Francisco Cantamutto y Martín Schorr |
Se cumplieron tres meses del inicio del gobierno de La Libertad Avanza (en coalición con el PRO). Se trata de la “luna de miel”, el período normalmente considerado como de gracia para los gobiernos nuevos. Contra algunos pronósticos y noticias que circularon, Milei ganó, asumió la presidencia y ha durado en ella hasta el presente. Durante este período ha sostenido desde su discurso una suerte de cruzada moral, plagada de referencias mesiánicas y designios divinos, en favor de una idea muy peculiar de libertad individual. A diferencia de otras experiencias neoliberales previas, lo cierto es que hizo campaña señalando en forma explícita la necesidad de un ajuste fiscal feroz que limitara el accionar del Estado en la economía. Sin embargo, también insistió en que este recaería sobre la llamada “casta”, compuesta ante todo por la elite política, pero expansible a empresarios prebendarios y sindicalistas, entre otros.
Habida cuenta de lo actuado en este tiempo, queda claro que anunció una verdad a medias: el ajuste fiscal es feroz, como no hay antecedentes de igual magnitud, pero gran parte de la casta está de fiesta. En los hechos, lo que se ha propiciado hasta el momento es una descomunal transferencia de ingresos desde la clase trabajadora (quienes viven o tratan de vivir de vender su capacidad laboral) hacia núcleos muy concretos del gran capital.
Esto ocurre a partir de una intensificación de la recesión y la inflación. Y aunque a nadie resulta extraño hablar de esta crisis, aún persiste la interpretación de que se trata de medidas necesarias a cuento de desequilibrios previos. Esto permite sostener por algún tiempo más la gigantesca transferencia en curso. El gobierno, sus usinas mediáticas y su claque de exégetas han venido destacando el “éxito” de la política económica que, en su mirada, se manifiesta en tres aspectos: equilibrio fiscal, superávit comercial y desaceleración de la inflación. Veamos cada uno.
Ajuste fiscal feroz
En materia fiscal hay que tener bien presente que la situación se explica centralmente por el desplome en términos reales de las jubilaciones y las pensiones, lo mismo que de las transferencias a las provincias, las erogaciones de la obra pública y finalmente lo destinado a financiar servicios públicos como la salud y la educación. A ello habría que agregar la virtual cesación de pagos en la que incurrió el Estado nacional con algunas empresas (en especial, con Cammesa, ligada a la distribución de energía eléctrica).
Sobre las jubilaciones, cabe destacar que cayeron casi un 30% en este trimestre respecto del período previo. A su vez, no se puede pasar por alto la drástica retracción que experimentaron los salarios de los trabajadores estatales, superior a la verificada en otros momentos de expropiación de los sectores populares. Tomando también a quienes trabajan en el sector privado, el salario registrado tuvo una caída promedio del 20% en los primeros dos meses. No solo eso, el Estado ajustó especialmente en aquellas políticas públicas que colaboran para reducir la desigualdad de género, que declinaron un 33% (por encima de la caída del 24% del gasto general). Las políticas sociales han sido tan recortadas, que el propio FMI advirtió sobre sus efectos sociales en la última revisión del acuerdo que tiene vigente con la Argentina.
De modo que el ahorro fiscal ha sido descargado fundamentalmente sobre las personas que trabajan en el Estado, sobre las mujeres, sobre quienes perciben jubilaciones y pensiones, quienes utilizan la salud pública y se educan en la escuela pública, y quienes trabajan en la obra pública (las cámaras empresariales indican que en los primeros dos meses se perdieron alrededor 100.000 puestos de trabajo en el sector).
Como contrapartida, el renglón del gasto que ha venido creciendo, y mucho, es el que se vincula con los pagos de la deuda pública o, dicho de otro modo, con garantizar la canalización de recursos del conjunto de la sociedad al capital financiero (local e internacional). Las evidencias disponibles expresan de modo elocuente cuál es el orden de prioridades de los “libertarios”: a comienzos de este año los pagos de la deuda representaron el principal componente del gasto del Estado desplazando a las jubilaciones al segundo lugar. Sí hay plata, pero se la llevan los acreedores.
