Revista La Cigarra: Alicia Servetto, Ana Mariani,
Carlos La Serna, Florencia Ferreyra, Carlos Fidel,
Julio Castellanos, María Inés Laje, Mónica Inés Flores,
Martín Schoor, Humberto Zambón.
La categoría de preso político, poco usada en referencia al grave acontecimiento que estamos viviendo, refiere primeramente a personas encarceladas por su postura y/o militancia política, mediando en ello no la ilegalidad de los procesos correspondientes, sino la voluntad política del poder en ejercicio. Es éste el sentido de la proscripción a la que de por vida ha sido condenada Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Renunciamos a enumerar los problemas de lo que no cabe denominar un proceso de juzgamiento, en tanto lejos de valorarse las pruebas a la luz de la legislación vigente, se ha caído en la condena contra viento y marea, más allá de todo apego a derecho, haciendo del castigo un hecho político arbitrario.
Pero junto al inmenso daño personal y político que ello produce a CFK en tanto ciudadana, ex presidenta y candidata de la mayor fuerza opositora, la sentencia tiende a instituir una práctica de violación de los derechos políticos, que bajo este gobierno se viene intensificando en diversos ámbitos, cuestión que nos ha habilitado a hablar de Neo-totalitarismo
La diligencia con que la Corte suprema actúa a partir del anuncio de la candidatura de CFK, la visita del juez de sentencia realizada a una unidad de detención, el apresamiento de Juan Grabois ordenada por el mismo Milei por su pacífica protesta, la presión sistemática desatada por los medios dominantes a favor del castigo inmediato, no constituyeron sino aprestos de lo que sería luego una sentencia de la Corte que la condena a seis años de prisión y que la inhabilita a perpetuidad para el ejercicio de cargos públicos. Se impide así su participación en las próximas y ulteriores elecciones.
Sin pudor alguno se exhibe otra vez el poder instrumental que con destreza propia de mejores propósitos se viene manejando desde las alturas de la justicia y del poder ejecutivo en su gestión de las cuestiones públicas. Ello no constituye un hecho coyuntural, se recuesta por el contrario en el cultivo de ese ya ancestral rechazo odiante de toda expresión popular, impulso que se ha concentrado en las últimas décadas en el kirchnerismo. Ese visceral sentimiento anti democrático se asienta en el pensamiento conservador de amplias franjas de la sociedad, pero también en corporaciones empresarias y partidos en defensa de intereses particularistas. No puede soslayarse al respecto la identidad femenina de CFK, a la que se considera poco menos que impía frente a las normas y reglas sociales y políticas impuestas a fuerza de autoritarismo. Pero esta negatividad política que caracteriza a la derecha, recibe así mismo el beneplácito de poderes globales, exhibidos por éstas latitudes por el funcionariado que habita La Embajada, el departamento de Estado, el Comando Sur, ciertas embajadas, etc., etc. Tal abigarrada red constituye la plataforma multi propósito desde la que se sostienen e impulsan las ansias proscriptoras de este régimen seudo-democrático.
Todos sabemos que este recrudecimiento represivo tiene origen en la dictadura, última experiencia militar que dio continuidad a su brutalidad genocida con ese falso anticolonialismo que ensució la causa Malvinas. Ese derrotero fue temprana y valientemente interpelado por los organismos de derechos humanos, generándose las condiciones para un consenso político dirigido a sostener la democracia, espacio que permitiría dirimir los conflictos en un marco de vigencia de los derechos e intercambio político público que pondría fin a asonadas y obscurantismos.
El lawfare al frente
No obstante su significación histórica, dicho pacto, que es seriamente violentado bajo el gobierno de Alfonsín, tiene en la institucionalización del neoliberalismo una advertencia, un significativo punto de resquebrajamiento. El PRO, representando los intereses enjugados por el proceso de globalización, jugará como mascarón de proa de una derecha que inca sus más retrógradas iniciativas en la destrucción de los avances progresistas promovidos y construidos centralmente bajo los gobiernos del período 2003/2015. Se valdrá para ello del lawfare, tecnología que detenta al sistema judicial, a los organismos de inteligencia y al mismo poder ejecutivo como piezas de un dispositivo de operación estatal, a partir del cual se instrumenta toda una estrategia tendiente a la incriminación falseada de principales figuras ligadas al kirchnerismo. Con el franco apoyo no sólo periodístico de los medios dominantes, se produce así una sistemática violación de las garantías legales, producto del armado de denuncias, expedientes y múltiples incriminaciones.
