| Martín Schorr
Para comprender la naturaleza de las transformaciones económicas en un país periférico como la Argentina, resulta imprescindible eludir el sesgo del aislacionismo analítico y situar el desempeño local en el marco de las tendencias generales del capitalismo contemporáneo. En este ejercicio de comparación internacional, el comportamiento del sector industrial adquiere una centralidad crítica. Lejos de constituir un componente más de la estructura productiva, la industria suele funcionar como un motor fundamental del progreso técnico, el núcleo generador de empleo formal de alta productividad y el espacio donde se gestan numerosas innovaciones organizacionales y tecnológicas. Asimismo, en el caso de varias economías latinoamericanas, la densidad del tejido fabril representa un factor destacado de amortiguación frente a las recurrentes crisis de restricción externa y falta de divisas.
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ofrece un marco estadístico interesante para evaluar estos procesos mediante la publicación del Índice de Producción Manufacturera (desestacionalizado). Construido sobre una muestra representativa de 84 economías y tomando el año 2023 como base de comparación, este indicador permite analizar con criterio uniforme las trayectorias divergentes observadas a escala internacional. Al examinar la evidencia empírica acumulada para el período 2023-2026, la primera conclusión insoslayable es la profundización de una brecha severa: mientras el producto manufacturero global mantiene un sendero de expansión y recomposición, la Argentina experimenta una contracción de magnitud considerable.
La brecha de desempeño
A escala global, la media del sector industrial correspondiente a las 84 naciones relevadas por la ONUDI registró una expansión cercana al 6% en comparación con los niveles promedio de 2023. Sin embargo, detrás de este promedio mundial se esconden estrategias de acumulación y grados de intervención estatal heterogéneos que explican los diferentes resultados nacionales y regionales.
En el extremo superior de la dinámica expansiva se ubica China, con un incremento de casi el 20% en su volumen de producción manufacturera. Este dinamismo no es fruto del azar ni del mero desenvolvimiento del mercado, sino el resultado de una política de Estado sostenida en el tiempo que combina, entre muchas otras cosas, el financiamiento a la investigación y el desarrollo, el estímulo a las cadenas de valor de alta complejidad, la producción de bienes de capital y el liderazgo en tecnologías vinculadas con la transición energética, la robótica y la inteligencia artificial.
Por su parte, las economías centrales mostraron un sendero expansivo moderado pero sostenido. Por ejemplo, Estados Unidos avanzó un 2% apalancado por políticas de relocalización industrial (reshoring) e incentivos fiscales para la instalación de capacidad productiva dentro de sus fronteras. En el plano regional latinoamericano, Brasil evidenció una suba del orden del 3%, impulsada por cierto dinamismo de su mercado interno, la evolución de su industria automotriz y el apoyo crediticio a la producción pesada.
En este concierto internacional, la trayectoria de la Argentina se distingue por una clara anomalía. El indicador de la ONUDI sitúa a la industria nacional con una caída acumulada del 11% respecto al promedio de 2023. Incluso si la medición se efectúa considerando como punto de partida el hito del cambio de gestión en diciembre de 2023, la contracción alcanza un 9%. Se trata de un retroceso que ubica al país a contramano de la tendencia internacional y de muchos de sus principales socios comerciales.
La singularidad del retroceso argentino
El aspecto más problemático que arroja el informe de la ONUDI no reside únicamente en la cifra de contracción de la producción industrial de la Argentina, sino en la caracterización de los países que acompañan al país en el estrato más deteriorado del ranking global. De acuerdo con el relevamiento, la Argentina ocupa el cuarto peor desempeño manufacturero del mundo entre los 84 países analizados.
Al categorizar el grupo de economías que muestran registros peores o asimilables a los de la Argentina, se comprueba que todas ellas han sufrido shocks de naturaleza extraeconómica, bélica o geopolítica de carácter traumático.
- Palestina. Exhibe la caída más drástica de la serie como consecuencia del genocidio perpetrado en Gaza, con la consecuente destrucción masiva de infraestructura productiva y el bloqueo de sus flujos comerciales.
- Qatar. Registra una severa parálisis industrial provocada por interrupciones operativas no programadas, accidentes y atentados sobre instalaciones clave para el procesamiento y la exportación de gas natural.
- Bulgaria. Presenta un marcado declive inducido por el impacto de las sanciones geopolíticas sobre su principal planta de refinación petrolera, combinado con la contracción de la industria automotriz en Europa Central.
La constatación de que la Argentina comparte los escalones más bajos del indicador mundial con países sumergidos en conflagraciones bélicas o crisis de infraestructura energética resulta reveladora. Demuestra que la recesión industrial argentina no puede ser explicada como el coletazo ineludible de un contexto internacional adverso o de un shock externo exógeno. Por el contrario, se trata del resultado directo del marco doctrinal implantado por el gobierno de Javier Milei, cuya orientación marcadamente anti-industrial considera a la producción manufacturera nacional como un “sector ineficiente” al que se debe disciplinar mediante la “retirada del Estado”.
