Humberto Zambon y Adriana Giuliani |
«Vengo de recorrer Vaca Muerta, de haber visto con mis propios ojos la nueva panacea argentina y de haber compartido largas conversaciones con los principales CEOs de las compañías petroleras», dijo Milei en el acto conmemorativo de Gas Andes, en Santiago de Chile realizado en agosto pasado. Y siguió diciendo que «el desarrollo de Vaca Muerta es un ejemplo de la potencia de la iniciativa privada en Argentina. Este ecosistema de empresas nacionales y multinacionales ha logrado revertir nuestro histórico déficit energético: de casi US$ 7.000 millones hace 10 años a un superávit de US$ 4.000 millones a partir de este año, y vamos por muchísimo más. Es, de hecho, el mejor resultado de nuestra balanza energética de los últimos 22 años».
Estamos acostumbrados a las tergiversaciones históricas y a los datos inventados, sin relación con la verdad de nuestro presidente, pero lo expuesto supera la barrera de lo admisible. La realidad es la antítesis de lo expuesto por Milei. El logro declamado es cierto, pero el éxito de Vaca Muerta se debe exclusivamente al esfuerzo del estado y no al del sector privado.
Fue la estatal YPF la que descubrió y exploró, en ocasión del desarrollo de los yacimientos en Loma de la Lata y Puesto Hernández en los años 1960/70, la riqueza que representaban las reservas de Vaca Muerta, aunque en ese momento no se conocían técnicas para su explotación económica. Recién en el año 2005 empezó en Texas, Estados Unidos, la explotación de recursos no convencionales. En el año 2011, en una publicación de Estados Unidos, se asigna a Argentina el segundo lugar en un ranking mundial de recursos potenciales, mientras que en junio de 2013 se ubica a Argentina segunda en shale-gas potencial (detrás de China) y cuarta en petróleo, lista que encabeza Rusia.
Origen y transformación de YPF
Fundada en 1922, durante el gobierno de Yrigoyen y por iniciativa del General Mosconi, como empresa estatal para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, YPF fue la primera empresa nacional creada fuera de la Unión Soviética.
La lógica de YPF fue asegurar para el país el control de un recurso esencial de la economía moderna, el petróleo, lograr el autoabastecimiento y, objetivo no menor, ser una herramienta para el desarrollo de la Nación. En particular, la Patagonia da prueba de ello: Comodoro Rivadavia (Barrio General Mosconi) en Chubut, Caleta Olivia y Pico Truncado en Santa Cruz, Catriel en Río Negro y Plaza Huincul-Cutral Có y Rincón de los Sauces en Neuquén lo demuestran.
Desde la década de los años ’70 la empresa ha venido sufriendo los embates privatistas de los gobiernos conservadores, agravados después de la popularización del neoliberalismo y los principios del llamado “Consenso de Washington”. Por ejemplo, durante la dictadura de los años ’70 se licitaron áreas para la explotación petrolífera al sector privado, desplazándose así a YPF. También la dictadura utilizó a la empresa como fuente de financiación del Plan Martínez de Hoz, endeudándola fuertemente.
Finalmente, el presidente Menem convirtió a YPF en sociedad anónima (decreto 2778 de 1990) y liberó el comercio de hidrocarburos en el mercado interno y externo, con libre disponibilidad del 70% del producto de las exportaciones.
En 1992 se aprobó la ley 24.145 que convirtió a YPF en una sociedad mixta (51% el estado nacional, las provincias y los empleados). Se designó ´presidente a José Estensoro conjuntamente con un plan de “transformación global”, que incluía la venta de bienes (refinerías, flota de buques, etc.) y la reducción drástica de personal (mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y despidos con indemnización). Finalmente, la Ley 24.474 de 1995 posibilitó que Nación disminuyera su participación societaria y que las provincias vendieran la suya. En cumplimiento de esa Ley, en 1999 se licitaron las acciones representativas del capital y, a la mayoría, las compró Repsol, compañía española. REPSOL fue creada en 1987 como reorganización de REPESA (Refinería de Petróleo de Escombreras S.A.), fundada en 1949 con sede en Madrid. La empresa opera en 30 países y tiene aproximadamente 37.000 empleados.
