Juan Pablo Cossutta |
Pasaron apenas cuatro años del estallido social en Chile, tiempo en el que la política y la ciudadanía no han logrado consensos mayoritarios y dos proyectos de nueva constitución, el primero por izquierda y el segundo por derecha, fueron rechazados.
Un grupo de jóvenes en edad de colegio secundario saltaban los molinetes del Metro de Santiago. Reclamaban por un aumento de 30 pesos en el costo del pasaje. Sin que los grandes medios de comunicación le dieran cobertura, los videos volaban a través de redes sociales y sistemas de mensajería. Era octubre de 2019. Ese día, miles de chilenas y chilenos se sumaron a la protesta. “No fueron 30 pesos, fueron 30 años”, era una de las consignas que corría por la protesta, poniendo en duda la encorsetada democracia que Pinochet le dejó a Chile. Bajo el hashtag Chile Despertó, el mundo vería como el estallido crecía, al ritmo que también lo hacía la represión del gobierno de Sebastián Piñera: carabineros disparaban a los ojos manifestantes. Día a día, más gente se reunía a protestar en la Plaza Italia, rebautizada Plaza Dignidad. El 25 de octubre se realizaba la marcha del millón. Las paredes de Santiago gritaban, no había, en kilómetros a la redonda del centro de la ciudad, una pared que no expresara proclamas. El gobierno mantenía la represión y no sabía cómo salir adelante. Desde el seno de una manifestación, se exigía la renuncia de Piñera. Tiempo después, a esta etapa se la denominará Octubrismo. Pero la ausencia de nuevos líderes legitimados hacía dificultoso el diálogo y las negociaciones. Los reclamos eran tantos (salud, educación, pensiones, trabajo, vivienda, paridad, pueblos originarios, etcétera), que el Octubrismo no logró una representación que sintetizara una posición consensuada.
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En noviembre surgiría una consigna que por ese entonces se leía superadora: una nueva Constitución. Piñera aceptaba y planteaba que se realice un plebiscito para que la ciudadanía eligiese si quería una nueva Carta Magna para abandonar el texto de la dictadura de Pinochet y, en caso que sea afirmativo, quienes debían escribirla: una convención constituyente o una convención mixta, mitad de constituyentes y mitad elegida por el Congreso. Con plebiscito fechado para abril de 2020, el Noviembrismo se imponía al Octubrismo.
Durante diciembre de 2019 y el verano de 2020, continuarían las manifestaciones y el gobierno de Piñera seguía contra las cuerdas, aunque con algo más de aire tras la confirmación del plebiscito. Pero en marzo la pandemia de Covid-19 obligaría al mundo a cuarentenas y Piñera encontraría el oxígeno que le permitiría concluir su mandato.
El plebiscito se postergaría al domingo 25 de octubre de 2020. Ese día, el 78 por ciento dijo que quería una nueva Constitución para Chile y que la escriba de cero una Convención Constituyente elegida en su totalidad por la ciudadanía. Democracia plena, parecía. Un dato: el voto no era obligatorio, sólo había concurrido la mitad del padrón, un porcentaje similar al de casi todas las votaciones con sufragio voluntario.
La elección de los Constituyentes se realizaría en mayo de 2021. Con una participación del 43 por ciento del padrón, la mayoría de los escaños fueron repartidos entre fuerzas independientes y partidos de izquierda. La derecha no había alcanzado los votos ni siquiera para tener poder de veto en la Convención. Parecía que Chile se encaminaba a enterrar para siempre la constitución de Pinochet con una Convención que tenía representación de casi todas las minorías.
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La Convención Constituyente inició sus funciones el 4 de julio de 2021 y, en un año, debía entregar la propuesta de nueva Constitución, para que el 4 de septiembre de 2022 la ciudadanía eligiese entre Apruebo o Rechazo.
En la primera sesión de la Convención, se eligió a Elisa Loncon como presidenta de la Convención. La mujer era una representante del pueblo Mapuche, todo un gesto reivindicatorio. Y también académica con prestigio internacional, posicionamiento que tensionaba los prejuicios de una sociedad que recién se despertaba.
