Carlos La Serna |
Hacia fines de julio pasado interpretábamos la situación por la que pasaba el gobierno de LLA haciendo uso de la metáfora “la tormenta perfecta”. Hoy, las cosas no parecen haber cambiado, más bien todo lo contrario.
Entendíamos tal estado de cosas como “… una situación que surge de circunstancias y demandas cuyo obcecado desconocimiento por parte del gobierno de LLA, podría desestabilizar el nuevo intento de sometimiento y entrega que sufre nuestra sociedad”. Sugeríamos que “Tal contra-tiempo se configura por la ocurrencia en un mismo tiempo y espacio de situaciones de rechazo y/o crítica a dispositivos de la gubernamentalidad libertaria, tales la resistencia masiva a la prisión de CFK, el freno a la manipulación parlamentaria, la protesta sindical contra la política salarial, la crisis del artificio financiero…”.
Esta multiplicidad de frentes de conflicto, que en su soberbia el mileismo busca transformar en indicadores de éxito, halló máxima criticidad entre julio y este principio de setiembre. Por un lado los legisladores opositores, muchos más allá de sus convencimientos políticos, han continuado jugando un activo rol, que ha reparado en alguna medida una autonomía parlamentaria de cuyo deterioro es testimonio el caso Kueider. Luego de producir sucesivas derrotas a un oficialismo debilitado por la “insurgencia” de los gobernadores, los bloques opositores rechazaron por muy amplia mayoría el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad.
Tal rechazo configuró un acto de justicia y de limitación a la concentración de poder en la presidencia. Su impulso final fue dado por el inusitado escándalo de las millonarias coimas en la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de la Discapacidad. Este grave episodio compromete a la hermana del presidente, a él mismo y al funcionario denunciante, extendiéndose a autoridades del Ministerio de Salud y de algunas provincias, además por cierto a la empresa proveedora.
El coimasgate, en línea con el libragate, comienza a gestarse en el 2024 a pocos meses de asumir el gobierno LLA, tiempo en el que la denuncia llega al juez Casanello. Esto indica que se está ante otra planeada operación destinada a la apropiación de renta pública, algo coherente con el modelo económico extractivista y rentista que impulsa LLA. El mileismo comenzaba muy tempranamente a cocerse en su propia salsa.
Se especula que la difusión del caso por parte de Spagnuolo -un año después-, constituiría una operación surgida al interior mismo de las huestes gubernamentales, fruto de la guerra de posiciones que emerge en la cúpula gobernante luego de la entronización de Karina, Pareja y los Menem -y del desplazamiento de Santiago Caputo y sus trolls-, en la definición de las listas de LLA para la reciente elección.
La sobre-determinación del Estado
Esta práctica lleva a apuntar alguna solo provisoria reflexión sobre el Estado que construye LLA. Junto a su orientación, tal práctica pone sobre la mesa un fenómeno de inestabilidad y anarquía que domina el funcionamiento de un gobierno que fruto del sectarismo de los hermanos, como de las constantes disputas por ocupar posiciones y/o obtener beneficios personales o grupales conduce, junto a su programa de destrucción y/o serio deterioro de las capacidades regulatorias y de intervención estatal, a una sobre-determinación mercantilista y mafiosa del Estado y de su funcionamiento.
Cabe arriesgar que fruto de ello el Estado se aproxima a esa forma puramente instrumental en la que pierde sus márgenes de autonomía, en tanto opera no sólo a favor de los poderes dominantes de la coalición que lo sostiene, sino también de intereses particularistas. Se trata en efecto de un Estado en el que las franjas sociales subordinadas han perdido toda capacidad de orientar políticas que las reconozcan y favorezcan, del que han sido expulsadas y descartadas en función al modelo ultra excluyente que se predica y opera.
Lo paradójico es que tal modalidad de gestión estatal se constituye en una suerte de boomerang en tanto termina por obstaculizar el logro de los objetivos para los cuales Milei fuera promovido por las corporaciones. En otros términos, el presidente, al priorizar sus apetencias familiares mediante su implicancia en los gate que todos conocemos, está alterando la conducta que la coalición de poder que lo sostiene espera y exige de él. Su práctica concreta se aproxima, no a la de un operador, sino a la de un paria, un lumpen, que no responde a acuerdo ni a ética alguna.
