| Pablo Volkind y Matías Oberlin Molina
La extranjerización de la tierra en Argentina
Hay versos que, sin proponérselo, terminan describiendo con precisión un debate que todavía no había estallado cuando se escribieron. Cuando Calle 13 canta que es “Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles”, apela a uno de los pocos hechos capaces de condensar, en un solo gesto, la épica deportiva y la reivindicación de soberanía: una final que también fue lectura política. Algo parecido volvió a vivir la Argentina entre el 15 de julio y el 6 de agosto de 2026, cuando el triunfo de la Selección sobre Inglaterra en el Mundial de fútbol se cruzó, casi sin que nadie lo planificara, con la discusión sobre quién es hoy dueño de nuestra tierra. “La tierra no se vende” al extranjero fue la consigna que tuvo una marcada incidencia en torcer el rumbo de este proyecto de ley.
Desde el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y el Observatorio de Tierras que de él depende, elaboramos, desde diciembre de 2025, informes y un mapa que tuvieron un fuerte impacto en el debate público. Mostramos que 36 departamentos argentinos ya superan el límite legal de extranjerización, y esa evidencia, combinada con un clima social atravesado por el Mundial, las banderas de Malvinas, el apoyo de artistas y comunicadoras y una intensa movilización callejera, obligó al Gobierno a retirar del Congreso los capítulos de tierras y de manejo del fuego de su proyecto de ley.
La extranjerización de la tierra rural no es un fenómeno nuevo en la Argentina, pero en los últimos meses volvió a instalarse, con nuestra participación activa, como un problema de soberanía en la agenda pública. Según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) que relevamos en el Observatorio de Tierras y el PRIHA, más de 13 millones de hectáreas —una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe, o a Inglaterra entera— están hoy en manos de capitales extranjeros. A simple vista, ese número representa apenas un 5% del territorio rural del país, una cifra que un observador apurado podría considerar marginal. El problema aparece cuando cambiamos la escala de análisis.
La Ley de Tierras Rurales (N.º 26.737), sancionada en 2011, fijó un techo del 15% para la venta de tierras a capitales extranjeros a escala nacional, provincial y también departamental o subprovincial, impidió que una misma nacionalidad concentrara la titularidad, prohibió la extranjerización de tierras ribereñas o con espejos de agua, y creó el propio RNTR para controlar el cumplimiento de estos límites. Fue, en su momento, una respuesta a casos que se habían vuelto emblemáticos de la entrega de los años noventa: las casi un millón de hectáreas de la Compañía de Tierras Sud Argentina, ligada al grupo Benetton, o las tierras del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, en Río Negro, con accesos bloqueados a un lago de uso público. También lo acaecido en Valle Hermoso (provincia de La Rioja) donde en 2008 empresarios norteamericanos llegaron a adquirir un pueblo entero, con sus tierras, sus construcciones y buena parte de la vida productiva local. No se trata de situaciones aisladas, sino de la expresión más extrema de una lógica que, con matices, se repite en distintos puntos del país: la posibilidad de que una comunidad completa quede, en los hechos, bajo el dominio de un capital que no vive ni produce pensando en las necesidades de esa población.
Los 36 departamentos en rojo
El aporte central que hicimos desde el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA-UBA) y el Observatorio de Tierras fue desagregar el dato nacional hasta la escala departamental. Con un mapa interactivo de acceso público, clasificamos a los departamentos en un esquema de semáforo: en amarillo, los que superan el promedio nacional del 5%; en rojo, los 36 que ya igualan o exceden el límite legal del 15%. Su ubicación no es aleatoria: se concentran en zonas de frontera —la cordillera de los Andes, el límite con Paraguay—, en la vera del río Paraná, en espacios estratégicos o en territorios con reservas de minerales críticos y agua dulce. Sobre la erróneamente denominada hidrovía del Paraná —un curso de agua natural, no una obra de ingeniería, aunque el término instaló la idea de una infraestructura a gestionar comercialmente, departamentos como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes) o Campana (Buenos Aires) superan el 30%, en una zona donde confluyen puertos, terminales fluviales y el acuífero Guaraní.