Al frente del ejecutivo seguía Piñera, quien, junto con el Congreso, se encargó de diseñar un modelo de precariedad para que el trabajo de la Convención sea más duro que lo que representaba en sí escribir una constitución de cero. Los Constituyentes no tenían insumos mínimos, como computadoras, hojas, ni lapiceras.
A estas dificultades, se le sumaba la falta de experiencia, principalmente a la hora de comunicarse con la prensa o en redes sociales, de la mayoría de los Constituyentes, nuevos en la política. La derecha, agazapada, lo aprovechó. A través de su brazo mediático, se encargó de poner en tapa y con letra de molde cada error no forzado que surgía de la Convención. Dos serían emblemáticos:
- Durante el Estallido Social de 2019, Giovanna Grandón había ganado notoriedad participando de las manifestaciones disfrazada de un personaje de Pokemon. Así se ganaría el apodo Tía Pikachu y llegaría a la Convención Constituyente como parte de la Lista del Pueblo. A pocas semanas del trabajo de la Convención, Grandón apareció en el recinto disfrazada. Demasiado para una parte significativa de la sociedad chilena.
- Rodrigo Rojas Vade era uno de los Constituyentes de la Lista del Pueblo y uno de los líderes surgidos durante el estallido. Durante ese tiempo, planteó que luchaba contra un cáncer y lo repetía frente a cuanto micrófono se le cruzaba. Pero a dos meses del inicio del trabajo de la Convención, Rojas Vede admitía que había mentido, que no tenía esa enfermedad y renunciaba a su cargo.
En los medios, el falso cáncer y la Tía Pikachu se convertirían en íconos del proceso constituyente, al que tildaron de Circo. De los contenidos, aún se hablaba poco y nada.
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Durante el segundo semestre de 2021, el trabajo de Convención coincidió con la campaña electoral para la elección de un nuevo presidente. El Chile moderado parecía haber sido enterrado durante el estallido. Emergieron las figuras de Gabriel Boric, un joven de 36 años, enarbolando banderas de la izquierda y al frente de la coalición Apruebo Dignidad; y José Antonio Kast, una de las voces continentales de la extrema derecha, en coincidencia con Donald Trump y Jair Bolsonaro.
La foto de la primera vuelta mostraría a Kast en la delantera, con casi el 28 por ciento de los votos. Por detrás, Boric con el 26. Había votado menos de la mitad del padrón. Al balotaje.
La campaña hacia la segunda vuelta activó la movilización popular y participaron en la campaña de Boric múltiples voces de la cultura popular chilena. La elección se realizó el 19 de diciembre y participó el 55 por ciento de los votantes empadronados. Con el 56 por ciento de los votos, Gabriel Boric llegaba a la presidencia de Chile.
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El nuevo presidente asumió en marzo de 2022. Su gobierno llevaba como principal bandera una nueva Constitución para Chile, escrita en democracia. Pero a pocas semanas, la curva de aprobación de Boric que mostraban las encuestas se desplomaba.
Durante la pandemia, Piñera había aprobado retiros de los fondos de pensión, que administran empresas privadas bajo el título de AFP. Fueron cuatro los retiros autorizados para paliar la crisis de la pandemia. Boric, al asumir, decidió negar el quinto retiro, medida para contener la inflación desatada en casi todo el mundo. Una medida impopular a pocos días de asumir.
Casi al mismo tiempo, se sumaría otro hecho que los grandes medios, controlados por la derecha, aprovecharon para desprestigiar al nuevo gobierno. Izkia Siches, la ministra del Interior, llegaba a la región de La Araucanía, al sur del país, la zona más conflictiva de resistencia del pueblo Mapuche. La recibieron a los tiros, literal, y debió regresar a Santiago. Con la noticia, la derecha buscó instalar que el gobierno de jóvenes no estaba a la altura de las responsabilidades. Con guitarra es otra cosa, hacían correr la voz.
La aprobación sobre Boric y su gobierno no volvería a estar por encima del porcentaje que los reprobaba.
