórica no lograron concretar sus objetivos, fracaso que se consumó con el triunfo del Terrorismo de Estado. A más de seis décadas de la emergencia guerrillera y a 40 años de la recuperación democrática, es necesario construir una historia integradora de las organizaciones guerrilleras que dé cuenta de sus objetivos, metodología de acción, diferencias y similitudes. Poner en debate este tema requiere asumir el desafío de pensar, en todas sus dimensiones, desde diferentes perspectivas, una historia que no eluda la explicación y la crítica.
- La represión llevada adelante por la dictadura militar estuvo planificada, montada sobre una estructura administrativa que puso en marcha, en términos de Pilar Calveiro, un poder desaparecedor. El ejercicio de una violencia represiva, sin precedentes hasta el momento, se constituyó, desde sus inicios, en una de las principales estrategias de control y disciplinamiento dirigidas hacia la sociedad.
- La identidad de las víctimas del Terrorismo de Estado, invisibilizadas bajo el calificativo estigmatizante de “subversivo” “terrorista” o “NN”, se moldeó en la militancia política de los años 70, y en su participación en la lucha armada y en las organizaciones políticas revolucionarias. La imprecisión del concepto aludía también a militantes de organizaciones políticas no armadas, delegados y dirigentes sindicales, activistas estudiantiles, católicos, intelectuales, familiares y amigos de las víctimas, entre otros tantos.
- El proyecto de la dictadura instaurada en 1976 abarcó objetivos más amplios que la sola eliminación del “elemento subversivo”; se trató de terminar con una determinada matriz de desarrollo económico, industrialista y mercado internista. Concretamente se pretendía transformar las bases económicas y sociales del Estado para re-fundar o re-construir el pacto de dominación capitalista sobre las bases de un nuevo orden político, social y económico.
- La dictadura fue posible gracias a la complicidad civil que incluyó a los partidos políticos, la Iglesia, la prensa, empresarios, jueces y todo el aparato judicial en su conjunto. Cada vez más son los estudios que avanzan en esta línea que dan cuenta de la intrincada relación que existía entre las actividades y los intereses del Estado y de ciertos sectores de la economía y la sociedad, develando una red que implicó, al menos en su faz más visible, una serie de intercambios y beneficios mutuos, sobre los que puede distinguirse el consenso interno de la lucha contra la “subversión” sustentada en la Doctrina de Seguridad Nacional. Este consenso antisubversivo incluía la aceptación de los métodos “excepcionales” que debían ser empleados para ganar la “guerra” y disciplinar a los sectores populares
Desde cada una de estas claves analíticas, podemos pensar que detrás del negacionismo del Terrorismo de Estado operan, al menos, dos sentidos. Por un lado, se pretende instalar y reafirmar la idea de que en la Argentina hubo una “guerra” y que como en toda guerra había dos campos de batalla tan responsables una como otra. Las acciones de las FFAA, a cargo de Estado, quedan, así, equiparadas y subsumidas a la lógica de un enfrentamiento entre pares. El tópico de que había que enfrentar una “guerra” contrainsurgente, antisubversiva habilitó y legitimó la intervención militar. En segundo lugar, si la idea de “guerra” sigue siendo el argumento central de los negacionistas, lo que se pretende, en definitiva, es dar credibilidad al discurso exculpatorio (“fuimos convocados”, “era necesario”), lo que significa, el reconocimiento a la impunidad, aún cuando esté demostrado que desde el 24 de marzo de 1976, se puso en marcha un aparato clandestino de asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros de personas y robos de bebés.
La respuesta y la disputa por la interpretación debe darse, en consecuencia, con más investigaciones, con más historia, con más argumentos que despejen el camino del maniqueísmo (“eran iguales de violentos”) y coloquen el foco en la comprensión y explicación de por qué fue eso posible. A 40 años de la recuperación democrática, sigue vigente, con un sentido cada vez más actual y necesario, la demanda de memoria, verdad y justicia.
* El título de esta nota es un extracto de la letra de la canción «Entonces» de Víctor Heredia.
[1] Citado en Carnovale, Vera, “Memorias de Guerra”, Anuario Lucha Armada, 2012.
[2] Groppo, Bruno (2001). “Traumatismos de la memoria e imposibilidad del olvido en los países del Cono Sur”, en Groppo, Bruno & Flier, Patricia (Comps.). La imposibilidad del olvido. La Plata: Ediciones al Margen.