El patrón que emerge es contundente: la extranjerización no avanza de manera pareja sobre el mapa, sino que se organiza siguiendo la geografía de los bienes estratégicos. No es sólo cuánta tierra se pierde, sino qué agua, qué minerales, qué fronteras y qué corredores logísticos quedan bajo control extranjero. La mitad de las tierras extranjerizadas está en manos de capitales de tres países —Estados Unidos, Italia y España—, a los que se suman guarismos llamativos de paraísos fiscales, donde principados europeos figuran como titulares de más suelo argentino que el que ocupan sus propios territorios de origen.
Cuando todo se superpone: los casos más alarmantes
Detrás del número agregado hay una decena de casos que, por la magnitud y la superposición de procesos que registramos al incorporar al mapa las capas del Inventario Nacional de Glaciares (IANIGLA), la cartera de proyectos mineros (SIACAM) y el relevamiento de comunidades indígenas (Re.Na.Ci), consideramos particularmente preocupantes. En todos ellos la propiedad extranjera no aparece sola: coincide con proyectos mineros, zonas de glaciares y ambientes periglaciares, cuencas hídricas críticas y territorios habitados por comunidades originarias bajo presión de desalojo.
El caso más extremo lo constatamos en San Carlos, en los valles calchaquíes de Salta, donde la propiedad extranjera alcanza casi el 60% de la superficie rural (306.454 de 512.297 hectáreas), asentada directamente sobre glaciares de escombros y ambientes periglaciares del IANIGLA, en un territorio donde conviven comunidades indígenas permanentemente amenazadas y cuatro proyectos mineros metalíferos en prospección avanzada. Además, limita, con Cafayate y Molinos, con un 23% y un 58% de extranjerización, consolidando un polo de acaparamiento en el noroeste argentino. Un patrón idéntico encontramos en General Lamadrid (La Rioja), con el 57% de sus tierras rurales en manos de capitales foráneos y seis proyectos de exploración de oro y cobre —varios de origen canadienses— emplazados exactamente sobre nacientes de cuencas hídricas críticas.
En la Patagonia, en Lácar (Neuquén) la propiedad extranjera, particularmente norteamericana, supera la mitad del territorio y controla los accesos a lagos y bosques nativos, restringiendo de hecho el tránsito de las comunidades mapuches; en Cushamen (Chubut), el departamento de Lago Escondido, más de 377.000 hectáreas extranjerizadas fueron epicentro de conflictos con militarización de accesos. En Tinogasta (Catamarca), el 27% del suelo extranjerizado convive con nueve proyectos mineros y casi 4.500 hectáreas de glaciares, con denuncias de comunidades atacameñas por contaminación de agua reconocidas por la Justicia provincial. Y en Malargüe (Mendoza), más de 600.000 hectáreas extranjerizadas se superponen con hielo glaciar y con el territorio ancestral de un tercio de las comunidades indígenas de la provincia, mientras avanza más de una decena de proyectos mineros. En conjunto, estos casos muestran que la extranjerización no compite con la megaminería, el retroceso de los glaciares o el desplazamiento de comunidades originarias: los potencia, porque son, literalmente, las mismas hectáreas.
Por qué es grave la extranjerización —y también la concentración— de la tierra
A lo largo de nuestros informes fuimos sistematizando por qué consideramos que este proceso reviste una gravedad particular: amenaza la soberanía nacional, porque las tierras fronterizas cumplen una función central en la defensa y la seguridad; implica la pérdida del control sobre recursos estratégicos —agua, minerales, hidrocarburos, bosques y tierras fértiles—; profundiza la dependencia económica y la fuga de beneficios, porque las ganancias se transfieren fuera del país; dificulta la aplicación de políticas públicas de uso del suelo, ambiente, vivienda y producción; genera desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas; y acelera el deterioro ambiental, al priorizar la rentabilidad de corto plazo por sobre la sustentabilidad.
