| Marco Kofman [1]
Fe ciega
En las profundidades de algún pozo petrolero, a varios kilómetros bajo tierra, depositamos un cúmulo creciente de patriótica esperanza. El sueño de una Argentina potencia parece latir allí abajo: el anhelo de un país que, tras décadas de conflictos y modelos fallidos, sea finalmente capaz de revertir la postergación de las grandes mayorías y atender las necesidades de sus habitantes.
Sin embargo, a medida que la tecnología aplicada a Vaca Muerta perfora más profundo y hace posible lo que hace pocos años parecía inviable, el sueño de un país con justicia social se sumerge en una oscuridad cada vez mayor, enredándose en las complejidades del modelo económico que el crudo neuquino cobija bajo su brazo.
En los últimos doce años, este gigante de los hidrocarburos no convencionales —que ocupa un lugar destacado en el podio global— experimentó un desarrollo notable. El proceso no estuvo exento de los contratiempos y vaivenes esperables para un proyecto de tal magnitud en una economía periférica y en permanente disputa como la nuestra; sin embargo, logró avanzar a velocidades desconocidas para la experiencia nacional del último siglo.
En ese período, la extracción diaria de gas en Vaca Muerta saltó de 10 a 92 millones de metros cúbicos, mientras que la de petróleo escaló de 15.000 a 619.000 barriles por día. En la actualidad, el megaproyecto explica casi el 70% de los hidrocarburos obtenidos en todo el territorio nacional.
Este avance exponencial de la producción no convencional permitió, primero, sustituir una porción significativa de las importaciones energéticas que drenaban las divisas del país. Luego, generó un caudaloso flujo de dólares por exportaciones petroleras que le permitieron a la Argentina, durante este año, quebrar mensualmente sus propios récords de ventas al exterior. En los primeros cinco meses de 2026, el país exportó un promedio de 314.000 barriles diarios por un total de 3.773 millones de dólares. Con estos resultados, la balanza energética pasó de un déficit de casi 7.000 millones de dólares en 2013, a un superávit acumulado de 3.000 millones entre enero y mayo.
Puede fallar
Si la escasez de divisas era el gran obstáculo que frenaba la expansión nacional, ¿qué salió mal para que este gran auge exportador coincida con una de las peores décadas para nuestra historia económica? En apenas una docena de años, los ingresos salariales y previsionales se derrumbaron entre un 20% y un 40% según la actividad, se perdieron cientos de miles de empleos registrados, la industria cayó en una crisis profunda, la recaudación tributaria se redujo un 25% y el Estado desatendió las necesidades básicas de su población desfinanciando la educación, la salud, la seguridad y las obras viales, sanitarias y habitacionales. Mientras tanto, para completar el panorama desolador, la inflación de la última década triplicó su velocidad en relación a 2015.
No sólo empeoraron las condiciones de vida de la población, se destruyeron empleos y entramados productivos, sino que el problema de vulnerabilidad externa de la economía también se profundizó. Nunca fue tan abultado el ingreso de dólares por el saldo comercial favorable del país como en esta primera parte de 2026 y, sin embargo, el Banco Central todavía encuentra dificultades para recomponer sus reservas.
Desde el inicio de la gestión de Milei, el intercambio de bienes y servicios con el exterior generó un excedente comercial extraordinario de 52.223 millones de dólares. Este resultado se obtuvo a pesar de una apertura importadora de bienes finales que saturó el golpeado mercado interno con productos foráneos, terminando de hundir a la industria nacional. Sin embargo, semejante flujo no bastó para cubrir el crítico drenaje financiero: 53.380 millones de dólares se fueron por la dolarización privada de excedentes —tanto de empresas como de personas físicas— y otros 27.835 millones se destinaron al pago de intereses de la deuda externa pública y privada. No hay récord de exportaciones que alcance.