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En junio de 2022 apareció el primer borrador de la propuesta de nueva Constitución. Más de 400 artículos denotaban la dificultad para llegar a una síntesis de acuerdos. Cada minoría representada en la Convención tenía su artículo. Durante casi las primeras 100 páginas el texto se concentraba en la reivindicación de derechos para los pueblos originarios, mujeres y disidencias. Causas justas, pero que dejaban en segundo plano a las luchas transversales como trabajo, educación, salud, pensiones, vivienda. Las grandes demandas del estallido. El borrador las contenía, pero al que solo llegaban los lectores interesados en revisar al detalle la propuesta.
A esa altura, la derecha ya hacía estragos en la distribución de fake news a través de redes sociales, principalmente en Tik Tok. Que los pueblos originarios iban a tener una justicia diferente. Que el gobierno te iba a quitar la casa. Que no ibas a poder elegir el colegio de tus hijos. Que iban a cambiar la bandera de Chile. La campaña del miedo y el circo constituyente fue dejando al texto en segunda instancia.
A mediados de agosto se comunicaron las últimas encuestas sobre el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Todas daban ganador al Rechazo. Su campaña instalaba que la nueva Constitución había sido escrita con rabia y que la constitución que Chile necesitaba era Una que nos una, una escrita con amor.
Llegaría la elección. Y fue letal. Un puñetazo de esos que te mandan a la lona. A dos años del plebiscito de entrada con el 78 por ciento a favor de una nueva Constitución, la ciudadanía decía ahora que no: el Rechazo ganaba con el 62 por ciento de los votos.
El plebiscito de salida, a diferencia del de Entrada, fue con voto obligatorio. Del 50 por ciento que sufragó en octubre de 2020, en septiembre de 2022 lo hizo el 85 por ciento. Esa masa de votantes obligados, que hacía casi una década que no votaba, fue decisiva.
Votantes obligados, circo constituyente, campaña del miedo, fake news, un texto demasiado largo como complejo y plebiscitar al gobierno de Boric constituyeron el 62 por ciento del Rechazo.
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La misma noche de la elección, Gabriel Boric asumió la derrota, a la vez que anunciaba que respetaría la decisión popular que en 2020 había pedido para Chile una nueva Constitución. Habría un segundo proceso Constitucional.
Comenzarían las negociaciones con la oposición, principalmente con la (re)empoderada derecha. A diferencia del proceso anterior, que fue un ejercicio de democracia popular, ahora los partidos políticos dominaban la escena frente a un gobierno debilitado y un estallido del que quedaba poco y nada. Aquellas paredes exultantes de grafitis se iban blanqueando, en silencio. Chile volvía a dormirse.
El proceso nacía encorsetado:
- Con un compromiso de doce bases fundamentales de las cuales la propuesta no debía salirse.
- Con una Comisión de Expertos elegida por el Congreso que escribiría el primer borrador de la Constitución.
- Con un Consejo Constitucional conformado por Consejeros elegidos en elección con voto obligatorio en mayo de 2022.
- Con un Comité Técnico de Admisibilidad compuesto por juristas que supervisarían que la propuesta no se corriera de las bases preacordadas.
- Con un plebiscito de salida para el 17 de diciembre, con voto obligatorio.
La Comisión de expertos se conformó durante enero y comenzó a trabajar en marzo. Esta vez, nadie hablaba del proceso constituyente. Inseguridad y Economía dominaban la escena. El gobierno de Boric, tibio, respetaba las formas institucionales, cuando una parte importante de su electorado pedía que encare las reformas con mayor decisión.
En mayo sería la elección de Consejeros, otra vez con sufragio obligatorio. Esa votación mostraría quién había capitalizado el voto Rechazo del 2022. Con el 32 por ciento de los votos los Republicanos de Kast dominarían el Consejo, en una elección atomizada entre cinco partidos. La izquierda no alcanzaba los votos ni siquiera para vetar propuestas. Al revés de la Convención anterior. El péndulo se inclinaba hacia la extrema derecha. Los Republicanos, que nunca habían tenido una posición dominante, sumaban a su núcleo duro el voto castigo a la política.
