Luciana Ghiotto (UNSAM/CONICET y Transnational Institute) |
El 13 de noviembre de 2025, exactamente dos décadas después del rechazo al ALCA en Mar del Plata, la Casa Blanca anunció simultáneamente acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador. Esta coincidencia temporal no es casual: representa un renovado intento de Estados Unidos por reconfigurar las relaciones comerciales hemisféricas bajo condiciones tan leoninas como las rechazadas en 2005.
El contexto es fundamentalmente geopolítico. La administración Trump ha instrumentalizado el comercio como herramienta de presión en su disputa hegemónica con China, forzando a países del Sur Global a posicionarse en economías «de mercado» versus «no alineadas». El «Día de la Liberación» del 2 de abril de 2025, cuando Trump impuso aranceles del 10% unilateralmente, creó las condiciones de coerción ideales para imponer la agenda de seguridad de EEUU sobre los países menos industrializados. Entonces, la situación creada es que los países negocian «a punta de pistola», temiendo quedarse atrás respecto a competidores que ya cerraron acuerdos.
Un acuerdo en tiempo récord
El acuerdo argentino se cerró sin debate público, sin consulta a sectores afectados, sin análisis de impacto. Esta irresponsabilidad institucional contrasta radicalmente con los años de movilización y debate que precedieron al rechazo del ALCA, cuando los movimientos sociales construyeron un proceso participativo de análisis crítico. En cambio, el acuerdo de 2025 fue elaborado entre el canciller Pablo Quirno y el Representante Comercial Jamieson Greer con la venia de Donald Trump, consolidando a Milei como «uno de los aliados más cercanos» de Washington.
La premura responde a cálculos geopolíticos, no a necesidades económicas argentinas. Estados Unidos necesita asegurar compromisos antes de que la Corte Suprema limite su capacidad de imponer aranceles unilaterales. Para Trump, 2025 es el año ideal: tiene legitimidad política después de ganar cómodamente las elecciones y actúa antes de que la política doméstica se convierta nuevamente en prioridad con las elecciones de medio término en 2026. Por su parte, Argentina (debilitada por la crisis económica y con un gobierno ideológicamente alineado) acepta condiciones que ninguna administración anterior habría considerado.
La asimetría estructural del acuerdo
El carácter profundamente asimétrico se evidencia al comparar los compromisos específicos que asume Argentina versus las concesiones imprecisas que ofrece Estados Unidos.
Argentina se compromete a: reforma estructural del régimen de propiedad intelectual según dictámenes unilaterales estadounidenses; renuncia a soberanía regulatoria sanitaria aceptando automáticamente certificados de la Food and Drugs Administration (FDA) – lo cual es el fin práctico de la ANMAT-; desmantelamiento de barreras no arancelarias eliminando licencias de importación y requisitos consulares; apertura del mercado agrícola a productos estadounidenses (ganado vivo, aves, lácteos); compromisos geopolíticos explícitos de «combatir prácticas ajenas al mercado» para evitar coordinación con China; y facilitación de extracción de minerales críticos dando acceso preferencial a corporaciones estadounidenses.
Estados Unidos ofrece: eliminación de aranceles en «ciertos recursos naturales no disponibles» en su territorio, es decir, las materias primas críticas que extrae del subsuelo argentino. EE. UU. «concede» eliminar aranceles sobre lo que necesita importar urgentemente porque no lo produce en cantidades suficientes. Se trata de una necesidad estratégica en su competencia con China por el control de cadenas de suministro de minerales críticos. Elimina aranceles sobre lo que igual iba a comprar, mientras Argentina cede capacidad regulatoria, abre mercados y se subordina geopolíticamente.
Además, EE. UU. incluye la promesa de que «podrá considerar positivamente» el acuerdo al adoptar medidas bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. La Sección 232 permite a Trump imponer aranceles sobre acero, aluminio, autos y otros productos invocando «seguridad nacional». El lenguaje («podrá considerar») no es una exención ni garantía: es completamente discrecional, no vinculante jurídicamente. Una no-promesa disfrazada de concesión. Finalmente, ofrece reducción del arancel del 10% sobre la carne mientras mantiene el sistema de cuotas histórico de 25% fuera de cuota, establecido por el Congreso y no afectado por este acuerdo.
