Carlos La Serna |
La categoría social más gravemente golpeada por el discurso y la práctica del gobierno hoy en el poder es sin duda la que constituyen trabajadores y trabajadoras, algo que se proyecta no sólo sobre las personas hoy activas, también sobre el trabajo pretérito que representan jubilados y jubiladas, como sobre el aún más incierto trabajo futuro.
Esto no es nuevo pero adquiere gravedad inusitada bajo la democracia. Se trata de una saga de regímenes neoliberales que, al abrigo de la ignominiosa tarea de la dictadura cívico militar, se inicia en democracia con los gobiernos de Menem, De la Rúa, Macri, para volver a escenificarse bajo el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). En todos ellos se buscó imponer una perspectiva mercantilizante y opresiva en desmedro de las condiciones de bienestar y de las políticas que las sostuvieran.
No obstante, éstas periódicas ofensivas sobre el trabajo y lxs trabajadorxs han sido resistidas y en caso rechazadas bajo la democracia, algo de lo que dan cuenta procesos como los que vivió Latinoamérica en la década y media inicial del presente Siglo, años en los que el ascenso de fuerzas políticas en articulación con colectivos y movimientos sociales llevara a la constitución de gobiernos que sostuvieron una perspectiva democrático-popular. Cabe apuntar no obstante, que tales programas no lograron la densidad política que permitiera evitar el acceso pendular de una derecha primero institucional, luego extrema, pero siempre refractaria a los derechos laborales.
Tales avances y retrocesos, expresión de relaciones sociales que tienen en el trabajo y en el empresariado, como categorías sociales y como prácticas, el eje de una conflictiva controversia propia del capitalismo que tuvo en el intervencionismo de bienestar un imaginario que con amplio apoyo social se extendiera al presente, más allá de su auge entre 1945 y mediados de los años 70.
La incorporación al empleo formal del trabajo, al cual el liberalismo pre existente sometía a condiciones de opresión y destajo, constituye el núcleo de los regímenes de bienestar. La gran crisis del 29/30[1] y el avance de las luchas obreras conducen a la desarticulación de los principios liberales de organización social, algo paralelo al reconocimiento del Estado como regulador de las relaciones sociales y del trabajo y las asociaciones sindicales como actores de pleno derecho.
En el caso latinoamericano y especialmente en el de nuestro país, esta transformación comporta el desalojo del conservadurismo y la emergencia de un régimen de base democrático popular que a través de políticas fiscales e industriales apunta al pleno empleo y a la protección del mercado interno. Se amplía así la economía que pasa a incluir a la mayoría de la sociedad en un círculo virtuoso de demanda y crecimiento económico endógeno. La sólida fiscalidad del Estado dada por la captación de excedentes agropecuarios e industriales viabiliza tales políticas, a la vez que crea las condiciones para el acceso a derechos de salud y educación, como a ciertos bienes durables[2]. La vida política se ve asimismo ampliada por la incorporación transformadora de una nueva fuerza política, también por el reconocimiento del sindicalismo como instancia de representación de lxs trabajadorxs. La interacción entre espacios económicos y políticos así ampliados dotan a la democracia de la pluralidad que la significado.
En síntesis la vida laboral bajo el intervencionismo bienestarista se orienta por la conquista de un status dado por reconocimiento del trabajador, la redistribución económica y la participación política, tríada ésta de derechos que opera en el marco de un sistema de protección (Offe) que en el espacio micro otorgan las relaciones de proximidad, en el intermedio las asociaciones sindicales, en el nivel macro la intervención y regulación del Estado. Sobre tal configuración, que no niega el conflicto sino que lo procesa adversarialmente, es que se erige una sociedad de inclusión social.
Avances y resistencias
El Estado de Bienestar o Intervencionista construido entre 1945 y 1955 no fue seriamente afectado sino hasta 1976, año en que la dictadura cívico militar, embarcada en el Plan Cóndor, hiciera uso del terrorismo de Estado para golpear no sólo al paradigma bienestarista aquí descripto, también a aquellos los imaginarios políticos que radicalizaban sus demandas en busca de la expansión de los derechos. No es pura coincidencia que el derrocamiento de aquel gobierno peronista que virara a la derecha, fuese coetáneo al avance material y discursivo de la globalización[3] y al inicio de la crisis de las formas de organización social bienestaristas.
El trabajo dejó progresivamente de constituir en tal contexto una condición social inclusiva, para representar un costo económico y un actor político a los que se vuelve a combatir abiertamente. Recomienza así una historia que se despliega bajo las formas del desempleo y de la precarización laboral, fenómeno éste último cuyo avance llevó a categorizar a estas franjas laborales como “precariado” (Castel) en oposición a “salariado”.