Estos dos últimos puntos no remiten únicamente a la extranjerización, sino a un problema más amplio y estructural de nuestro país: la concentración de la tierra. Aun si toda la tierra extranjerizada volviera a manos de capitales nacionales, seguiría existiendo un proceso de acaparamiento de un recurso limitado e irreproducible en un número muy acotado de manos. Por eso entendemos que la discusión no puede limitarse a la nacionalidad de quien detenta la propiedad: se trata, en el fondo, de qué políticas de acceso a la tierra y a sus bienes comunes queremos para la Argentina.
Por qué el Gobierno quería cambiar la ley
El primer intento del Gobierno de Javier Milei de desarmar este marco regulatorio llegó apenas asumido, con el DNU 70/2023, que buscó derogar directamente la Ley de Tierras. Ese artículo fue frenado en la Justicia pero tras el recambio legislativo de diciembre de 2025, el Ejecutivo volvió a intentarlo por la vía parlamentaria, en medio de una temporada de incendios que arrasaba la Patagonia. El proyecto, elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no se limitaba a subir el porcentaje permitido: redefinía quién cuenta como “titular extranjero”, restringiendo esa categoría casi exclusivamente a Estados extranjeros y empresas estatales, y dejando afuera a personas físicas y jurídicas privadas. Como la extranjerización argentina fue realizada mayoritariamente por capitales privados, ese cambio equivalía, en los hechos, a legalizar la extranjerización masiva del territorio sin necesidad de derogar la ley.
Consideramos que ese único límite remanente —sobre los Estados extranjeros y sus empresas estatales— no era casual: se inscribe en el marcado alineamiento del Gobierno de Milei con la administración estadounidense de Donald Trump, y apuntaba sobre todo a frenar al capital chino, que en la Argentina no suele comprar tierra de manera directa sino operar mediante concesiones y convenios con empresas estatales y gobiernos provinciales. Además, el proyecto eliminaba las restricciones sobre tierras ribereñas y de frontera, y debilitaba las facultades del Estado para declarar la utilidad pública de un bien, acelerando los desalojos.
Glaciares y RIGI
Sostenemos que este proyecto no debe leerse de manera aislada, sino como una pieza de una política que profundiza la dependencia argentina con respecto al capital extranjero: al habilitar la concentración de tierra y recursos en manos del capital extranjero, reforzaba la fuga de ganancias hacia el exterior y la presión sobre el endeudamiento externo. Esa lectura se confirma al observar el proyecto junto a otras iniciativas del Gobierno: en simultáneo avanzó sobre la Ley de Glaciares, buscando debilitar la protección de estos reservorios de agua dulce, muchos de ellos ubicados exactamente en los departamentos que identificamos en rojo. A esto se suma el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI, Ley 27.742 de 2024), que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios —incluida la libre disponibilidad de divisas— a grandes proyectos extractivos y está orientado fundamentalmente a las inversiones extranjeras. Entendemos que tierras, glaciares y RIGI conforman un mismo engranaje: uno que acelera la radicación de capital foráneo donde se concentran agua, minerales críticos y biodiversidad, y debilita, al mismo tiempo, las herramientas del Estado para regularla.
Este cuadro se completa, además, con la reforma laboral, el desfinanciamiento universitario, la desarticulación del sistema científico-tecnológico y los despidos en organismos públicos clave como el Servicio Meteorológico Nacional, el INTA y el INTI. También con el cierre de más de 26.000 empresas y la pérdida de 300.000 puestos de trabajos formales producto de la caída del consumo interno y la apertura importadora. Entendemos que todas estas políticas responden a una misma matriz: debilitar al Estado como productor de conocimiento, como regulador de la economía y como sostén de una industria y una ciencia nacionales, en simultáneo con la apertura de nuestros recursos estratégicos al capital extranjero.
Del eufemismo de la “inviolabilidad de la propiedad privada” a la bandera de Malvinas y la calle
Ese paquete de reformas —que además incluía cambios a la ley de manejo del fuego, a la de desalojos y a las expropiaciones— se presentó en el Senado bajo un título que no mencionaba en ningún momento a la tierra ni a la extranjerización: “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. El nombre operaba como una cortina de humo. ¿Quién podría oponerse, en principio, a proteger la propiedad privada? El truco consistía en camuflar bajo un principio de “sentido común” —y de fuerte carga simbólica para buena parte del electorado— un articulado que en realidad favorecía la concentración de tierras en manos de capitales extranjeros y debilitaba las herramientas estatales de control territorial.