Vale la pena enfatizar que los números fiscales de febrero mostraron una caída severa en la recaudación de todos los impuestos ligados a la actividad doméstica, centralmente el IVA y el impuesto al cheque. Es decir, la recesión inducida por el ajuste fiscal y el declive de la demanda interna, que es prácticamente generalizada, hace que caiga la recaudación, haciendo necesario más ajuste fiscal, que genera más recesión y… el perro se muerde la cola. El tributo que siguió aportando recursos es el denominado PAIS, lo cual ha sido un argumento por el cual el gobierno todavía no ha podido desarmar los controles cambiarios, más allá de los problemas de dólares.
Debilidad externa
Justamente, en lo que respecta al balance comercial, el cuadro de “holgura” se explica en parte por cierta liquidación de exportaciones (sobre todo del rubro energético) y, en lo sustantivo, por una acelerada caída de las importaciones. Esto último es efecto (previsible y buscado) de la recesión económica, lo mismo que por el manejo discrecional en el abastecimiento de divisas para los importadores. El desplome de la actividad significa menor inversión y pérdidas de empleo. Sostener este bajo nivel implica profundizar la recesión: no hay un reemplazo de importaciones, se sostiene con crisis. Es interesante porque la propia crisis de actividad e ingresos ha frenado en seco la compra de dólar ahorro minorista, e impulsó incluso su venta en el mercado ilegal, lo que frenó la fuga de capitales y disminuyó la brecha cambiaria. A base de crisis. Por el lado de las exportaciones, aunque este año la cosecha no está amenazada por una sequía histórica como la de 2023, hay grandes dudas en las bolsas de valores locales sobre las cantidades y los precios, y sobre la propia liquidación de las ventas por parte de las grandes acopiadoras que, como es habitual, presionan para convalidar un nuevo salto en el tipo de cambio.
Este resultado permitió que el Banco Central adquiera divisas los primeros dos meses de gobierno, aunque se estancó desde entonces. De hecho, no ha podido entregar dólares a los importadores, vendiendo en cambio unos bonos novedosos (BOPREAL) bajo la promesa de entrega futura de divisas. Además de implicar una exposición en moneda extranjera para el Banco Central, esos títulos tienen el aditivo que sus tenedores pueden exigir su recompra en cualquier momento, siendo así instrumentos muy sensibles a la coyuntura financiera y cambiaria. Para poder sostener el balance externo, el gobierno ha dispuesto una batería de instrumentos para revitalizar la famosa bicicleta financiera, lo que ha sido logrado con creces. Se anunció un canje de deuda en pesos del Tesoro por el equivalente a 64.000 millones de dólares (la mitad está atada a la cotización del dólar), al tiempo que se autorizó a emitir nueva deuda por 12.000 millones de dólares y 5 billones de pesos. Y aunque la tasa de interés de referencia no logra cubrir la inflación nacional, supera la tasa esperada de devaluación: permite tener ganancia en dólares, aunque licúe los ahorros en pesos. Una vieja triquiñuela para sostener el ajuste, la de convocar fondos especulativos de corto y cortísimo plazo.
Inflación récord
En materia inflacionaria, bajo el argumento de que la suba de precios se asocia de manera unívoca con la emisión monetaria (resultante, a su vez, del déficit fiscal), lo que ha desplegado hasta aquí el gobierno es algo clásico para el enfoque monetarista: “déficit cero” (sobre las bases apuntadas más arriba) y desmonetización, esto es, una virulenta licuación del valor real de los pesos en circulación y en disponibilidad de las personas. Esto hace que no asocien la disparada de precios a la brutal devaluación de diciembre de 2023, la liberalización de precios, la autorización de subas de la medicina prepaga y las escuelas privadas, el aumento de los combustibles o la suba de tarifas. Los tres meses de gobierno han sido los tres de mayor inflación desde 1991.
Y, sin embargo, en ese marco, el presidente y sus secuaces celebraron la inflación mensual de febrero del 13,2% como un éxito, de supuesto retroceso en esta dinámica. Con todo, las remarcaciones no han cedido en rubros sensibles al consumo popular, como los alimentos y los medicamentos, lo cual ha llevado al gobierno a hacer gala de un pragmatismo notable, al sentarse a negociar con grandes formadores de precios o alentar el ingreso de importaciones como vía para “disciplinar” a esos jugadores. La demora en aplicar subas de tarifas expresa esta misma preocupación. La inflación era un fenómeno monetario en todo tiempo y lugar… hasta que toca gobernar y el “mundo real” no para de dar muestras de lo inconsistente del marco teórico “libertario”.