Ambos fenómenos constituyen grados de una ofensiva que tiene como centro el desconocimiento del status social del trabajador, pero comportan daños diferenciados. La precarización despoja de al trabajador/a de los derechos y protecciones propios del “salariado”, tales el desplazamiento del sindicalismo y la disminución de lo que ha sido apropiadamente denominado el “mito de los costos laborales” (Novick). El desempleo al ser desligado de la relación laboral, es condenado a la dependencia de la asistencia del Estado, muchas veces discrecional.
Desempleo y precarización constituyen medidas disciplinantes que promueven una retracción en la participación política, en tanto el trabajador pasa a una situación de indefensión dada por la pérdida o EL debilitamiento de las solidaridades informales, colectivas y estatales propias de la sociedad de bienestar. A la par, el avance del individualismo posesivo arropado de una lógica odiante, pasan a motorizar la matriz subjetiva propia del neoliberalismo y sus sucedáneos.
Los críticos daños del neoliberalismo de los 90 producen resistencias que encuentran una vía en la construcción de formas asociativas de trabajo. Se desarrollan así diversas experiencias de corte igualitario, democrático y territorial, que permiten la (re)constitución subjetiva y colectiva de los expulsados, a la vez que la emergencia de una práctica económica alternativa. Entre otros fueron relevantes al respecto los casos de los movimientos de Empresas Recuperadas, del Trueque y de Trabajadores Desocupados, que con sus diferencias tienen origen o se fortalecen en la ola de desocupación y precarización que produce el menemismo[4]. Parte de lo que podríamos llamar genéricamente economía social y solidaria, fue apuntalada en el período 2003/2015 por la aplicación de políticas estatales de promoción crediticia y tecnológica, como de programas de sustitución de ingresos (Familias por la inclusión social y Asignación Universal por Hijos)[5].
Por otro lado bajo tal período el empleo registrado e industrial crece, mientras que una baja sostenida del desempleo y una mejora en las remuneraciones de los trabajadores dada tanto por la reimplantación del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) como de las negociaciones colectivas (Beccaria y Maurizio) permiten avizorar un horizonte de rehabilitación en los derechos laborales. No obstante y si bien atenuado, la persistencia del precariado habla de unas relaciones de fuerza que opusieron fuertes límites a las políticas que pretendieran su regularización.
La contracara de tal horizonte, es la que presenta el gobierno neoliberal (NL) de los años 2015/2019, en el que el SMVM cae en su valor, las negociaciones colectivas pretenden ser reemplazadas por acuerdos de productividad, el desempleo y la precariedad crecen aceleradamente (8,9% de la PEA en 2019), mientras que reformas tributarias benefician al capital. A pesar de todo ello la inflación se desata y el NL cae en 2018 en una fuerte recesión que reduce aún más la economía nacional y abre las puertas a su derrota política.
La pandemia agrava todo indicador socio económico, a la vez que el gobierno del período 2019/2023 si bien logra que el empleo crezca significativamente en su último bienio, no impide que la pobreza penetre en el mismo trabajo registrado, potenciando la ya conflictiva situación laboral. El posicionamiento consensualista adoptado estaría así mismo lejos de las aspiraciones electorales, como de las respuestas no sólo salariales que la coyuntura urgía. De este modo, las frustraciones sociales acumuladas desde el 2015 al 2023, contribuirían al ascenso político de la ultra derecha.
Un Estado de excepción a toda máquina
En lo que se ventila como su primera etapa, el gobierno de Milei no tardó en asociar su programa a la profundización del deterioro del trabajo y de los que trabajan. De ello habla el DNU 70/2023, pieza torpe y desproporcionada del decisionismo ejecutivo que, objetada por inconstitucional, fue suspendida en su capítulo laboral a propósito de los amparos presentados por la CGT, la CTA-T y otras asociaciones. La Ley Bases nuevamente ingresada al Congreso, que incluyó así mismo otro capítulo de reforma laboral, fue aprobada por ambas Cámaras en un proceso que hizo de la tarea parlamentaria un espacio de negociaciones espurias conducidas con destreza por el Diputado Pichetto, a la par que aseguradas por una indisimulada compra de voluntades.
La reforma producida bajo tal destrato, ataca por diversos flancos lo que el empresariado considera costos laborales excesivos. Habilita la aplicación por convenio del Fondo de cese laboral (Art. 93) que desplazaría la indemnización; amplía el periodo de prueba a 6, 8 y 12 meses según el tamaño de la empresa, períodos bajo los cuales se habilita el despido sin causa ni indemnización (Arts. 89 y 95); elimina sanciones por la falta de registro de empleados; permite la contratación ó locación de colaboradores, la flexibilización de las relaciones de trabajo y la tercerización laboral, disposiciones que suman todas en el proceso nunca acabado de precarización del trabajo.