Un parto con fórceps
El histórico resultado del todavía presente domingo 7 de setiembre, está asociado en buena medida a esta compleja trama de intereses y apetencias particularistas y al escándalo que suscita, cuestión que ingresa en el escenario electoral como un ingrediente inesperado, que alimenta y potencia el rechazo ciudadano a las políticas y a los modos de ejercer la relación con la sociedad del gobierno libertario.
Cabe así presumir que las elecciones pasadas constituyeron el espacio de expresión de esas concretas percepciones ciudadanas. Por un lado, el rechazo visceral al régimen libertario, a sus modos pendencieros, mafiosos y codiciosos con que se gestiona el estado. Por otro lado, la valoración del resultado socialmente excluyente de un programa que, por delante de los valores e intereses colectivos, pone los objetivos de los EUA y de las corporaciones financieras y extractivistas.
Ello ha sucedido a pesar de la problemática construcción de la propuesta electoral del PJ, algo que encontró resolución en una lista de candidatos -no pocos de ellos inobjetables-, que incorpora las diversas expresiones internas, incluso alguna de dudoso progresismo. Junto al estallido del coimas gate, lo anterior alcanzó para no desentonar con esa memoria histórica y con esas subjetividades individuales y colectivas que sostienen amplias franjas sociales y que se actualizan en la coyuntura, haciendo de la derrota del oficialismo un objetivo común, transversal a toda ellas.
No cabe soslayar que el resultado está también asociado a la práctica masiva y pacífica del voto que ha tenido lugar y a una organización de las elecciones que no ha ofrecido flanco alguno de crítica. En las antípodas del fraude con que Milei quiso ensuciar la jornada, se ha dado así constancia del convencimiento democrático con que se ha procedido.
Se ha configurado pues una rica experiencia digna de analizar en la coyuntura que vivimos. Un aspecto en el que cabe insistir al respecto, es que la oposición ha enfrentado a un gobierno que se encontraba en un momento de máxima debilidad fruto entre otros factores de los referidos acontecimientos. Tal fragilidad se vuelve evidente en el desgranamiento de buena parte de los aliados políticos, caso de los gobernadores que jugaron su partida en el parlamento, a la vez que un grupo de ellos pasa a constituir Provincias Unidas.
Dicha nueva agrupación a la que se quiere dar proyección nacional, se ventila bajo una estrategia industrialista, atenta al conflicto social, preocupada por el fortalecimiento de las finanzas provinciales. Registra así mismo fuertes lazos con las asociaciones rurales y con ese empresariado industrial que grosso modo habita la Unión Industrial. En función a ello se proyecta una vía política “razonable”, “alejada de los extremos”, lo cual supone una toma de distancia quizás tardía y con cierto oportunismo respecto del programa oficial furiosamente neoliberal, pero también del intervencionismo neo bienestarista que supone el kirchnerismo al que han venido previamente considerando su verdadero enemigo.
Bajo tal cuadro de situación, no cabría suponer que la opción hacia adelante de la LLA sea otra que responder a los grupos más concentrados del círculo rojo, proclives naturalmente al cumplimiento de los compromisos con el FMI que acaba de confirmar su apoyo al programa libertario. La política estatal post electoral se moverá pues en el campo de este cerrado ámbito de alianzas, apelando a recrudecer su orientación, esto es a mantener e incrementar el ajuste presupuestario vetando toda iniciativa que lo amenace, a avanzar en la desregulación del estado y en la privatización de activos públicos. Presionará así mismo por la reforma de las leyes y normativas de empleo, de jubilaciones, de discapacidad, tributarias. Tal paquete acentuará el carácter regresivo del sistema tributario y profundizara la precariedad de las protecciones. Junto a la continuidad de la política recesiva, esta orientación anti derechos, rentista y especulativa será acompañada con un ascenso en la coerción física y legal que, como viene ocurriendo recrudecerá sobre los jubilados, actores principales de esos miércoles en los que tiene lugar un espacio de convergencia y solidaridad de la protesta social.
La oposición, esto es las franjas progresistas y populares que la integran, deberá pues vérselas con un escenario de políticas que convoca a redoblar los esfuerzos por afianzar la dinámica política que contribuyó al #7/9. La tarea exige pues superar las disputas menores y concentrar los esfuerzos en la colaboración y solidaridad con las diversas luchas que hoy sostiene un amplio abanico de colectivos. Se trata de seguir dando público testimonio de los fuertes contrastes que existen con una ultra derecha que sigue siendo gobierno, que sigue vigente en su capacidad de daño.
Córdoba, 11 de septiembre de 2025.