Ingreso del grupo Petersen
Ante los reclamos por el incumplimiento de los compromisos de inversión por parte de Repsol y bajo el mito de un capitalismo “malo”, trasnacional, y uno “bueno”, conformado por la “burguesía nacional”, el gobierno apoyó la incorporación a la empresa controlada por el capital español, del grupo nacional Petersen (mayoría en poder de la familia Eskenazi), que se materializó en dos etapas: en la primera, en 2007, adquirió el 14,9% de las acciones de la firma por un valor de u$s 2235 millones, aportando prácticamente nada y obteniendo préstamos de la propia Repsol S.A. y de un pool de Bancos internacionales (Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa). La adquisición del 10% adicional fue por un valor de u$s 1400 millones, a partir de sendos créditos de Repsol S.A. por u$s 730 millones y de los bancos Itaú, Standard Bank, Crédit Suisse, Santander y Citi por u$S 670 millones.
Se acordó que el grupo propiedad de los Eskenazi pagaría la deuda con la distribución de dividendos de la compañía, por lo que hasta el momento de la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF S.A. (abril de 2012), llevaba saldados u$s 600 millones, debiendo aún u$s 1170 millones al sector financiero y u$s 1747 millones a Repsol S.A.
Consecuencias sociales de la privatización
El Plan de Transformación Global, incluido en el decreto 2778/90 y puesto en marcha por el Ing. José Estenssoro, involucró la venta de activos considerados no estratégicos y la desvinculación de más de 30.000 personas: de 37.046 empleados en 1989 se pasó a 5.839 en 1994. Las consecuencias de esta drástica política no fueron inmediatas, ya que se recurrió a distintas modalidades que retrasaron la emergencia del conflicto:
- El programa de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas a cambio de contrapartidas monetarias, con fondos aportados por el Banco Mundial. Aquellos trabajadores considerados “prescindibles” pero que no aceptaron el retiro voluntario, debieron optar por cursos de capacitación de un año de duración, con el costo a cargo de la empresa, al cabo del cual fueron despedidos e indemnizados.
- Los despidos propiamente dichos, con indemnizaciones que en total sumaron 1.000 millones de dólares.
El fundamento fue la tercerización de tareas o el achicamiento de algunos sectores que permanecían dentro de la empresa a partir de la figura del denominado spinn off, por el cual la compañía se desprendía de parte del proceso de producción. Con el dinero obtenido, algunos ex empleados crearon emprendimientos de servicios petroleros que se sustentaron en contratos de uno o dos años que la “empresa madre” por ley debía asegurar. Sin embargo, al vencimiento de los contratos iniciales muchas de estas PyMES no pudieron continuar, al ser desplazadas por competidores que las aventajaron en los procesos licitatorios. Por otro lado, al estar compuestas principalmente por ex operarios sin experiencia en gestión, las nuevas firmas pronto manifestaron dificultades en relación a la organización y a la administración: excesivo personal, inexperiencia en el trabajo asociado y en el gerenciamiento, limitaciones para el acceso al crédito necesario para reponer capital físico, entre otras. En relación a este último punto, algunos de los nuevos emprendedores comenzaron sus actividades con equipamiento y maquinarias que la propia empresa les ofreció como pago por su desvinculación y en parte se encontraba desgastado o inclusive obsoleto. Sólo sobrevivieron dos o tres de estas empresas.
En otros casos, los fondos recibidos se orientaron a la instalación de pequeñas fábricas (de pañales, zapatillas, etc.), taxis, kioscos y comercios de variados rubros, que en su mayoría no prosperaron por los mencionados problemas, agravados por la retracción de la actividad económica y la consecuente caída en la demanda que la privatización generó en las localidades más comprometidas. En la provincia de Neuquén, Cutral Có y Plaza Huincul sufrieron el despido de más de 4.000 personas y sólo alrededor de 400 se mantuvieron en YPF S.A. En 1996 y 1997, la denominada “comarca petrolera” fue conocida en el resto del país por las emblemáticas “puebladas”, movimientos sociales que concibieron a los “piqueteros”, aquellos vecinos que cortaban las rutas en señal de protesta por la falta de trabajo. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares de octubre de 1996, en estas dos localidades había 7.900 desocupados (el 35,7% de la Población Económicamente Activa) y 23.500 personas vivían debajo de la línea de pobreza.
En este contexto, el recorte sobre los salarios estatales aplicado por el gobierno provincial agravaba la situación. Durante una manifestación de abril de 1997, fue alcanzada por un proyectil policial la joven Teresa Rodríguez, que cruzaba la concentración. Falleció poco después en el hospital de Cutral Có y nunca se determinaron los responsables. Se trata de un capítulo de nuestra historia reciente sobre el que es importante reflexionar.