La promesa vacía de las inversiones
El gobierno presentó el acuerdo como catalizador de inversiones masivas. Milei prometió que «nos van a salir dólares de las orejas», mientras Quirno insistió en que «crea condiciones para atraer inversión de Estados Unidos». Sin embargo, el análisis del contenido revela que estas promesas carecen de sustancia. El texto tiene declaraciones de intención sobre inversiones, pero no establece reglas, garantías o mecanismos que vayan más allá de los instrumentos existentes.
Argentina ya cuenta con un Tratado Bilateral de Inversión con Estados Unidos vigente desde 1994 que otorga protecciones robustas incluyendo acceso al arbitraje internacional, trato nacional y no discriminatorio, protección y seguridad plena. Más recientemente, el Régimen de Incentivos de las Grandes Inversiones (RIGI) vigente desde 2024 ofrece estabilidad fiscal por 30 años, libre disponibilidad de divisas y exenciones extraordinarias, además de (otra vez) ofrecer arbitraje internacional. El RIGI constituye un mecanismo TBI-Plus que crea un régimen de privilegio para los grandes capitales extractivos. ¿Qué agrega entonces el acuerdo comercial? Solamente retórica. El acuerdo no aumenta los incentivos para invertir, pero sí reduce las herramientas del Estado para orientar las inversiones.
Comercio electrónico: Argentina como colonia digital
El capítulo de comercio electrónico constituye un acuerdo «OMC-Plus» donde Estados Unidos logra compromisos que Argentina ha rechazado sistemáticamente en el ámbito multilateral. Argentina acepta el reconocimiento de firmas electrónicas estadounidenses, la transferencia transfronteriza de datos incluyendo datos personales, y establece que EE. UU. es jurisdicción válida para almacenar datos de ciudadanos argentinos.
La legislación estadounidense de protección de datos personales es notoriamente más débil que la argentina y mucho más débil que los estándares europeos —razón por la cual la Unión Europea rechaza acuerdos similares con EE. UU. Esta arquitectura convierte a Argentina en proveedora de datos brutos procesados por corporaciones estadounidenses bajo condiciones regulatorias laxas. EE.UU. se transforma en «aspiradora» de información, capturando valor económico y control estratégico sobre infraestructura digital crítica.
Propiedad intelectual: el desmantelamiento de un modelo exitoso
La aceptación automática de certificaciones de la FDA sin intervención necesaria de la ANMAT pone en riesgo directo la calidad y seguridad de los medicamentos. La FDA responde a presiones de la industria farmacéutica estadounidense. Aceptar sus certificaciones acríticamente significa importar esa estructura de incentivos y sesgos pro-corporativos.
El «compromiso de abordar los desafíos estructurales» en propiedad intelectual identificados por la USTR significa adaptar la legislación a los intereses de las multinacionales estadounidenses. Argentina ha desarrollado criterios de patentabilidad rigurosos y técnicamente sólidos, que han permitido rechazar patentes que no cumplían requisitos de actividad inventiva, novedad y aplicación industrial. La «armonización» que exige EEUU implica el desmantelamiento de este sistema para reemplazarlo por criterios más laxos que favorecen a las corporaciones farmacéuticas. La extensión de monopolios de patentes elevará precios de medicamentos, trasladando costos al sistema público de salud y a los bolsillos de trabajadores y familias.
Conclusiones
A diferencia de los ’90, cuando la apertura se justificaba con promesas desarrollistas, el acuerdo de 2025 no ofrece siquiera esas ilusiones. Se trata de apertura pura y alineamiento geopolítico sin contrapartidas. Argentina negocia desde la debilidad extrema, con un gobierno que ha hecho del alineamiento con Washington su razón de ser.
Un acuerdo de esta magnitud no puede ser negociado en secreto y anunciado como hecho consumado. El vaciamiento de la ANMAT, la cesión de datos personales, la subordinación del régimen de propiedad intelectual, constituyen renuncias a capacidades estatales básicas. La destrucción de empleo, la precarización, la profundización de la dependencia tecnológica y productiva afectarán a millones de trabajadores. El compromiso de «combatir prácticas ajenas al mercado» es alineamiento explícito en la disputa hegemónica EE. UU.-China, cerrando las opciones de diversificación.
A 20 años del No al ALCA, el desafío es reconstruir las articulaciones que hicieron posible aquella victoria histórica. El acuerdo no es inevitable ni irreversible. Requiere aprobación legislativa y puede ser resistido, modificado o rechazado. La experiencia histórica demuestra que cuando los pueblos se movilizan informados y organizados, pueden detener incluso las ofensivas mejor financiadas del capital transnacional.