El propio calendario de tratamiento parlamentario reforzaba esa estrategia de invisibilización: el proyecto se discutió en el Senado en pleno desarrollo del Mundial de fútbol, un momento en que la atención pública nacional estaba puesta en otro lado.
Frente a esa maniobra del Gobierno, nuestra respuesta desde el Programa y el Observatorio fue exactamente la contraria: nombrar las cosas y ponerlas en circulación. Pero ningún proceso de este tipo se explica solo por la calidad de los datos ni por su circulación mediática: la dinámica social jugó un papel decisivo. En esas mismas semanas, la Selección argentina venció a Inglaterra en el Mundial de fútbol y desplegó la bandera sobre Malvinas, un resultado deportivo que no podía desligarse de una carga simbólica más amplia: la disputa histórica por las Islas Malvinas, aún ocupadas por el Reino Unido, y la presencia británica —con casos como el de Joe Lewis en Lago Escondido— entre los capitales extranjeros que hoy controlan tierras en el país.
Ese suceso se transformó en un puente inesperado pero potente entre el reclamo de soberanía territorial sobre nuestras Islas y la defensa de la tierra continental. Esa misma cordillera que, como canta Calle 13, es “la espina dorsal del planeta”, y que en nuestros mapas aparece una y otra vez como uno de los principales focos de extranjerización del país se ubicó en el centro de la discusión. En ese contexto, la intervención de artistas y comunicadores populares amplificó el alcance de un debate. La combinación de los datos proporcionadas por el propio gobierno, un símbolo futbolístico y una consigna de soberanía histórica nos permitió imponer que se llamaran las cosas por su nombre:
Ley de Extranjerización de la Tierra, como la denominamos en nuestro cuarto informe de abril de 2026.
Ese proceso de politización social desembocó en movilización callejera. La resistencia al proyecto terminó expresándose en las calles, incluso enfrentando una feroz represión —con miles de policías y gendarmes, palos, balas de goma e hidrantes actuando durante siete horas— que no logró disolver el reclamo.
Un triunfo parcial, una disputa que continúa
La confluencia de estos factores obligó al Gobierno a retroceder: los capítulos de modificación de la Ley de Tierras y de la ley de manejo del fuego fueron retirados del proyecto antes de que lograra media sanción. Fue una victoria muy importante que impactó fuerte en el gobierno. De todos modos, el resto del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” sigue en danza, con capítulos que limitan severamente las expropiaciones por razones de utilidad pública y habilitan mecanismos de desalojo exprés, a la espera de tratamiento en la Cámara de Diputados. A su vez, sabemos que el Gobierno probablemente vuelva a intentar avanzar sobre las tierras, como hizo varias veces desde diciembre de 2023.
Más allá del resultado coyuntural, este episodio evidencia que se puede aportar e intervenir en debates fundamentales sobre el pasado, el presente y el futuro de la Argentina aunque, aparentemente, esas problemáticas estén alejadas de la vida cotidiana. La extranjerización de la tierra afecta la capacidad del Estado para controlar zonas de frontera, regular el uso del suelo, proteger glaciares y cuencas de agua dulce, y sostener políticas de vivienda y producción agropecuaria: es un problema de soberanía en el sentido más concreto, sobre quién decide qué se hace con el territorio y sus recursos estratégicos. Nuestra experiencia, desde el PRIHA y el Observatorio, nos mostró que traducir información pública en mapas e informes claros, y articularla con organizaciones civiles, sociales y sindicales, puede convertir una discusión supuestamente marginal en un debate de masas capaz de torcer, al menos momentáneamente, la agenda legislativa. La investigación científica realizada desde la universidad pública nunca es un ejercicio neutral: para nosotros debe ser una herramienta al servicio de las mayorías populares. En ese recorrido reafirmamos la consigna que se consolidó durante los últimos meses: las Malvinas son argentinas, el resto de nuestro territorio también.