El propio sector es, en gran medida, responsable de este escenario. La dolarización de excedentes constituye una constante estructural en el funcionamiento de las corporaciones petroleras en nuestro país. Casi 7.000 millones de dólares egresaron mediante sus operatorias a través de diversos mecanismos financieros, tales como el pago de intereses por endeudamiento externo (que un 50% es deuda contraída con sus propias casas matrices), la remisión de utilidades y la repatriación de capitales de algunos grandes jugadores transnacionales que abandonaron el mercado local. A esto se suman otros 2.200 millones de dólares girados al exterior bajo el concepto de «servicios empresariales», un rubro opaco que suele encubrir transacciones intrafirma diseñadas para fugar excedentes y erosionar la base imponible en nuestro país, trasladando las ganancias a guaridas fiscales de nula o baja tributación.
El corazón del modelo
La economía argentina y el gobierno de Milei encontraron en el incremento del endeudamiento externo un paliativo temporal al desfasaje de la cuenta corriente. La brecha entre las divisas generadas por la economía real y las que se escurrieron por los canales financieros fue cubierta mediante un masivo crecimiento de la deuda externa. Si bien el Estado logró incrementar su deuda pública en moneda extranjera en 10.486 millones de dólares y obtuvo una asistencia adicional del Tesoro norteamericano superior a los 2.000 millones, fue el sector privado el que proveyó los dólares que el esquema cambiario requería: desde el inicio del actual gobierno, la deuda externa privada creció en 22.617 millones de dólares. De ese total, 14.441 millones corresponden a financiamiento tomado por las grandes empresas del sector energético. De este modo, el sector no solo ha sido determinante para mejorar el balance comercial, sino que se consolidó como el principal proveedor de divisas por la vía financiera de la economía.
Si bien este crecimiento del endeudamiento externo —de las empresas del sector y del propio Estado Nacional— plantea un complejo panorama de vencimientos de intereses y de capital que intensificará la salida de dólares hacia los acreedores, sin el flujo proveniente del endeudamiento de Vaca Muerta, la estabilidad cambiaria —eje central del esquema de gobernabilidad libertario— se habría esfumado hace tiempo. Esas divisas sostienen el proyecto político y económico de los principales actores corporativos de la Argentina: no ingresan para radicarse en inversiones productivas, sino para financiar la histórica demanda de dolarización de los sectores de mayores ingresos. El mega yacimiento opera así como el ancla que mantiene alineada a la cúpula empresarial con el gobierno. Sin el aporte de este sector, la flexibilización de las restricciones cambiarias y el levantamiento del «cepo» —exigencia corporativa predominante en la última década— serían sencillamente imposibles.
La comunidad de negocios
La expansión de Vaca Muerta en los últimos meses fue notable. La extracción de crudo creció un 39% y la extracción de gas aumentó un 13%, nueve de cada diez dólares invertidos en hidrocarburos durante 2025 se dirigieron directamente a este yacimiento y la conexión de nuevos pozos durante 2026 batió récords históricos.
Ahora bien, Vaca Muerta no es un proyecto virtuoso aislado dentro de esta economía en crisis. Por el contrario, es el engranaje central de un esquema que profundiza la desigualdad y la precarización de los ingresos y el empleo. Está funcionando como la pieza estructural de un modelo de país diseñado para dejar a la mayor parte de la población a la intemperie.
Detrás de Vaca Muerta opera una verdadera comunidad de negocios conformada por los actores dominantes de nuestra economía. Los dólares de este proyecto no solo benefician a las empresas operadoras; el drenaje alcanza a múltiples sectores productivos y a un conjunto de personas físicas con una gran capacidad de acumulación. El espeso oro negro es la savia que corre por las venas de un proyecto de dominación diseñado por y para estos sectores de poder.
El objetivo de fondo de estos actores es transformar la complejidad económica, social, política y distributiva de un país industrializado en la sencillez administrativa de una economía de enclave. A medida que avanza esta mutación de la matriz productiva, millones de habitantes quedan excluidos del modelo, amortiguando su caída de forma temporal únicamente a través del autoempleo y el endeudamiento familiar.
Mientras la fe en una Argentina justa y desarrollada se ciega en el fondo del pozo, de esa misma perforación brotan las divisas que consolidan el esquema político y económico que entierra aquella esperanza cada vez más lejos de la superficie.
[1]Economista del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE) y de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES). Autor del libro Energía, economía y poder (2026).