| Lucía Ortega y Martín Schorr
En poco más de dos años, y pese a contar con un viento de cola inusitado, el gobierno de Milei debió acudir a dos salvatajes de una magnitud enorme y alto respaldo político por parte del gobierno de Trump. Desde el inicio de su gobierno, y con cada uno de dichos episodios, se propendió al despliegue de un programa económico a la medida del capital financiero internacional y los intereses estratégicos norteamericanos.
Primera ofensiva: shock devaluatorio y desregulación económica
A los pocos días de asumir el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), se llevó adelante uno de los ajustes más acelerados y drásticos de los ingresos populares de los últimos tiempos, fundamentalmente a partir de una fuerte devaluación de la moneda nacional que afectó los salarios y otros ingresos fijos. El tipo de cambio tuvo un salto del 120%, acelerando la suba de los precios internos a niveles históricos en más de tres décadas. La inflación acumulada en los tres primeros meses superó el 90%, en tanto que el índice interanual de precios al consumidor llegó a rozar el 300%.
El programa económico aplicado se basó en pilares neoliberales clásicos de un ajuste en múltiples dimensiones (fiscal, monetaria y externa), sumado a una política virulenta de desregulación de mercados y achicamiento de la estructura estatal.
En materia cambiaria, luego del shock devaluatorio inicial, se estableció un esquema prefijado de tipo “crawling peg”, consistente en el retraso del tipo de cambio oficial a partir de devaluaciones pautadas, establecidas en un 2% mensual, muy inferiores a la evolución de la inflación. Es cierto que no se trató de un esquema novedoso, pero para su sostenibilidad se requiere un nivel de reservas robusto en el Banco Central. Si bien al comienzo fue posible contener la demanda de divisas gracias a la profundidad del ajuste, la debilidad de la acumulación de reservas frente a las necesidades de la economía y los compromisos a afrontar en materia de vencimientos de deuda generarían tensiones cambiarias posteriores en más de una oportunidad.
La simbología presidencial de una motosierra como expresión del recorte del gasto público buscó legitimar un profundo ajuste fiscal bajo el diagnóstico de que los desequilibrios macroeconómicos, especialmente la inflación, y los problemas de fondo como el estancamiento económico de más de una década, la falta de inversión y los problemas del mercado laboral, se explicaban por el déficit fiscal persistente. Así, el gobierno dio paso a un congelamiento presupuestario en una gran cantidad de áreas públicas y una importante licuación de partidas. En particular en obra pública, transferencias a provincias, subsidios económicos (energía y transporte), educación (universidad), salud, previsión y asistencia social, así como una reducción de la estructura estatal, la dotación de personal y el ajuste de salarios públicos.
Con el mismo fundamento, el gobierno avanzó inmediatamente en un conjunto de medidas para eliminar o reducir la regulación estatal de los mercados. Al respecto, cabe mencionar algunos hitos clave de estas políticas que, aun teniendo minoría legislativa, lograron imponerse en el Congreso (no sin costos y retrocesos), congregando el apoyo, por acción u omisión, de vastos sectores del sistema político.
Por una parte, se destaca la política llevada adelante mediante el Decreto 70/2023 que contiene una serie de reformas y modificaciones legislativas con el objetivo de “desregular” el conjunto de la economía. Esto incluye todo tipo de ámbitos: vivienda, salud, reforma del Estado y privatizaciones, economías regionales, propiedad de la tierra, comunicaciones, política aérea e incluso las relaciones laborales.
Por otra parte, se cuentan los intentos de aprobar una “ley ómnibus” con un tratamiento “exprés” en el Congreso en el verano de 2024 para realizar una transformación estructural del Estado y del conjunto de las relaciones económicas. El tratamiento de esta ley debió ser postergado varios meses, diseccionado y retractado de varios de sus aspectos más agudos ante el rechazo popular. También sobresale la modificación por decreto presidencial de la fórmula de actualización de los haberes previsionales, entre otras leyes impulsadas, decretos y vetos a leyes sancionadas por el Congreso.
Este conjunto de medidas resultó en un hundimiento de la actividad económica: el PBI cayó un 4,7% en el primer trimestre de 2024 y un 0,6% en el segundo. Junto con el desplome del consumo y el retraso del tipo de cambio, comenzó a producirse una desaceleración parcial del ritmo inflacionario. Es con este último dato que el gobierno pretendió demostrar el supuesto éxito y la eficacia de sus políticas, así como el cumplimiento de su promesa electoral.
A las medidas mencionadas debe agregarse una política de restricción monetaria, que incluyó la persistencia de tasas de interés elevadas. Con el fin de comprimir la demanda de divisas, las tasas altas encarecieron el crédito al sector privado, contribuyendo al enfriamiento económico. Vale mencionar que la política de tasas y la apreciación cambiaria generada por el esquema de ajustes mensuales del tipo de cambio, habilitaron episodios muy costosos de “bicicletas” financieras o carry trade. Así, a pesar de la retórica sobre el ajuste fiscal, las verdaderas anclas (relativas) de precios fueron la cambiaria y el derrumbe de los salarios ayudado por un techo oficial a los acuerdos paritarios.
