Carlos La Serna |
Quizás la situación que vivimos pueda considerarse desalentadora. Tenemos cierta noción de lo que sucede, de los problemas que tenemos, de la ausencia de intención alguna del Estado por reconocer y dar respuesta a los mismos, siendo a su vez públicos sus propósitos de profundizar el malestar que invade la vida de una alta y creciente proporción de nuestra población.
A modo de balance, recordemos aquí la salvaje destrucción de las capacidades del Estado para garantizar aún en condiciones básicas los derechos a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la circulación por el territorio sobre rutas deterioradas, los daños al desarrollo de la ciencia y la tecnología. El perjuicio a las PyME´s vía la reducción drástica de la capacidad de consumo, la apertura indiscriminada de importaciones, la interrupción de inversiones cuasi finalizadas como es el caso del reactor Carem, el intento de venta de las centrales de energía nuclear y de todo su potencial científico, la subasta del complejo de centrales hidroeléctricas situadas en la Patagonia norte, la ignorancia de las disposiciones de la Ley de Tierras, la expulsión de población originaria de su hábitat natural, etc., etc.
Habiendo LLA obtenido tales logros, no ha sin embargo llegado a horadar seriamente aquellos núcleos que aún subsisten asociados al pasado modelo industrialista. Aludimos a las regulaciones legales sobre el trabajo, el régimen de jubilaciones, los servicios de salud y educación, aún cuando estos dispositivos registran desigualdades marcadas, uno en el alcance de sus garantías y derechos, otro en el nivel misérrimo de los beneficios que otorga, los últimos en la amenaza creciente de su desfinanciación que deteriora sus prestaciones. Hay alrededor de estos sistemas una exigencia dada por los acuerdos con el FMI que no tiene otro objetivo que su mercantilización, bajo criterios de valorización financiera.
El salvataje por las corporaciones financieras que se acaba de ventilar como éxito del programa económico libertario hace evidente las amenazas de proporciones a la que nos enfrentamos, pero también sus fragilidades. Está asociado a un poder -el de la aún mayor potencia global- que está lejos de pasar por su auge, que se juega en el caso de Argentina lo que posiblemente constituya su principal apuesta geopolítica, frente al deterioro del continente europeo y al avance de los BRICS. Es en ese contexto, que su propio frente interno es desestabilizado por la oposición y el crecimiento político del partido demócrata, lo cual limitó la asistencia norteamericana y exigió acudir al auxilio de las corporaciones financieras. Éstas jugaron su papel con el arribo a nuestro país de la cúpula del JP Morgan y con la fallida promesa de otro “empréstito” también por 20 mil millones de dólares que primero se redujo y luego se esfumó. No obstante, aquellos días de estrecho contacto parecen haber servido para reabrir el mercado de la deuda en el que el régimen libertario está hallando los dólares para pagar próximos vencimientos, mientras la deuda externa crece sin final a la vista. El discurso que quiere amparar este -y otros- itinerarios libertarios es probadamente falaz, nada de lo que promete contradecirá los resultados del artificio especulativo que no logra auto-sostenerse sin constantes ajustes y asistencias.
No hemos sido ni seremos catastrofistas, pero cabe señalar que las fragilidades que aquí sólo puntualizamos están contrarrestadas por el empuje que el régimen libertario ejerce luego de las elecciones intermedias y por la quietud, el aludido internismo que sufre la oposición mayoritaria. Es en este sentido que cabe sopesar, ser lo más claros posible respecto del programa de dominación social en marcha, un programa cuyos poderes rebasan en mucho los límites de nuestra geografía física, política, económica, social.
¿De qué hablamos cuando hablamos de biopolítica?
La biopolítica o política de vida, entiende al Estado como el ámbito privilegiado de despliegue de una dominación que encuentra en la administración de la población un dispositivo crucial. Foucault da fuerza a la idea de biopolítica al tratar de entender la profunda transformación de las sociedades occidentales entre los siglos XVIII y XIX, connotada centralmente por el tránsito genéricamente humanitario que lleva del “derecho de muerte” al “poder sobre la vida”.
El ocaso del totalitarismo (del nazismo alemán, del fascismo italiano, del comunismo soviético), esto es de regímenes que hacen de la población un todo que administran con arreglo al “derecho de muerte”, a la imposición de condiciones de deplorables de vida que son exigidas por los intereses de la dominación política, económica, cultural a los que responden. Viajando en el tiempo, éste fue también el caso de Argentina bajo la dictadura cívico eclesiástica militar, como, el de la misma constitución de nuestro estado moderno, bajo la presidencia de J. A. Roca tras el signo de la “conquista del desierto”, lo cual llevaría al genocidio de los pueblos originarios, herramienta macabra de desposesión y dominación de sus territorios y poblaciones ancestrales. En ambos momentos históricos, los genocidios perpetrados constituyeron la vía que determina la biopolítica en su objetivo de sojuzgar a aquella población que se oponía a las exigencias de cada fase: la penetración del capital financiero en el primer caso, la integración y apropiación territorial del Estado Nación en el siguiente, siendo transversal a ambos momentos el violento disciplinamiento de la población.
