| Ana Rameri y Claudio Lozano
1. La motosierra visible y la deuda invisible
Desde que asumió Milei, el ajuste fiscal fue presentado como la prueba central del ordenamiento de las cuentas públicas. Sin embargo, los datos de ejecución presupuestaria muestran una dinámica más problemática. Durante el primer trimestre de 2026, el Sector Público Nacional informó un superávit financiero de $1,7 billones, equivalente al 0,2% del PBI, sostenido sobre un recorte muy profundo del gasto primario. Pero ese resultado de caja deja afuera más de $12 billones de intereses devengados y capitalizados en LECAP, BONCAP y LEFI, que no aparecen como gasto pagado, aunque incrementan el stock de deuda pública. Si se incorporaran al resultado fiscal, el festejado superávit se transformaría en un déficit superior a los $10 billones.
En el mismo período, el gasto primario, previo al pago de intereses, volvió a caer en términos reales, con una baja interanual del 5,1%. Pero esa comparación contra 2025 parte de una base ya muy deteriorada. Si se toma como referencia el primer trimestre de 2023, el cuadro es mucho más grave, ya que el gasto primario se ubica 31,3% por debajo en términos reales. La motosierra, entonces, no fue solo el gesto inaugural del Gobierno, sino una nueva forma de funcionamiento del Estado.
Ese recorte acumulado atraviesa prácticamente todas las funciones públicas. El gasto de capital cayó 86,6% frente a 2023, configurando en los hechos la virtual desaparición de la obra pública nacional. También retrocedieron con fuerza las transferencias corrientes a provincias (-66,2%), los programas sociales (-61,4%), los subsidios al transporte (-48,9%), otros gastos de funcionamiento (-46,4%), los salarios públicos (-29,1%), las asignaciones familiares (-22,7%) y las pensiones no contributivas (-21,8%). Incluso las partidas que mostraron alguna mejora interanual siguen lejos del nivel previo al cambio de gobierno. Las jubilaciones y pensiones contributivas permanecen 10,7% por debajo de 2023, las transferencias a universidades 20,6% abajo y los subsidios a la energía 58,1% por debajo, aun cuando en este último caso hubo un rebote asociado al pago de deudas acumuladas hacia fines de 2025.
Estas cifras no son solo contabilidad pública. El recorte de subsidios al transporte y a la energía se tradujo en aumentos de boletos y tarifas que golpearon directamente el presupuesto de los hogares. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, hacia mayo de 2026 una familia del AMBA necesitaba casi $250.000 mensuales para cubrir luz, gas, agua y transporte público, mientras la canasta de servicios públicos acumulaba desde diciembre de 2023 una suba cercana al 800%. El ajuste también se expresa en el deterioro de prestaciones para personas con discapacidad, la crisis universitaria, la pérdida del salario docente, la menor cobertura de medicamentos, las tensiones en el PAMI y la caída real de ingresos para jubilados. Lo que en la planilla fiscal figura como “ahorro” aparece en la vida cotidiana como encarecimiento, pérdida de derechos y deterioro de servicios esenciales.
2. El ajuste se muerde la cola
El programa económico de Milei encierra una trampa fiscal porque mientras promete ordenar las cuentas públicas, debilita las bases materiales que sostienen la recaudación. La recesión, la apertura comercial, la desindustrialización, la apreciación cambiaria, el deterioro salarial y la depresión del consumo interno erosionan los ingresos tributarios del Estado. El ajuste del gasto público no opera por fuera de esa dinámica, sino que la refuerza ya que, al recortar jubilaciones, salarios estatales, obra pública, transferencias, programas sociales y subsidios, reduce todavía más la demanda y profundiza el enfriamiento de la actividad.
Esta dinámica golpea con especial fuerza porque la estructura tributaria argentina descansa en buena medida sobre impuestos ligados al consumo y a los ingresos laborales. El IVA, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social y Ganancias tienen un peso mucho mayor que los impuestos patrimoniales. Por eso, cuando caen el consumo, la actividad, la masa salarial y el empleo formal, la recaudación se resiente de manera directa. Esto indica que el sistema tributario, además de regresivo, es procíclico porque recauda menos precisamente cuando la economía se contrae.
Los datos de 2026 muestran que, entre enero y mayo, los recursos tributarios nacionales cayeron 4,7% real interanual. La comparación con 2023 confirma que no se trata de una oscilación puntual, ya que en mayo de 2026 la recaudación total se ubicó 6% por debajo de mayo de 2023 en términos reales. La caída fue particularmente fuerte en Bienes Personales (-63,4%), Derechos de Exportación (-55,6%), Ganancias Aduanero (-55%), IVA Aduanero (-46,3%), Impuestos Internos Coparticipados (-43,3%), IVA total (-26,7%) y Seguridad Social (-2,9%).
