Martín Schorr |
Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa.
Marx, K.: El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Siglo XXI, Buenos Aires, edición de 2023.
Desde que arrancó el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), y de bastante antes también, ha sido recurrente escuchar a Javier Milei hablando loas de Carlos Menem, a quien considera “el mejor presidente de los últimos 40 años”, lo mismo que de su ministro estrella, Domingo Cavallo, a quien no dudó en presentar como “el mejor economista de la Argentina”.
Para quienes no habían nacido en la década de 1990, muchos de ellos votantes de LLA, y para los desmemoriados, cabe recordar que se trató de un período histórico signado por una hegemonía abrumadora del neoliberalismo, la recuperación y la concreción de muchas de las asignaturas pendientes de la última dictadura cívico-militar y, en dicho marco, el despliegue de un proceso virulento de expropiación de las mayorías populares en favor de sectores muy concretos de la clase dominante.
Ese proceso tuvo varios rasgos distintivos. Sin pretender exhaustividad, vale la pena enumerar algunos:
- se asistió a un crecimiento exponencial de la deuda externa y la fuga de capitales locales al exterior, con la consecuente agudización de la restricción externa y la dependencia externa de nuestro país;
- se registró una creciente injerencia de los organismos multilaterales de crédito en la definición de las políticas internas;
- tuvo lugar un proceso de destrucción de las finanzas públicas a raíz de la implementación de distintas medidas tendientes a transferir recursos al gran capital (privatización del sistema previsional, “devaluaciones fiscales”, pagos de la deuda estatal, etc.); todo ello, en paralelo a la consolidación de una estructura tributaria por demás regresiva;
- se profundizó sobremanera el proceso de desindustrialización y reestructuración regresiva del sector manufacturero cuya génesis histórica se remonta a 1976-1983 (reprimarización, desintegración de la matriz productiva, dependencia tecnológica, etc.), en el contexto de una aceleración de las tendencias a la concentración y la centralización del capital y un deterioro de significación en la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas;
- dada la dinámica que asumió la generación y, sobre todo, la apropiación del excedente económico, tendieron a ganar centralidad el sector financiero, el privilegiado segmento de compañías privatizadas y un puñado de corporaciones de sectores primarios (centralmente petróleo y minería);
- como resultado de todo lo anterior, se desplegó una crisis laboral sin precedentes y una muy inequitativa distribución del ingreso.
A juzgar por lo sucedido hasta el presente, todo indica que, con sus especificidades, muchos de esos elementos que distinguieron a la segunda década infame se han manifestado en lo que va del experimento libertario. Ello no sólo se expresa en la orientación de la política económica, que de original tiene realmente poco, sino fundamentalmente en muchas de las tendencias que han tenido lugar hasta aquí.
En tal sentido, la búsqueda denodada del superávit fiscal se ha sostenido, en lo sustantivo, en una drástica reducción en las jubilaciones y las pensiones, en el empleo y los salarios en las reparticiones estatales, en la obra pública y en las transferencias a las provincias. Esto se dio junto con una mayor presión impositiva sobre trabajadores formales e informales y la erosión fiscal resultante de diferentes –muy regresivas– concesiones a los segmentos de mayor poderío económico y capacidad contributiva (reducción de bienes personales, prebendas varias en el marco del blanqueo de capitales y el régimen de incentivo a grandes inversiones, incremento en los denominados “gastos tributarios”, etc.). Todo ello parece constituir el norte ordenador de la gestión económica, lo que se plasma en el proyecto de presupuesto para 2025 remitido al Congreso, cuyo eje sobresaliente es la existencia de superávit fiscal para garantizar, en primer lugar, el pago de la deuda, dejando todo lo demás subordinado a tal objetivo.