La política productiva durante la privatización
Con la privatización (1999-2012) cambió la lógica empresarial. Como buena inversión de enclave, buscó la mayor ganancia en el menor de los plazos posibles, sin preocupación por los costos sociales y ambientales (deseconomías externas), dando como resultado el agotamiento de los recursos. El retroceso productivo fue claro en el caso del petróleo (desde 1998) y a partir del año 2004 del gas, como se puede observar en los gráficos:
(Fuente: A. Giuliani: Gas y Petróleo en la Economía de Neuquén, EDUCO, 2013
En este período hubo sobreexplotación de los recursos hidrocarburíferos, con un aumento exponencial de las exportaciones y sin una inversión adecuada en exploración. La consecuencia de esta política predatoria seguida por el capital privado fue la pérdida de reservas conocidas y el agotamiento de la producción: entre 1998 y 2011 las reservas de petróleo cayeron un 50% y las de gas un 56%, mientras que la producción de petróleo disminuyó en 15,9 millones de metros cúbicos y el gas en 6,6 mil millones.
Reservas de hidrocarburos en Argentina – 2006-2011
Fuente: Idem.
No se hicieron las inversiones mínimas comprometidas y necesarias para que la producción fuera sustentable en el tiempo, pero YPF-Repsol declaró ganancias contables por 16.000 millones de dólares y distribuyó dividendos por 14.200 millones. A partir del año 2011, Argentina se volvió un país importador de energía, según puede verse en los gráficos:
Fuente: Elaboración propia en base a datos del DNU 530/12 de intervención de YPF
Se recupera el control
Entre 1997 y 2011 la producción de petróleo de YPF cayó un 44% mientras que la del gas (entre 2044 y 2011) un 38%, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales de inversión. El descontento se manifestó en las reuniones de los días 9 y 25 de febrero del 2012 de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), un organismo cuya creación data de 1988 y que está integrado por las provincias productoras. En esas reuniones, con representantes del gobierno nacional y de los sindicatos, se consensuó una política en materia de hidrocarburos de manera articulada entre el Estado Nacional y las Provincias, de acuerdo con los principios constitucionales y a las atribuciones de la legislación, que delega a los estados provinciales la administración de los recursos del subsuelo. Finalmente, las provincias adhirieron al “proceso de inclusión social, eje del modelo político, económico y social que se viene llevando adelante en la Argentina desde el 25 de mayo del 2003”.
Chubut fue la primera en revertir contratos de concesión de YPF S.A., a partir de las atribuciones incluidas en la Ley 17.319/67. Luego, el 16 de abril de 2012, el Poder Ejecutivo Nacional anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones que se encontraban en poder de la empresa Repsol.
El 25 de abril en el Senado se aprobó el proyecto por 63 votos positivos, con 3 negativos y 4 abstenciones. En la Cámara de Diputados, el proyecto se aprobó por 207 votos afirmativos, 32 negativos y 6 abstenciones. Inmediatamente, el P.E. procedió a intervenir la empresa por 30 días, debido al desempeño del principal accionista, Repsol S.A., como responsable de desarrollar una “política predatoria” que derivó en la pérdida de participación de YPF S.A. con respecto al conjunto de operadoras.
El Poder Ejecutivo dio a conocer el “Informe Mosconi”, en el que se indicaba que en el año 1997 la producción de la compañía representaba el 42% del total en cuanto a petróleo y el 35% en gas, mientras que en 2011 la participación se redujo al 34% y al 23%, respectivamente. Señaló que:
“a) El Grupo Repsol utilizó a YPF para apalancar y financiar su estrategia de expansión a escala mundial, depredando los recursos hidrocarburíferos argentinos con una visión cortoplacista que priorizó el giro de dividendos a su casa matriz por sobre las actividades de exploración y explotación (…) Que esta estrategia se vio profundizada cuando a partir del año 2003 el país comenzó a recorrer un sendero de reindustrialización y crecimiento acelerado para el cual el petróleo volvió a ser un recurso estratégico esencial, en un contexto de precios mundiales crecientes, la desvinculación de la evolución de los precios internos de los hidrocarburos de su paridad a nivel internacional llevó, bajo la conducción de Repsol, al paulatino abandono de las actividades de exploración y explotación por parte de YPF.
- b) Que Repsol, poco después de la adquisición de YPF inició un proceso de sistemática desinversión en Argentina. (…) que, con la aparición de nuevas tecnologías, se tornó rentable la explotación de los llamados “recursos no convencionales” presentes en el yacimiento denominado “Vaca Muerta”. Ante este escenario, (…Repsol buscó) desprenderse de él ya sea a través de la venta o la sub-concesión…”
El Informe Mosconi concluye: “La adquisición de YPF por parte de Repsol en 1999 implicó el desperdicio de una oportunidad histórica para consolidar a la principal empresa nacional productora de hidrocarburos como una compañía líder a nivel internacional”.