Esta dinámica indica que, además del impacto negativo de la recesión sobre las bases tributarias, el cuadro fiscal se agrava por la decisión oficial de resignar recursos sobre sectores de alta capacidad contributiva, aliviando a exportadores, grandes patrimonios y grandes negocios.
3. Los ricos cuestan caro
Mientras el Gobierno presenta el ajuste como una obligación inevitable, adopta decisiones que reducen la carga tributaria sobre patrimonios altos, sectores exportadores, consumos de lujo y grandes proyectos de inversión.
El caso de Bienes Personales es uno de los más claros. La Ley 27.743 redujo gradualmente las alícuotas del principal impuesto nacional sobre el patrimonio, hasta llevarlo a una alícuota única y plana de apenas 0,25% desde 2027, con una pérdida de recaudación estimada en 0,3% del PBI. A ello se suma el Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales, que permite adelantar el pago de varios períodos y otorga estabilidad fiscal hasta 2038 frente a ese impuesto y cualquier otro tributo nacional que grave el patrimonio.
La misma orientación aparece en los derechos de exportación y en los impuestos internos. Durante 2025, el Gobierno avanzó con rebajas transitorias, reducciones permanentes y esquemas de retenciones cero para distintos complejos exportadores. El costo fiscal de la eliminación transitoria de retenciones para acelerar liquidaciones fue estimado en USD 1.500 millones, equivalente a 0,22% del PBI, mientras que la reducción permanente de alícuotas para los principales complejos agropecuarios implica un costo estimado de 0,27% del PBI. A ello se sumó la baja de impuestos internos a autos y bienes suntuarios, mediante la elevación del mínimo exento y la reducción o suspensión de alícuotas, con una pérdida de recaudación estimada en 0,07% del PBI.
El paquete se completa con blanqueos, moratorias, eliminación de tributación sobre ciertas operaciones patrimoniales y el debilitamiento de herramientas de fiscalización. La regularización de activos ofreció condiciones favorables para exteriorizar patrimonios no declarados; la moratoria tributaria, aduanera y previsional permitió regularizar deudas vencidas con beneficios y las reformas en materia penal-tributaria (asociadas coloquialmente a la búsqueda de una «inocencia fiscal») redujeron controles, elevaron montos mínimos para la configuración de delitos tributarios, acortaron plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores y limitaron requerimientos de información patrimonial por parte de la ARCA.
Otro caso paradigmático es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El RIGI otorga beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y jurídicos a grandes proyectos, con estabilidad fiscal por 30 años y un costo fiscal anual estimado en USD 1.800 millones, equivalente a 0,27% del PBI. En los hechos, habilita una lógica de enclave, con reglas excepcionales para grandes inversiones que no rigen para el resto del entramado productivo. El proyecto de “Súper RIGI” profundiza esa orientación al extender esos privilegios hacia nuevas industrias, infraestructura digital estratégica, inteligencia artificial, data centers y tecnologías de frontera.
4. La creatividad del FMI: que paguen los de siempre
La propuesta tributaria del FMI completa el círculo abierto por el ajuste del gasto, la caída de la recaudación y los alivios fiscales otorgados a patrimonios, exportadores y grandes inversiones. El organismo recomienda reducir o reemplazar impuestos que considera “distorsivos” para los grandes negocios y recomponer recursos mediante bases más amplias, más fáciles de fiscalizar y socialmente más regresivas. El paquete combina eliminación de exenciones en IVA y regímenes especiales, ampliación de Ganancias de personas físicas, reforma del monotributo, actualización de impuestos internos y fortalecimiento del impuesto inmobiliario provincial (el único con potencial progresivo). Según la estimación presentada, el potencial recaudatorio total alcanzaría 3,3% del PBI.
En Ganancias, el FMI propone que al menos el 20% de los trabajadores formales vuelva a tributar el impuesto. Para alcanzar ese objetivo, el piso debería reducirse hasta un salario bruto mensual cercano a $2,4 millones, equivalente a un ingreso neto aproximado de $1,9 millones. Ese monto se ubica apenas 30% por encima de la Canasta Básica Total, lo que muestra que la medida no apuntaría exclusivamente a los ingresos más altos, sino que ampliaría el impuesto hacia franjas medias de trabajadores registrados cuyos salarios difícilmente puedan ser considerados privilegios.