El rol político de las asociaciones sindicales es así mismo limitado no sólo por la figura de colaboradores y la flexibilización apuntadas, también porque se incorporan como nueva causa de despido acciones que en casos de medidas de fuerza afecten la libertad de trabajo, mientras que el Artículo 84 excluye a las asociaciones sindicales como posibles denunciantes de la falta de registro de las relaciones laborales, dejando ello en manos del trabajador.
Pero no todo pasa por tal forzada legalidad. El gobierno, haciendo gala de una impronunciable agresividad propia de una obsesión compulsiva, desarrolla todo un programa de desestatización, esto es de mercantilización que no requiere “visa” parlamentaria y que representa otra muestra de la fortaleza del Estado de Excepción como forma dominante de nuestra configuración institucional. Ello se materializa, por un lado, en un ajuste del gasto que lleva a un tan festejado como falso superávit fiscal, cuyo costo social (desempleo y recesión) deriva del deterioro de haberes jubilatorios y remuneraciones y de la suspensión cuasi total de transferencias y obras públicas en marcha[6].
Por otro lado, tal agresión indirecta sobre el trabajo y los trabajadores se complementa con un recorte del empleo público que afecta en primer término al personal precarizado del Estado, algo que permite contabilizar al cabo del primer trimestre del año en curso (2024) la anulación de alrededor de 20.000 contratos, siendo el objetivo arrasar trimestre a trimestre con los 70.000 trabajadores de esta categoría. Junto a ello, y según trascendiera, el gobierno quiere dar cuenta de unos 100 mil trabajadores pertenecientes a organismos no centrales en los que se habrían detectado excesos de personal. Ello llevaría a una disminución del empleo público de entre el 25 y el 30%.
La desregulación es otra vía que aplicada en mercados oligopólicos, más que favorecer la competencia, se traduce en mayores niveles de dominación conjunta de precios, calidades y cantidades que encarecen el acceso a los productos o servicios, siendo así parte indirecta del ataque al trabajo[7]. Por caso, la desregulación de la medicina prepaga ha obligado al Estado a retomar el control para intentar una reducción de las tarifas que las prestadoras elevaron escandalosamente. La desregulación más reciente, la del mercado aero-comercial, tiene a Sturzeneger como su ejecutor y a la soberanía, la seguridad aérea, la aerolínea de bandera y a todo su personal, como sus blancos directos.
Si todo lo anterior constituye el accionar de gobierno en su primera etapa de gestión, la segunda coincidente con el ascenso de Sturzeneger a Ministro, incluiría un avance desregulador sobre la ya retrógrada reforma laboral de la Ley Bases, consistente en la habilitación de contratos laborales sin derechos, jornadas de trabajo más amplias y tickets de comida como beneficios no remunerativos. (El Numeral, 23/07/24)[8]. Pero la llegada de este otro tecnócrata del capital financiero al elenco gubernamental, no parece conformar a la prensa aliada. La Nación del 05 de agosto pasado lo titula así: “Luego de las críticas y las demoras, el Gobierno reglamentó la primera parte de la Ley Bases”, precisando en el copete: “Más de un mes después de la sanción de la ley en el Senado, fueron oficializadas las privatizaciones y delegaciones de facultades”.
El despliegue de todas estas líneas de acción genera una fuerte recesión que recibió su primer impulso con la devaluación del 118% en el valor del peso producida en los primeros días de gobierno. Según estimaciones se habría llegado a una caída del 9,9% respecto a igual mes del 2023 y a un 12,3% por debajo del mes de agosto, el mejor del 2023 (El Destape, 11/07/24). En ese marco, un informe de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), denunció que “Milei y Caputo destruyeron 10.000 pymes en 6 meses”, cantidad que se considera equivalente a las 8.600 Pymes que se creaban anualmente.
El impacto sobre el empleo privado es así mismo destacado en un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA) según el cual la pérdida de empleo industrial “en el primer trimestre de 2024 llega a 58 mil puestos de trabajo, de los cuales 11 mil corresponden a Pymes”[9]. Tales cifras muestran que las grandes empresas anticiparon con sus 47 mil despidos el proceso que están viviendo actualmente las Pymes (El Destape, 11/07/24), las que prevén cierres de 12.000 empresas y el despido de 47.000 trabajadores a lo largo del corriente año (Tiempo Argentino, 01/08/2024).
Una insoportable consecuencia del drástico deterioro de los ingresos y capacidad adquisitiva[10] de este abanico de medidas regresivas, es el incremento de la población trabajadora bajo las líneas de la pobreza y la indigencia. Según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA con base en datos de la Encuesta Permanente de Hogares publicados por el INDEC, la pobreza llegó en el primer trimestre al 54,9% y la indigencia al 20,3% de la población.
