Carlos La Serna |
Una selectiva mirada a la historia de la justa y valiente lucha de los jubilados permite observar, aún mediando amplios espacios de tiempo, la configuración de ciertas condiciones que cabe examinar en relación con la disputa política hoy en juego.
La primera de ellas tiene lugar en 1968, año en el que un grupo de sindicatos de la CGT, en un momento de aislamiento de la nutrida cantidad de organizaciones de jubilados existente, decide convocar a una serie de encuentros destinados al desarrollo de una instancia de efectiva defensa de sus derechos. Ello llevará a la creación de la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina.
Posteriormente, en una coyuntura de plena oposición a las políticas de ajuste, se crea en 1992 la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la cual constituirá una vía alternativa de representación sindical y de construcción política. Sus estatutos sostendrán y sostienen entre otros principios, la autonomía frente al Estado y las corporaciones, la inclusión mediante la afiliación independiente de trabajadores y jubilados, la democracia interna al establecer el voto secreto para la elección de sus autoridades. Su labor en relación a la cuestión de los jubilados ha consistido en un acompañamiento duradero, que se expresa en la afiliación de la mencionada Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados a la CTA.
Mas cercanamente, bajo el neoliberalismo esta vez encabezado por Macri, las marchas de nuestros mayores evolucionarán hacia lo que hoy se denominan “los miércoles de los jubilados”. Esta estratégica decisión surge del seno mismo de las movilizaciones, de la mano de la agrupación Jubilados Insurgentes -afiliada también a la CTA- que lo propone en el año 2017 frente al edificio anexo de Diputados. Los jubilados asumían así un valioso compromiso, el de mantener un espacio permanente de protesta que permitirá contabilizar al #1903 un número de 1.781 marchas. La protesta de los jubilados pasó así de ser una práctica esporádica, a sentar la presencia de su reclamo semana a semana, a ser parte de la agenda, a constituir un hecho político.
Como sabemos, la marcha del #1203 que fuera masivamente acompañada por hinchas de futbol, fue reprimida salvajemente por el gobierno nacional, causando heridos graves, daños y 123 detenidos luego liberados por una jueza de control que “a derecho” no encuentra motivos que puedan habilitar la privación de la libre expresión de los manifestantes. La ministra de seguridad pretendió justificar la represión afirmando que constituía una sedición contra el orden institucional, pero la ola de críticas al accionar gubernamental trasciende nuestro territorio, llega desde organismos internaciones (CIDH, ONU), también desde diversos países.
Pero lo que permite calificar como un fracaso a la represión -única política del gobierno para con las demandas legítimas de los jubilados- es el subsiguiente miércoles #1903 en el que la plaza de los dos congresos es nuevamente colmada, esta vez por un amplio abanico de organizaciones: jubilados por cierto, junto a movimientos sociales, a contingentes sindicales, a militantes de partidos democráticos, a gente suelta, de a pié. Entre estos dos miércoles se produce pues otro episodio relevante: un cambio en las relaciones de fuerza propias del conflicto. El #1903 muestra en efecto un dispositivo policial, otra vez excesivo pero “no ofensivo”, esto es sin contacto con los manifestantes, sin que exista represión sobre los cuerpos. Los jubilados habían ganado la partida. No obstante la ministra Bullrich se vanagloria de haber evitado que “narco-hinchas” llegaran al acto, vociferando que “quienes van a las marchas son todos delincuentes, todos chorros”. Declaraciones que desnudan su fracaso.
Si bien viene existiendo un acompañamiento permanente, la inusitada solidaridad, tan masiva como diversa, conduce a la expresión creciente de otras demandas. Ya no se va sólo contra los haberes de hambre de los jubilados, también se interpelan las políticas de alimentación, el ataque a la educación pública, a la libertad de expresión, el acuerdo con el FMI es repudiado, etc, etc. De este modo los daños que desata el neo-totalitarismo son situados en unas relaciones sociales -económicas, políticas, culturales-, heridas, degradadas todas por el persistente ataque a los derechos humanos del programa libertario.