El caso del monotributo es todavía más sensible. El FMI propone alinear tasas efectivas y contribuciones sociales con el régimen general, lo que en la práctica significa encarecerlo. La magnitud del objetivo fiscal muestra el alcance de la medida, ya que el organismo estima una recaudación potencial de 1% del PBI, casi siete veces la recaudación actual del régimen, que representa apenas 0,14% del PBI. Difícilmente una reforma de ese tamaño pueda concentrarse solo en las categorías superiores, porque las categorías A, B, C y D reúnen el 78,4% de los aportantes y el 76,1% de la masa de aportes. El riesgo es que el aumento de la presión fiscal alcance también a trabajadores independientes de bajos ingresos, cuentapropistas y relaciones laborales encubiertas bajo formas monotributistas. En muchos casos, el régimen no expresa una formalización virtuosa del emprendedurismo, sino una modalidad de deslaboralización en la que trabajadores que facturan como independientes mantienen dependencia económica, continuidad del vínculo, prestación personal y formas de subordinación operativa. Encarecerlo sin recomponer derechos ni perseguir el fraude laboral implicaría trasladar sobre esos trabajadores el costo fiscal de una precarización alentada, además, por la reciente reforma laboral.
La orientación regresiva también aparece en IVA, combustibles e impuestos internos. El FMI plantea reducir exenciones del IVA y fortalecer los tributos sobre combustibles y tabaco, con una recaudación estimada de 0,5% del PBI. En el caso de los combustibles, el impacto es especialmente sensible porque afecta un precio clave para el transporte, la logística y la estructura general de costos de la economía.
Hay, además, un problema inmediato en el modo en que el FMI propone atravesar las tensiones fiscales de 2026 mientras prepara la reforma tributaria de fondo para la etapa siguiente. El propio organismo identifica presiones fiscales por 0,50% del PBI, explicadas por el mayor gasto universitario, las pensiones por discapacidad y la Ley de Modernización Laboral, a la que le asigna un costo de 0,15% del PBI. Para ello, propone avanzar en una mayor focalización del gasto social y de subsidios energéticos, reducción de salarios públicos, priorización del gasto de capital y racionalización del gasto discrecional. El sesgo de clase es evidente porque admite que el costo fiscal de una reforma orientada a reducir el costo laboral a favor de la rentabilidad empresarial termina compensándose con nuevos recortes sobre partidas sociales, salarios estatales, subsidios y obra pública.
5. Cierre. La política fiscal del Hood Robin
El camino fiscal elegido por el Gobierno resulta tan regresivo como irracional. En un país atravesado por una fuerte concentración del ingreso y una desigualdad patrimonial todavía más profunda, la política oficial decide aliviar precisamente a quienes más capacidad tienen para contribuir. En 2024, el 50% inferior de la población argentina participaba con apenas el 12,21% de la renta nacional antes de impuestos y con solo el 4,48% de la riqueza neta, mientras el 10% superior concentraba el 45,11% del ingreso y el 60,04% de la riqueza. Aun así, el sistema tributario no compensa esa desigualdad, ya que el 50% inferior paga el 37% de sus ingresos en impuestos, el 40% medio paga el 29% y el 10% más rico apenas el 25%. Quienes menos tienen destinan proporcionalmente una parte mayor de sus ingresos al pago de impuestos que quienes concentran la riqueza.
El contraste con la agenda internacional es evidente. Mientras en el mundo crece la discusión sobre cómo gravar mejor a los individuos de muy alto patrimonio, reducir la evasión offshore y establecer pisos mínimos de tributación sobre la riqueza extrema, la Argentina avanza en sentido inverso. Reduce Bienes Personales, baja o promete bajar retenciones, blinda patrimonios, otorga estabilidad fiscal por décadas a grandes inversiones y prepara una reforma que amplía la presión sobre Ganancias personales, monotributo, IVA e impuestos internos. Ese es el verdadero Hood Robin de la política fiscal argentina. El Gobierno presenta la escasez fiscal como una fatalidad, pero al mismo tiempo la produce. Recorta gasto social, salarios públicos, obra pública y transferencias; resigna recursos sobre patrimonios, exportadores y grandes negocios; y luego busca recomponer la caja sobre trabajadores formales, pequeños contribuyentes y consumidores.
Por eso, también hay que desmontar la idea de que el FMI propone reformas distintas y separadas. La reforma laboral, la previsional y la tributaria forman parte de una misma orientación destinada a maximizar la rentabilidad de los principales capitales, bajar el precio del trabajo, reducir la tributación sobre rentas y patrimonios, y achicar al mínimo posible el costo del Estado para esos sectores. Para eso se recorta en salud, educación, seguridad social, salarios públicos, obra pública y programas sociales. Nos quieren hacer creer que en la Argentina son caros los jubilados, los trabajadores y el Estado, cuando el problema está en otro lado. Los caros son los multimillonarios y los grandes grupos económicos que combinan endeudamiento, valorización financiera, fuga, desinversión, demanda permanente de subsidios, retaceo impositivo y presión sobre las cuentas externas y fiscales. Esa es la verdadera carga que pesa sobre la sociedad argentina.