Asimismo, en un contexto recesivo agudo y bastante generalizado, se ha asistido a una crisis fabril pronunciada (en el primer semestre de 2024 la industria cayó en promedio más del 15% en términos interanuales). Semejante cuadro ha tenido hondas repercusiones en materia de cierre de empresas (sobre todo, aunque no sólo, de mipymes), paralización o levantamiento de turnos productivos, una caída fuerte en la utilización de la capacidad instalada, despidos y suspensiones. Y se asocia de modo directo al combo letal (y procurado) de la política económica: caída de la demanda interna, apertura importadora, rezago cambiario, ausencia de financiamiento para inversiones y subas más o menos intensas de diversos costos (servicios públicos, logísticos, inmobiliarios, etc.).
La crisis industrial contrasta con la expansión del negocio financiero, en buena medida al calor de la estabilidad cambiaria que persigue la política económica y los sesgos del manejo monetario, la mejora ostensible en los ingresos y la rentabilidad de las empresas privatizadas (tarifazos mediante), lo mismo que de un puñado de sectores productivos vinculados a grandes intereses transnacionales de exportación (hidrocarburos y megaminería). En este último plano resulta interesante que hasta el momento el agro-negocio ha quedado relativamente afuera del podio de grandes ganadores.
Como era previsible, todo lo señalado ha tenido un crudo correlato en términos sociales, que entre otras cosas se expresa en: un deterioro considerable de los salarios y los ingresos; un desempleo creciente (a lo que hay que adicionar la sanción de una reforma laboral claramente alineada con los intereses patronales y aprobada en los hechos por la CGT); y en que un 52,9% de personas se encuentra en situación de pobreza y un 18,1% de indigencia (datos al primer semestre de 2024 que resultan, respectivamente, 11,2 y 6,2 puntos porcentuales más elevados que los registros correspondientes al segundo semestre de 2023) (1).
Ahora bien, estas similitudes no deberían llevar a conclusiones apresuradas.
Si Menem hizo lo que hizo fue porque logró congregar mucho apoyo de una sociedad muy castigada (disciplinada) por los estallidos hiperinflacionarios del bienio 1989-1990. También, porque el programa económico aplicado logró concitar el respaldo de amplios sectores de la clase dominante, en gran medida merced a la multiplicidad de transferencias de recursos que se le aseguraron vía el comportamiento fiscal del Estado, el tipo de cambio fijo, las privatizaciones, la mal llamada desregulación y la liberalización comercial.
El escenario actual es diferente.
Por un lado, porque lo severo y lo regresivo del ajuste ha erosionado el apoyo social con el que contaba LLA en los inicios de la gestión y cuando los sectores afectados protestan el gobierno no duda en aplicar un dispositivo represivo.
Por otro lado, porque si bien es claro el sesgo pro-rico del planteo libertario, no se puede desconocer una cierta lógica de “sábana corta” que se expresa en que muchos sectores del gran capital han quedado relativamente relegados, si no es que han resultado perjudicados por la deriva de la economía. A ello hay que sumar las dudas que desde distintas usinas del establishment se han venido planteando sobre la capacidad política del gobierno para conducir un ajuste tan agresivo.
En ese marco, así como Menem, que lo hizo, cabe preguntarse si Milei logará concretar de manera exitosa un nuevo proceso de expropiación de las mayorías populares. Sólo el tiempo lo dirá, pero es claro que para el logro de tal objetivo el desfiladero por el que se mueve el gobierno es cada vez más estrecho, tanto en lo económico como en lo social. Por eso es que resulta imperioso avanzar en la conformación de un frente nacional y popular amplio y genuino, y no seguir alimentando un internismo “a cielo abierto” inconducente e irresponsable que resulta funcional al saqueo en curso.
- Lo dramático del cuadro socioeconómico imperante queda todavía más evidenciado en la siguiente constatación: en el grupo etario de niños y niñas (hasta 14 años) la pobreza trepa al 66,1% y la indigencia al 27,0% de la población, mientras que entre los jóvenes (de 15 a 29 años) los porcentuales son del 60,7% y el 21,2% respectivamente.