Para cerrar
El sometimiento del trabajo a la lógica puramente económica representa sin duda un imperativo sistémico, esto es una condición ineludible a la implantación de una sociedad del puro capital en la cual el único actor genuinamente reconocido en sus derechos y prerrogativas es el empresario. El capital encarnado en sus titulares y gestores asume bajo la activa protección del Estado un lugar y una práctica que dualizan y jerarquizan las relaciones sociales. Ello resulta claro cuando se verifica que las políticas de LLA buscan ir más allá del deterioro que sufre el trabajo, para avanzar en el despojo de los derechos y protecciones que aún persisten para ese porcentaje reducido de la población que goza de una modalidad formal de trabajo.
El programa esencialmente destructivo del anarco capitalismo pareciera encontrar en el trabajo un terreno crucial, en tanto es allí donde se concentran todavía los restos del tejido inclusivo que materializaban el reconocimiento, la redistribución y la participación política bienestaristas, dimensiones todas atacadas ferozmente por las políticas en marcha. Resulta claro, bajo la perspectiva de la derecha extrema el trabajo no registra positividad alguna como no ser la de su sujeción a sus objetivos.
La sociedad del bienestar fue bien denominada sociedad del trabajo, significando con ello lo que constituyera su sentido dominante. Su ya largo declive representa un signo de crisis que deviene de la imposición progresiva de un paradigma excluyente que sustituye los procesos productivos por la renta propia de la especulación y el extractivismo financieros. Tal capitalismo no puede ofrecer más que un modelo de sociedad cuya sobrevivencia estará atada a la represión física y al sometimiento subjetivo y colectivo. Ningún sentido inclusivo puede ser derivado de este capitalismo que dogmática y brutalmente levanta LLA en nuestra sociedad.
Tal vía, provista de todos los poderes y prerrogativas imaginables, no logra sin embargo estabilizarse en un mundo en el que democracias populares y progresistas surgen y (re)surgen en espacios tan distantes como diferenciados. Es en este contexto que el futuro del trabajo puede ser imaginado bajo formas alternativas que, bajo el eje de un intervencionismo democratizante, fortalezcan diversas modalidades de inclusión social, tales las del trabajo asociativo, las del cooperativismo, la del ingreso ciudadano o universal, como aquella de la necesaria reparación de los daños que producirá LLA al trabajo, en cualquiera de los tiempos en que lo hemos considerado.
[1] Derrotero aquel de una economía financiera librada a sus propias fuerzas.
[2] Particularmente a la vivienda, mediante la regulación de los alquileres y el financiamiento busca compensar las dificultades de acceso del trabajador a un bien fuertemente mercantilizado.
[3] Internacionalización, mundialización, imperialismo por desposesión, entre distintas interpretaciones que se proponen sobre tal fenómeno.
[4] Esta vía, continuadora del cooperativismo originario, puja por una salida alternativa a la crisis del trabajo a partir de formas asociativas y cooperativas en las que la propiedad, la producción y la distribución de lo producido obedecen a criterios de horizontalidad democrática entre sus participantes.
[5] La experiencia de este período fue recreada más recientemente como eje de nuevos colectivos sociales, de los cuales la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) constituye un caso relevante.
[6] La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en informe del periodo marzo 2023 a marzo 2024, muestra que el superávit primario de 3,4 billones de pesos se logró a expensas de recortes en el 83,3% de los gastos de capital, en 57,9% en subsidios y en 85,1% las transferencias a provincias (entre ellas el FONID[6]) y universidades. Así mismo los haberes jubilatorios no compensados por bonos tuvieron una baja real de 42,0% a/a en el trimestre, mientras que los haberes con bonos se redujeron 27,8% a/a real. Paralelamente las transferencias de capital a empresas públicas, provincias y municipios y equipamiento educativo se redujeron más del 90%[6]. Un examen sin duda imperioso refiere a la legalidad de estos recortes en tanto varios de los fondos “congelados” han sido establecidos por ley del congreso.
[7] Quizás el caso más relevante sea el del mercado de los alimentos cuya desregulación ocurrió de hecho entre los años 2022 y 2023, en tanto los dispositivos reguladores jamás fueron debidamente utilizados, entre ellos la Ley de Abastecimiento.
[8] Más genéricamente la “ley hojarasca”, que también prepara dicho personaje, dará seguro pruebas de esta vocación gubernamental por una Argentina tan libre de regulaciones, como dejada en manos de los poderes e intereses de los grandes capitales.
[9] Bajo el mismo tenor puede consultarse el excelente informe del CEPA: “Análisis de la dinámica laboral y empresarial (11/23 – 4/24)”, Julio de 2024.
[10] La CAME dio a conocer a abril de 2024, una caída del 7,3% de las ventas minoristas, lo cual en el acumulado del año, representa un 18,4%. https://www.redcame.org.ar/estadisticas-pyme/78/ndice-de-ventas-minoristas