La causa vialidad constituye un “caso ejemplar” de lo que señalamos. Las objeciones marcadas no sólo por la sólida defensa de la ex presidenta, no dejan lugar a dudas respecto a la sistemática falsedad del procesamiento llevado a cabo, falsedad que no logró impedir que la Corte Suprema (CS) en una arbitrariedad sin límites fallara en la causa sin efectuar una revisión de lo actuado. Lejos de hacer justicia, el objetivo ha consistido sin más en sentenciar la proscripción e inhabilitación perpetua de la ex presidenta.
La proscripción un imperativo del neo-totalitarismo libertario
Cuando la política estatal suprime sistemáticamente derechos de todo tipo, cuando las protestas ante tal actuación son duramente reprimidas, cuando el único valor esgrimido es la continuidad de un falso superávit fiscal con el que se busca justificar la salvaje destrucción de bienes, servicios y producciones estatales, cuando se libera el mercado al ingreso y salida de capitales, cuando el endeudamiento crece sin solución de continuidad, cuando la pobreza y el hambre acucian, cuando se proscribe a la presidente y candidata del principal partido de oposición mediante un procedimiento judicial seriamente objetado, es claro que estamos frente a un régimen de gobierno que cabe calificar como neo-totalitario.
El neo-totalitarismo libertario, junto a degradar las condiciones sociales, actúa en lo político mediante dos modos básicos: la mentira organizada y la agresión sistemática. Busca con lo primero crear historias incomprobables, situaciones falsas, realizaciones inexistentes, futuros ya irrealizados. La agresión, verbal, material, violenta, inhumana busca aplacar toda expresión política que diverja respecto a los criterios de aquella que se ejerce desde el Estado. Se pretende con ello dejar en estado de inanición a la democracia, marco en el cual cabe entender la proscripción materializada en la persona de CFK. Se trata en efecto de una condición necesaria al avance de régimen libertario, en tanto se niega la realización la veracidad y la pluralidad política. Lo que se busca no es otra cosa que despojar a la democracia de esa capacidad transformadora que surge del intercambio adversarial entre diversas perspectivas político ideológicas. La democracia está en riesgo de pasar a constituir una total formalidad, una ficción cuyas escenas velan el sometimiento que sobre la sociedad se ejerce desde el Estado.
En resumidas cuentas, la proscripción de CFK constituye un momento de profundización, el punto más alto quizás, de un proceso ganado por el odio que como sugerimos avanza bajo la democracia a partir del período de gobierno 2015-2019 y se profundiza bajo el gobierno de LLA. Recordemos a Milei: «Me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro» (21.10.24) ejercicio de violencia verbal éste que traspuso todo límite y que, a la luz del fallo de la CS, fue solidariamente acompañado por declaraciones de Macri que elogian la eficiencia de la justicia y la corrección de la sentencia.
No obstante, a esta profundización del itinerario neo-totalitario, como a todo ejercicio arbitrario del poder, corresponde el imperativo ético de la resistencia. La convicción popular en el ejercicio de los derechos democráticos, impulsada no en oposición sino con autonomía respecto al sistema representativo, muestra hoy (11.06.25) a jubilados, a personal del Garrahan, a estudiantes vinculados a las demandas universitarias, a militantes peronistas y de partidos de izquierda, a trabajadores de distintos gremios, etc., asumiendo todos ellos el rechazo a la proscripción de CFK y la defensa de la democracia.
Tiende a consolidarse así ese espacio político que aglutina diversas demandas en torno al encuentro de los miércoles de los jubilados. Las exageradas vallas metálicas obstruyendo otra vez el derecho a la protesta llevaron a los manifestantes a expresarse en Plaza de Mayo, lo que no impidió no obstante la represión de las fuerzas policiales. Actos similares se reproducen en ciudades provinciales, mientras se mantiene un masivo acompañamiento a CFK en torno a su domicilio. Se han registrado también innumerables pronunciamientos tanto locales como extranjeros. Quedan por analizar las consecuencias políticas que desatará la proscripción, tanto a nivel de los partidos, como de las organizaciones colectivas que luchan por sus derechos, por detener el deterioro de la vida y de la democracia. Tales consecuencias no son evidentes, pueden producirse efectos inesperados, contrarios a los esperados, algo que la (re)centralidad de CFK al interior del peronismo podría estar anunciando.