La continuidad en la reducción de la inflación (insistimos, aún a niveles récord) depende centralmente de la continuidad del ajuste fiscal y monetario, la recesión, la licuación de ingreso, pero también del ancla cambiaria. Se requiere que no haya abruptas nuevas devaluaciones. Para ello, es preciso que los acopiadores del agro empiecen a liquidar la cosecha, que ingresen las inversiones especulativas que referíamos antes, o que se establezcan condiciones para un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Todo lo cual imprime un escenario de elevada precariedad económica que pone en duda la atracción de las divisas que se necesitan. Por estas y otras razones, la deriva del rumbo económico ha suscitado críticas incluso de parte de think tanks ultraortodoxos (como el CEMA).
Un plan de ajuste grotesco
Por todo lo planteado, aún es temprano para considerar que estamos viviendo un plan de estabilización. Como mucho, que no es poco, se está ante un drástico y profundamente regresivo reordenamiento de precios relativos, algo que suele preceder a los planes de estabilización. Tampoco ha logrado el gobierno pasar grandes reformas estructurales. Lo que sí está en curso es un severo proceso de ajuste fiscal, que muestra una distribución de resultados bien clara, sobre la cual se regodean con crueldad los fanáticos del gobierno.
Entre los ganadores de esas traslaciones de ingresos se encuentran el capital financiero, los sectores concentrados de la producción y la comercialización, algunos proveedores de servicios regulados y las compañías petroleras. Entre los perdedores, claramente y, en primer lugar, los trabajadores y todas las personas que viven de un ingreso fijo (jubilaciones y pensiones, planes sociales, etc.), en especial quienes están en posición de mayor vulnerabilidad. También están perdiendo gran parte de los segmentos empresarios que sostienen su acumulación en el mercado interno.
Sobre esto último, todo indica que estamos frente a un inminente y nuevo industricidio en la Argentina, como ocurrió en la última dictadura cívico-militar, bajo la convertibilidad y en tiempos del macrismo. La industria está operando al 54% de su capacidad instalada, valores solo comparables con el primer semestre de 2020 en plena pandemia de COVID-19. Básicamente, muchas empresas enfrentan (y afrontarán) serios problemas de sustentación ante la retracción del mercado interno, en un escenario muy complejo signado por la apertura comercial, la suba de costos (servicios públicos, logísticos, etc.) y la ausencia de políticas productivas en general, y de financiamiento en particular. Un combo que ya probó ser letal para buena parte de las industrias de nuestro país, en especial las ligadas a la micro, pequeña y mediana producción. Y que desembocó en situaciones críticas en muchos frentes, por ejemplo, en el laboral.
Hasta aquí el manejo de la economía ha probado ser eficaz para consumar una ostensible expropiación del campo popular. Lo que es cada vez más evidente es que ello es inconsistente en términos de la gobernabilidad social y política, así como de la plena vigencia de las libertades democráticas. Una cosa es asegurar rentabilidad extraordinaria para algunos pocos capitales concentrados y otra muy distinta es que ese proceso sea apoyado por los sectores que lo hacen posible merced a la degradación de sus ingresos y sus condiciones de vida. De allí que no sea casual que, en ese escenario, importantes actores del “círculo rojo” o de la “casta” (incluyendo, por caso, a Paolo Rocca, el FMI, la embajada de EE.UU. y el propio Domingo Cavallo) han venido planteando advertencias de distinta índole sobre esta cuestión.
El programa económico del gobierno no es nuevo en su sentido, solo lo es en su intensidad. Y, por el momento, en la falta de consideraciones sobre su viabilidad social y política. Si las advertencias de sus afines ideológicas son certeras, su camino de ajuste nos lleva directo a un nuevo estallido económico y social. Nuevos ropajes para una vieja obsesión del poder económico, liquidar nuestras vidas. Por suerte, los procesos económicos son a la vez, y fundamentalmente, procesos sociales: la calle también habla e incide (o podría hacerlo) en el devenir de los acontecimientos.
Fotografía: Télam