Este sesgo ideológico oficial se tradujo en una combinación devastadora de políticas: la pulverización del consumo masivo a través de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos fijos, el encarecimiento del crédito productivo mediante altas tasas de interés, la parálisis casi total de la obra pública y una apertura comercial indiscriminada que, combinada con un atraso cambiario ostensible, expone al entramado fabril a la competencia de productos importados. Bajo la premisa libertaria de que “la mejor política industrial es la que no existe”, la gestión nacional renunció explícitamente a cualquier herramienta de fomento productivo o soberanía tecnológica, acelerando el desmantelamiento del tejido manufacturero.
Ahora bien, este proceso de destrucción del aparato productivo no se explica únicamente por la vocación doctrinaria del gobierno; también cuenta como condición de posibilidad el sugestivo silencio y la complacencia de la cúpula corporativa de la Unión Industrial Argentina (UIA). Salvo excepciones puntuales o reclamos aislados de cámaras territoriales y pymes, la conducción de la UIA optó por una actitud de convalidación táctica y subordinación política ante el programa económico oficial. Seducida por la concreción de reformas laborales flexibilizadoras, reducciones impositivas para los estratos más concentrados y regímenes de privilegio extractivo como el RIGI (de cuyas numerosas prebendas se han beneficiado algunas empresas ligadas a referentes conspicuos de la entidad), la dirigencia fabril tradicional ha preferido callar frente al cierre masivo de plantas, el desplome del uso de la capacidad instalada y los miles de despidos en el sector. Esta actitud histórica de la gran burguesía industrial argentina revalida un patrón recurrente a jerarquizar el beneficio particular sobre la defensa colectiva del desarrollo económico e industrial del país.
Heterogeneidad estructural y sesgo reprimarizador
El retroceso industrial argentino bajo la gestión de La Libertad Avanza encubre un proceso aún más preocupante: la acentuación de la heterogeneidad estructural al interior del tejido productivo. La crisis no ha golpeado a todos los bloques fabriles con la misma intensidad, sino que ha provocado una reconfiguración regresiva de la matriz productiva, en la que se consolida un esquema de pocos “ganadores” y muchos “perdedores”.
Por un lado, se encuentran los sectores con mayor capacidad de crecimiento, fuertemente vinculados a la explotación de recursos naturales y a la exportación de bienes primarios bajo control transnacional. Es el caso de la producción hirdocarburífera y la minera, así como ciertas ramas del procesamiento agroindustrial. Estos sectores, sobre todo los dos primeros, han sido favorecidos por esquemas de incentivo como el RIGI, al tiempo que se caracterizan por ser altamente intensivos en capital, tener una reducida demanda de empleo y estar poco integrados con las actividades industriales.
Por otro lado, los sectores que sufren las caídas más drásticas son precisamente aquellos que, con sus especificidades, concentran la mayor densidad nacional de valor agregado, generan empleo y demandan desarrollo tecnológico local. Solo por citar algunos rubros: textiles, calzado y confección, maquinarias y equipos, automotriz, metalmecánicas varias, equipos de transporte.
Esta brecha sectorial no hace más que profundizar una matriz reprimarizada. Se desarticulan numerosos eslabones de la cadena industrial y sobreviven casi exclusivamente los bloques primario-extractivos orientados al mercado mundial.
La evidencia sistematizada por la ONUDI para el período 2023-2026 confirma que la Argentina atraviesa una fase profunda de desindustrialización y regresión sectorial inducida desde la cumbre del poder político y convalidada en los hechos por las cúpulas empresariales de la UIA. Mientras las principales economías del planeta retoman o consolidan políticas de intervención estatal activa para resguardar sus matrices fabriles frente a la competencia internacional, el dogma libertario aplicado a nivel nacional profundiza la desarticulación del entramado pyme y la pérdida de soberanía productiva, científica y tecnológica.
La distancia que separa la trayectoria global positiva del desplome argentino trasciende la mera discusión de una cifra estadística. Significa el cierre definitivo de establecimientos industriales, la pérdida inestimable de capacidades de diferente tipo acumuladas durante décadas y la degradación de las condiciones de trabajo de amplias capas de la población. La experiencia histórica demuestra que las capacidades industriales destruidas por el dogmatismo anti-industrial no se reconstruyen de manera automática ante un eventual cambio de gobierno y de orientación económica.
Superar la lógica del rezago productivo y revertir la tendencia a la reprimarización exige abandonar el dogma del libre mercado a ultranza y volver a posicionar a la política industrial en el centro de la agenda de desarrollo nacional. Esto requiere, entre muchas otras cuestiones, la articulación inteligente entre la administración del comercio exterior, el fomento del crédito productivo a tasas accesibles, la inversión estatal en el sistema universitario y en ciencia y tecnología, y la reconstrucción de la demanda interna como pilar de sustento para la producción y el trabajo argentino.