La acción transformativa que se observa resulta sin duda del desconocimiento gubernamental de los jubilados como ciudadanos con derechos, algo que recrudece desde diciembre de 2023, volviendo transparente el núcleo supremacista, excluyente y represor, esto es el núcleo neo-totalitario del régimen. El “vínculo” que el estado establece con los jubilados sintetiza sin mediaciones, de manera diáfana, la caracterización que se ha hecho del programa libertario como expresión de una crueldad que se vuelve máxima, insoportable, quizás a un mismo nivel que el hambre que padece el 60% de los niños argentinos.
Entre aquella propuesta de Jubilados Insurgentes del 2017 y las marchas de marzo del corriente año, esto es pasados seis años de protestas semanales, pareciera configurarse pues un cambio cualitativo. Los “miércoles” estarían representando un lugar de expresión de la multiplicidad de demandas insatisfechas. Es más, se trataría del único espacio en el que expresiones de la oposición se encuentran en el seno de una práctica política, en la que pareciera dibujarse un discurso que abre una otra posibilidad a la construcción de un sujeto político colectivo.
Entre la coyuntura y la historia
Todo ello toma forma en una coyuntura que registra fuertes cambios en la situación política: se pasa de lapsos críticos a un escenario triunfal. La Gran Estafa Cripto, la brutal represión del #1203, el rebrote inflacionario, los riesgos de default frente al agotamiento de las reservas en dólares, son todos episodios que pusieron en serios aprietes al régimen horadando según muchas encuestas su tan exhibida legitimidad política.
No obstante, el cuantioso endeudamiento adicional que comporta el nuevo acuerdo con el FMI, lejos de los festejos que lo proclamaban como un éxito del programa económico, debe ser considerado una asistencia política destinada al urgente salvataje de un régimen apegado a los intereses y objetivos de los EUA. Esta evidente complicidad sistémica no haría más que postergar los problemas de su programa económico-financiero, (Véase el artículo de éste número firmado por Bohoslavsky, Cantamutto y Schoor), sin que puedan evitarse los serios riesgos a que se enfrenta el gobierno en las elecciones legislativas del próximo octubre.
La reconfigurada modalidad de protesta que se insinúa en torno a las luchas de los jubilados, es diríase ignorada y hasta desafiada por las cláusulas que el gobierno acuerda con el FMI. Entre otras, con la exigencia de reformas a la legislación laboral y el sistema jubilatorio, largamente exigidas por los grandes capitales. En ambos campos, se trata de un nuevo desconocimiento del aporte presente y pretérito del trabajo, de bajar los falsamente excesivos costos de unas remuneraciones básicas y haberes mínimos que reciben la mayoría de trabajadores y jubilados que, junto a someterlos a indignantes condiciones de pobreza o indigencia, amplían los ya hiper concentrados ingresos del capital.
Pero las condicionalidades del FMI son sostenidas no sólo con el intercambio de espurias prestaciones entre los firmantes, tampoco sólo con los viejos argumentos de la ortodoxia neoliberal. A ello se agrega un reclamo político a la ciudadanía argentina que configura una transgresión de los principios de no intervención en asuntos internos, un atropello de la soberanía política que, hay que recordar, sólo emula en sus formas institucionales al precedente acuerdo. Antes fue el lawfare, antes-antes la dictadura cívico militar, entre medio operaciones de la más diversa laya.
En concreto Krystalina Georgeva, directora del FMI exige a la sociedad argentina a que en las próximas elecciones “no descarrile la voluntad de cambio”. Textualmente: “… el país tendrá elecciones, como saben, en octubre y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero insto a Argentina a mantener el rumbo”.
En la historia de esta democracia se encuentra un itinerario que ha sido forjado por las Madres de la Plaza y la red de organismos del movimiento de derechos humanos. Un itinerario que encuentra diversas cercanías con los jubilados: su autonomía política, la periodicidad de su práctica, su situación inicial de aislamiento, la capacidad para constituir una comunidad a propósito, pero también más allá, de sus aspiraciones y demandas.
Es pues en este contexto político y a la luz de tal historia que se ha intentado una inicial reflexión sobre las modalidades de una disputa como la que llevan adelante las organizaciones de jubilados, reflexión que permite afirmar que allí existe en potencia un espacio de relevancia a la resistencia que el avance del neo-totalitarismo provoca.