En contraposición, el denominado Estado de Bienestar o de Intervención en Latinoamérica es el régimen estatal que Foucault ve emerger como configuración biopolítica que asume la modalidad de un “poder sobre la vida”. Se trata de coaliciones de poder que integran, junto al estado mismo, a representaciones sindicales y empresariales, bajo una perspectiva de desarrollo endógeno, distribución del ingreso, acceso a servicios públicos, en un marco de creciente consumo y de participación política mediada corporativamente.
La gestión de la población responde de tal modo a criterios de inclusión que adquiere distintos grados de realización -de bienestar- según las sociedades que se observen. No se trata por cierto de sociedades libres de conflicto, tal situación no existe, sino de la disputa por demandas y/o exigencias derivadas tanto de un horizonte de progresividad de los beneficios, como de aspiraciones de emancipación social -el voto femenino es claramente un caso-, paralelo a lo cual se expresan los intereses económicos, políticos y sociales propios de las corporaciones.
En ese marco, el capitalismo ha sido el escenario de la más relevante experiencia histórica de una biopolítica que supera más no suprime el “derecho de muerte”. Éste persiste inscripto en legislaciones punitivistas, en franjas excluyentes, racistas, puramente antagonistas, vestigios éstos de un pasado-presente que alienta todo curso político autoritario: los periódicos golpes militares en Argentina lo constatan, como también conatos que han cobrado no pocas vidas.
La biopolítica puede considerarse como una perspectiva analítica que admite un continuo de situaciones entre experiencias históricas opuestas. El caso de la biopolitica libertaria como caso concreto puede considerarse como expresión asociada a aquellos regímenes extremos que Foucault encierra en el “derecho de muerte”, asociación ésta que tiene que ver con los límites que el avance de la democracia opone aún al autoritarismo. Los indicios al respecto son abundantes y su profundización una perspectiva que no puede ser desechada.
La política libertaria se distingue en este sentido por su esfuerzo por manipular las reglas democráticas básicas, conservando su vacía formalidad. Lo indica el tinte claramente represor y punitivista que se inicia con el Protocolo antipiquetes, las subsiguientes modificaciones que incrementaron las atribuciones de actuación discrecional de las fuerzas policiales expresadas en la represión sistemática, el actual proyecto de reforma del Código Penal que tiende a incrementar las penas, a reducir la edad de imputabilidad y el derecho a la excarcelación. El derrotero sólo aludido del Ministerio de Seguridad ha producido según últimos análisis de CELS, desde la vigencia del Protocolo, cerca de 1.400 manifestantes heridos durante el primer semestre del corriente año, muchos en ocasión de las marchas de las organizaciones de jubilados. Entre sus últimos aportes, la ministra autoriza la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas, medida que la Unidad Fiscal respectiva advirtió podría derivar en el desvío de armas al mercado ilegal, a lo que cabe agregar el incremento del poder de fuego que de tal manera adquirirán ciudadanos comunes.
Todo ello en el marco de una práctica agresiva contra la política, contra el rol del Congreso al que primero rechaza y luego coacciona con dádivas de toda calaña, al desprecio por las diversidades, a la protección de una justicia que actúa en vergonzosa consonancia con las necesidades políticas – fallando a demanda en causas con fines de exclusión política, paralizando y/o estorbando investigaciones ligadas a la escandalosa corrupción que compromete a las más altas autoridades ejecutivas. En fin actuando en franca contraposición con la democracia toda, si por ello se entiende el desconocimiento abierto de las normas constitucionales del estado de derecho.
Hoy este horizonte encuentra contadas instancias con capacidad de oponer alternativas. Aquella constituida por las bancadas opositoras del Congreso, debilitadas mas no derrotadas, aquella potencia que guardan las estructuras sindicales, que estos días se manifestó con fuerza frente al deterioro de los ingresos en las calles de la Ciudad de Córdoba, la sociedad civil que protagonizó en Mendoza una importante jornada en defensa del agua amenazada por las minería extractivista. El partido justicialista atraviesa por ese virus que impide el armado de un discurso, el ejercicio de solidaridades, no digamos ya de un programa político que responda a esta amenaza ultra derechista de ir por todo, a una política estatal ligada al derecho de muerte.
Córdoba, 11 de diciembre de 2025.
Ilustración: Paula La Serna, Oleo, s/f.