Se aborda la violencia doméstica en sus aspectos íntimos, sociales y judiciales, complejidad relacional que demanda la asistencia de testigos expertos. | Laura Cantore
La violencia en el ámbito familiar surge en sistemas de relaciones de poder asimétrico, donde las dinámicas de control y dominación se entrelazan con factores sociales y culturales. Este contexto es fundamental para identificar un proceso que suele iniciarse en la infancia de las víctimas y transmitirse generacionalmente. La figura de los testigos expertos es esencial para lograrlo.
Se denomina testigo experto a aquella persona con conocimientos especializados en un área particular, relevantes para un caso legal. A diferencia de un testigo ordinario, que solo puede dar fe de lo que ha visto, oído o experimentado, un testigo experto utiliza su experiencia y formación para ayudar al tribunal a entender aspectos técnicos o complejos del caso.
La violencia económica en la familia es toda acción u omisión que de manera directa o indirecta se ejerce en el marco de la familia por uno de sus miembros en contra de mujeres, población LGTTTIBQ+ y hombres subalternizados, produciendo perjuicio económico, psicológico, físico y aun la muerte. Opera en diferentes momentos de la vida: por ejemplo, el matrimonio o la unión convivencial es un momento clave donde el control del dinero sirve para manipular, dominar, descalificar y victimizar a una mujer recluyéndola a las tareas domésticas del hogar y los hijos, actividades que suelen no ser valoradas económicamente, que terminan sometiéndola y aun coartando la posibilidad del divorcio por temor a las represalias del cónyuge o la imposibilidad de alimentar a los hijos. Una mujer divorciada con una situación económica precaria depende del cumplimiento de los deberes alimentarios, frecuentemente vive con recursos inferiores a los que tenía, debe conseguir un trabajo que generalmente es mal remunerado y al mismo tiempo hacerse cargo del cuidado y educación de los hijos. Ocurre repetidamente que estas mujeres deban invertir una significativa cantidad de tiempo en trámites judiciales para lograr una cuota alimentaria, a menudo insuficiente, para sentir una vez más cuan sometida esta al poder del varón y del sistema patriarcal. Esto se agrava con la discusión por el hogar conyugal, la dificultad para liquidar los bienes gananciales, el deterioro de las compensaciones económicas cuando se demoran en la justicia y la extorsión constante que significa aceptar lo que su pareja le ofrece o seguir transitando tribunales para hacer exigibles sus derechos.
Heredar no siempre es una alegría para la mujer. Si el poder económico familiar lo detentó un sector de la familia, habrá infinitas formas de evitar que ella acceda a aquello que le corresponde, algo que se ve aún con más claridad cuando de empresas de familia se trata: falsificación de firmas, maniobras de vaciamiento, constitución de nuevas figuras societarias que la excluyen, imposibilidad de acceder a datos fiscales y un extenso etcétera que la excluye de sus derechos. Para una mujer sin formación específica, es prácticamente imposible seguir el derrotero de sus bienes.
“Ocurre repetidamente que estas mujeres deban invertir una significativa cantidad de tiempo en trámites judiciales para lograr una cuota alimentaria, a menudo insuficiente, para sentir una vez más cuan sometida esta al poder del varón y del sistema patriarcal.”
Este esquema es transversal a cualquier sector social en el que priman relaciones de sometimiento, control a través del dinero con un sistema judicial que casi no tiene internalizada la problemática confundiéndola, maliciosamente o no, con ideología. Recién a principios del año 2020, en una resolución de la Justicia Federal en el caso de Dolores Etchevehere [1], la justicia habla literalmente de violencia económica. Este caso conmociona al país por los niveles de impunidad con los que se manejó la exclusión arbitraria de Dolores Etchevehere de sus derechos sucesorios.
Con más frecuencia de la que se cree, la violencia económica mata, generando suicidios, alcoholismo, trastornos alimentarios, depresión, y se reproduce en diferentes generaciones que aprendieron a vincularse solo violentamente. Tiene impacto no solo en los individuos que la padecen sino también en el sistema familiar que lo produce y soporta. Es crucial que el sistema de justicia entienda estos matices para poder ofrecer protección y apoyo adecuados a las víctimas. La incorporación del testigo experto puede arrojar luz sobre la complejidad de estas estructuras de poder que se encuentran ocultas en un espacio idealizado como la familia.
Laura Cantore. Dra. en Derecho y Cs. Sociales. Posdoctorada en Géneros. Presidenta de la Fundación Una Puerta.
[1] A fines del año 2020 constituimos como ONG a la Fundación Una Puerta y durante el año 2025 declaramos como testigos expertos en la causa de Usurpación que se seguía en contra de Dolores Etchevere. Los argumentos facilitaron la comprensión de la perspectiva de género y pudieron identificar la violencia que padecía la imputada