Empoderados, Kast y su tropa (que tenía -y tiene- hasta fanáticos religiosos del Opus Dei), redactarían una propuesta de nueva Constitución con omnipotencia, dando carácter constitucional a los negocios privados de las corporaciones que controlan los fondos de pensiones y los seguros de salud en Chile. Posibilitando la privatización de recursos naturales y hasta playas. Constitucionalizando la objeción de conciencia institucional e individual, con lo que, por ejemplo, un colegio podría echar a un alumno por ser hijo de madre soltera. Y, principalmente, legitimando en democracia el texto de Pinochet, dándole vida por décadas.
En tanto, la izquierda se enfrentaba a una paradoja, debía defender la constitución de Pinochet sin decir que estaba haciendo eso.
Pero a la ciudadanía sólo le interesaba cerrar la discusión constitucional. Desde la derecha decían que la única manera de terminar el tema era convalidando la nueva Constitución. El gobierno, hiper-respetuoso de la institucionalidad, no tomaba posición explícita por una de las opciones y encontraba la manera de dar pelea asegurando que si el texto era rechazado no habría un tercer proceso.
Las encuestas durante el año mostraron que la opción A favor de la nueva Carta Magna corría desde atrás. Se acercaba la fecha y la tendencia se mantenía. La derecha sacaría a jugar su última carta en campaña: plebiscitar al gobierno. Decía, la derecha, que votar A favor era votar En Contra del gobierno. Voto a favor y qué se jodan, decían los protagonistas del spot. De pedir Una que nos una en el proceso anterior, la derecha mostraba su verdadero rostro y pasaba a decir Que se jodan.
El plebiscito se realizaría el 17 de diciembre y con el 56 por ciento se impondría la opción En contra.
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Corren los últimos días de 2023. En una radio de Córdoba, el politólogo Andrés Dain reflexiona sobre el impacto de las primeras medidas anunciadas por Javier Milei. Dice que la anti política tiene un costo, que no profundizar, quedarnos en la comodidad de un titular nos ha traído hasta aquí.
Al otro lado de la cordillera, se ve un patrón similar. Lo que une al estallido y a los dos procesos constitucionales rechazados es la anti política.
Primero fue el estallido anti sistema que reclamaba dignidad y despreciaba a toda la institucionalidad política en el experimento neoliberal chileno que Pinochet legó.
Luego vino un proceso constitucional conformado por gente común, independientes, por la izquierda, por los pueblos originarios, por las minorías. Por todos esos sectores que desde la vuelta de la democracia no habían tenido una posición dominante. Sin embargo, apenas se conforma la Convención Constituyente, se institucionaliza, es rechazada.
Lo mismo le sucede a Boric, que no gana por ser de izquierda, sino por ser nuevo, por ser percibido por fuera de la política profesional. Como Milei, nuevo en la política. Pero una vez que gana y asume, se institucionaliza y a pocas semanas al mando, es más rechazado que apoyado.
Tras la victoria del Rechazo en 2022, la derecha se (re)empodera y desde la oposición toma las banderas anti sistema. Así, en la elección de Consejeros en mayo de 2023, son los Republicanos de Kast los que suman más porotos. Pero cuando se institucionalizan, rápidamente pasan a ser rechazados.
¿Qué hay de nuevo, viejo, para Chile? ¿Una democracia puede funcionar sin legitimidad representativa? Si las minorías no logran consensuar síntesis que conformen mayorías, será difícil.
La crisis de representación política desatada con el Estallido Social de 2019 sigue abierta y tras un paso vertiginoso de izquierda a derecha, todos parecen haber perdido. Excepto Pinochet, que sigue ahí con su bota encima de la política trasandina.
Desde un limbo incierto, un mantra se viraliza entre los militantes de izquierda: “no ganamos nada, pero casi perdemos todo”.
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Ojos de Chile
Las marchas se desarman.
Los gritos se callan.
Los despiertos se duermen.
Las paredes se blanquean.
Aquí no ha pasado nada,
nadie lo dice, nadie lo escucha.
Pero se siente
como una bruma
espesa,
oscura.
Aquel octubre se oculta.
Todo parece volver atrás.
Pero los ojos,
esos ojos tan estallados
como despiertos,
no pueden volver.