Esta agenda de ajuste fue acompañada de ataques a derechos democráticos que propician la defensa de las conquistas sociales, en base al fortalecimiento de las fuerzas represivas y sus mecanismos de intervención en los procesos de resistencia y lucha social. En particular, se buscó restringir el derecho a la protesta, a la par que reducir la capacidad de acción de las organizaciones sociales, sindicales y movimientos por derechos democráticos (como los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales).
A pesar de la profundidad del golpe y de la escalada represiva, no tardó en manifestarse un rechazo popular que tuvo múltiples y variadas expresiones. Estas incluyen desde la presión de las bases a las cúpulas sindicales de la CGT y la CTA, las que se vieron forzadas a convocar a tres paros nacionales (aunque aislados cada uno de ellos y sin continuidad). También se asistió a movilizaciones callejeras de cientos de miles de personas que desafiaron el “protocolo antipiquetes” represivo del Ministerio de Seguridad. En una línea similar se cuentan varios conflictos sectoriales y provinciales, en ocasiones con un papel protagónico de las bases y sectores combativos (docencia, salud, transporte, aeronáuticos, etc.), y la celebración de jornadas de lucha con muestras de combatividad callejera, así como el incipiente resurgir del movimiento estudiantil universitario.
En conjunto, estas instancias de resistencia permitieron establecer algunos límites al programa económico de Milei y sentar las bases para la coordinación de nuevas respuestas populares.
Crisis externa y primer salvataje (FMI)
El elemento central que permitió sostener durante varios meses el esquema cambiario y la consecuente desaceleración de precios fue el formidable ingreso de dólares al país. Este ocurrió por diversas vías: un superávit comercial histórico, un elevado volumen de endeudamiento público, así como un crecimiento de la deuda privada externa, y el ingreso de capitales que se beneficiaron en la segunda mitad de 2024 con un blanqueo inédito, por lo concesivo con los no declarantes de los capitales en cuestión.
La holgura brindada por la combinación de estos elementos comenzó a agotarse hacia fines de aquel año. Los recursos ingresados se esfumaron por varios carriles, entre los que sobresalen: los pagos de una deuda externa impagable, la garantía estatal de un dólar barato para financiar viajes al exterior de sectores medios y altos, un festival de importaciones que ha tenido repercusiones negativas sobre la actividad y el empleo de muchos sectores (en especial la industria).
A estos factores habría que agregar la presión dolarizadora de los actores (no solo financieros) que pudieron usufructuar ganancias especulativas de corto plazo en el sector financiero (“bicicleta financiera”); presión que se hizo cada vez más fuerte y explícita ante la evidencia de que se avecinaba un fin de ciclo que terminaría por recortar en mayor o menor grado las pingües ganancias obtenidas en un “pedaleo” especulativo promovido por la propia política económica.
El rápido agotamiento de las reservas dejó en evidencia las bases endebles del programa económico y llevó al gobierno a solicitar un salvataje del FMI a inicios de 2025, que se concretó en abril. Como en muchas ocasiones (la última en 2018), el FMI salió al rescate de un gobierno neoliberal en la Argentina. En lo inmediato, ello implicó el desembolso de 12 mil millones de dólares (el 60% del monto total acordado con el organismo), que fue ampliado con la asistencia financiera de otros organismos, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
Cabe notar que, sin el apoyo fundamental del gobierno de EE.UU., difícilmente se hubiera concretado la asistencia del FMI y los demás organismos. Se trata de una decisión del gobierno de Trump que debe ser enmarcada en la disputa económica y comercial que le ha declarado a un sinfín de países, sobre todo a China, y en el intento de reforzar su presencia (no sólo económica) en lo que considera su “patio trasero”.
Entre las condiciones que conllevó el acuerdo con el FMI, la más relevante pasó por la modificación de la política cambiaria: el denominado crawling peg (que a inicios de año redujo de 2% a 1% el ritmo de las devaluaciones mensuales) fue suplantado por un esquema de bandas de flotación. Con él, el tipo de cambio oscilaría entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar, con un ajuste del 1% mensual de los extremos de la banda (hacia arriba y hacia abajo), y en el que el Banco Central intervendría en el mercado como comprador o vendedor según el valor de la cotización se aproximara, respectivamente, al piso o al techo. La implementación del nuevo esquema conllevó una depreciación inicial del peso y disparó subas de precios de distintos tipos de bienes, con el consecuente impacto negativo sobre los alicaídos ingresos populares.
Otro de los puntos centrales del nuevo acuerdo fue el levantamiento parcial del control de cambios (“cepo”) para personas físicas. Esta modificación abrió paso a una fenomenal salida de dólares del sistema financiero (“fuga de capitales”), que entre abril y diciembre de 2025 acumuló una sangría de más de 32 mil millones de dólares, a pesar de que el gobierno no habilitó por un año el giro de dividendos por las empresas al exterior.