Retomado el control de YPF, el 51% de las acciones sujetas a expropiación se dividió de la siguiente manera: el 51% para la Nación y 49% para las provincias productoras (Neuquén el 10.25%, Santa Cruz 5,2%, Mendoza 5,15%, Chubut 2,11%…)
Con YPF bajo el control de estado, se aplicó un modelo que se podría denominar “post-capitalista”, utilizado por China y otros países del tercer mundo: la asociación del estado (por sí o mediante empresas controladas) con empresas capitalistas poseedoras de tecnología de avanzada, para poder acceder así al “know-how” imprescindible en determinados campos técnicos. Es lo que hizo YPF asociándose primero con Chevron (en un acuerdo muy discutido por los antecedentes de esta empresa, pero que conocía la técnica del shale) y luego con Dow, Petronas y otras empresas.
En la actualidad, como consecuencia de la nacionalización de la mayoría accionaria de YPF y del cambio de su política empresaria, están en explotación 47 áreas de Vaca Muerta, con una inversión total de 40.000 millones de dólares (según datos de la SecretarÍa de Energía de la Nación, la inversión en no convencionales -arenas compactas, tight- y shale- a fines del 2024 llegaría a 51.041 millones. Las 10 áreas más importantes concentran 29.000 millones de dólares, según se puede ver en el siguiente cuadro:
10 principales áreas de Vaca Muerta por sus inversiones
1- Área inicial, Loma Campana, YPF con Chevron. Comenzó en 2013: 10.084 millones
2- Amarga Chica (al N de la anterior). YPF con Petronás. Comenzói en 2014: 4.491 millones 3- Bandurria Sur. Entre las dos anteriores, Inicialmente YPF con Schlumberger (50% Y 50%). Ahora YPF (40%, Shell (30%) y Equinor (30%). 3.039 millones 4- La Calera. YPF y Pluspetrol. 2.044 millones 5- Bajada del Palo Oeste. Vista, 1,944 millones 6- Fortín de Piedra (gas) Tecpetrol 1.884 millones 7- El Orejano (gas), YPF y Dow (50 y 50) 8- Loma La Lata y Sierra Barrosa. Gas convencional. Antigua concesión que vence en 2026 9- Aguada Pichana Este (1.248 millones). Gas, operada por Total Energía con YPF, Wintershale Der y Pan American Energy (PAE) 10- Bajo El Choique. Exxon Mobile, 918 millones. 11- Área inicial, Loma Campana, YPF con Chevron. Comenzó en 2013: 10.084 millones 12- Amarga Chica (al N de la anterior). YPF con Petronás. Comenzói en 2014: 4.491 millones 13- Bandurria Sur. Entre las dos anteriores, Inicialmente YPF con Schlumberger (50% Y 50%). Ahora YPF (40%, Shell (30%) y Equinor (30%). 3.039 millones 14- La Calera. YPF y Pluspetrol. 2.044 millones 15- Bajada del Palo Oeste. Vista, 1,944 millones 16- Fortín de Piedra (gas) Tecpetrol 1.884 millones 17- El Orejano (gas), YPF y Dow (50 y 50) 18- Loma La Lata y Sierra Barrosa. Gas convencional. Antigua concesión que vence en 2026 19- Aguada Pichana Este (1.248 millones). Gas, operada por Total Energía con YPF, Wintershale Der y Pan American Energy (PAE) 20- Bajo El Choique. Exxon Mobile, 918 millones. |
Fuente: Diario Río Negro, suplemento Energía 1-9-24
La producción de crudo crece mes a mes y en julio del 2024 fue la mayor en 20 años: un total de 682.7 miles de barriles al día (1,8% más que en junio, anterior “récord”, y 29,1% más que el año anterior), de los cuales el 56,6% se produjeron en Vaca Muerta, mientras que, en gas natural, también en julio, Neuquén produjo 2.006.215 metros cúbicos, compensando la caída de la producción convencional en Chubut y Santa Cruz. Vaca Muerta representó el 54,8% de la producción de gas de todo el país.
Finalmente, la balanza energética del país fue positiva, generando cierto alivio a la escasez crónica de divisas. No es, como dice Milei, obra del capital privado sino del estado. Sin la recuperación de YPF por parte del estado y sin las grandes inversiones en gasoductos (como el Gasoducto Néstor Kirchner y otros planeados) la realidad que significa Vaca Muerta no se hubiera logrado.