Como parte de su estrategia de contener el proceso inflacionario, el gobierno de Milei aspiró a usar los recursos externos provistos por el FMI para evitar que el precio del dólar se acerque al techo de la banda y, de esta forma, continuar realizando los pagos de deuda externa, estimulando el ingreso de importaciones y ofreciendo dólar barato para ahorro o viajes al exterior de personas y familias. Para ello buscó, entre otras cosas, evitar que los agentes económicos poderosos dolaricen sus ingresos. Esto lo hizo mediante una batería de medidas reversionadas de índole financieras y monetarias: emisión de bonos públicos a medida, renovadas formas de blanqueo de capitales, facilitación de esquemas de carry trade, etc.
Nueva crisis financiera y segundo salvataje (gobierno de EE.UU.)
La estabilidad de las variables macroeconómicas, tras el desembolso del FMI que reforzó las reservas del Banco Central, fue nuevamente efímera. Tres meses después del préstamo que ubicó a la Argentina como primer deudor del organismo por unos 60 mil millones de dólares, comenzaron nuevamente las tensiones cambiarias y las turbulencias financieras a mediados de 2025.
La forma en la que se había alcanzado una estabilidad (relativa) de precios tuvo un alto costo. El esquema basado fundamentalmente en el endeudamiento externo y en elevadas tasas de interés desalentaba la inversión productiva dados los costos financieros, y limitaba el acceso a crédito de consumo: por ambas vías, tuvo un resultado negativo sobre la actividad económica, con el consecuente impacto en materia laboral y en la dinámica empresarial. Así también, el atraso del tipo de cambio incentivaba mayores importaciones y menores exportaciones, incrementando la inconsistencia externa.
La persistente dificultad para acumular reservas iba acrecentando las dudas sobre la sostenibilidad del tipo de cambio y la sustentabilidad del cronograma de cancelación de compromisos de deuda en el corto y mediano plazo. La apuesta del gobierno y el FMI de “retornar a los mercados internacionales de crédito” no tuvo éxito. El gobierno se movía por un desfiladero cada vez más estrecho, lo que se agudizó a medida que se aproximaban las elecciones nacionales de medio término. Así, el único objetivo manifiesto pasó a ser mantener el atraso cambiario para contener el ritmo inflacionario, el principal activo electoral de LLA. Esto llevó a que, ante la imposibilidad del Banco Central de operar en el mercado de cambios dentro de las bandas cambiarias, el Tesoro intervenga en la cotización del dólar oficial mediante ventas directas. Mientras tanto, los capitales que ingresaron en forma especulativa comenzaban a mirar la fecha de retirada (dolarizarse) antes de una eventual “corrección” cambiaria.
Ante la continua disminución de las reservas del Banco Central, nuevamente el gobierno ensayó distintas medidas para contenerlo. Entre ellas, la rebaja a 0% de la alícuota de retenciones para granos y carnes. Se trató de una medida cargada de suspicacias que generó un aluvión de declaraciones juradas de exportadores hasta completar el cupo de liquidación por unos 7.500 millones de dólares en tres días. Pero no fue suficiente.
La precipitación de la crisis era inminente. Milei debió viajar dos veces a Estados Unidos entre septiembre y octubre en búsqueda de un encuentro con Trump para obtener respaldo político y financiero. El Secretario del Tesoro norteamericano intervino a través de sus redes sociales primero, luego con una injerencia directa sobre la soberanía monetaria argentina a través de una venta de dólares en el mercado de cambios local a través de bancos privados, y finalmente con el anuncio de un swap de monedas con la Argentina por unos 20 mil millones de dólares. Trump culminó la obra planteando que si Milei no ganaba las elecciones se retiraría la ayuda al país. El salvataje estaba desplegado por todos los medios, materiales y políticos.
Este salvataje fue clave para el triunfo electoral del gobierno, pero no para lograr una estabilidad sostenible. Al día de hoy siguen los problemas en el sector externo –sólo atenuado por la entrada de dólares de la cosecha gruesa–, la inflación acumula nueve meses de crecimiento –agravada ahora por las repercusiones de la avanzada imperialista de EE.UU. e Israel contra Irán–, la desocupación y la precarización laboral se expanden y continúan los cierres de empresas. El gobierno pudo imponer la Reforma Laboral en el Congreso con colaboraciones, pero la mayoría de la población la rechaza, abriéndose una etapa de conflictos para defender los derechos laborales y evitar su aplicación efectiva. Aspecto que encuentra su resonancia en la actuación de la Justicia suspendiendo más de 80 artículos fundamentales.
Los dos sostenes del frágil esquema actual, el ancla cambiaria y el ancla salarial, se ven amenazados por la incapacidad de acumular dólares de un lado, y el incumplimiento de las aspiraciones de las mayorías sociales por otro.